El Gobierno y la banca negocian para que los 28.000M en sicavs se queden en España

Despachos de abogados y bancas privadas aceleran para adecuarse a los cambios que prevén en las sociedades de inversión de capital variable (sicavs). Esta vez, dan por hecho que habrá un golpe casi mortal para el vehículo, después de una década de amenazas de casi todos los partidos, y el foco del trabajo lo han puesto en una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que incluye la neutralidad fiscal si se disuelve la sociedad y se reinvierte todo el dinero a otra institución de inversión colectiva (IIC) española. La banca pide que haya un periodo mínimo de permanencia para evitar una fuga inmediata de inversores a Luxemburgo.

En el sector financiero, se ha trasladado al Ejecutivo el miedo de que se destruya la industria de las sicavs y gran parte de la inversión se vaya a Luxemburgo, según fuentes del mercado, y hay conversaciones que incluyen a Hacienda y a la gestora de fondos Inverco para buscar que el dinero se quede en vehículos españoles. El propio Gobierno también quiere evitar que una gran parte de los 27.914 millones de euros que aún hay en sicavs acabe en Luxemburgo sin peaje fiscal y gracias a su propia norma. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha incluido en su propuesta la neutralidad fiscal si es a IIC españolas, algo que podría chocar con el principio europeo de libertad de circulación de capitales. Ni desde el PSOE ni desde Inverco hay comentarios.

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Los fondos de inversión o las propias sicavs son IIC. El texto de la enmienda 189 de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, en donde se están incluyendo las propuestas de cambios para el régimen de las sicavs, es el que centraliza los preparativos de los asesores jurídicos, fiscales y financieros de estas sociedades. Impone un mínimo de 2.500 euros de inversión para computar a un accionista y llegar al requisito de 100 para que la sociedad pague un 1% de sociedades por sus beneficios.

Persigue de esta forma acabar con la práctica habitual de que la banca privada diseñe a medida una sicav para un alto patrimonio y haya otro centenar de accionistas (‘mariachis’, en la jerga) para llegar a los 100, aunque más del 99% de la inversión provenga de un único inversor. Más de la mitad de los accionistas que hay en sicavs están en sociedades que no cumplirán el nuevo requisito. La tramitación está parada, a la espera de las elecciones en Cataluña del domingo, pero se esperan nuevos plazos a partir de la semana que viene y que se apruebe a lo largo de la primera mitad de 2021, según fuentes parlamentarias.

El texto del PSOE recoge un régimen transitorio para 2022 por el que si se disuelve la sicav y se reinvierte todo el capital durante los seis meses siguientes en otra IIC, no hay que tributar por las ganancias generadas (en caso contrario, se tributa por el 26%), sino que se difiere, como si fuera un traspaso entre fondos. Esta reinversión de los accionistas, si se produce, debe notificarse con el cierre de la sociedad. Para las sicavs, el traspaso está disponible si hay más de 500 accionistas, algo que no sucede ahora en la mayoría y especialmente en las sociedades estructuradas con un alto patrimonio y un centenar de accionistas minoritarios.

Pero los nuevos requisitos los cumplen tanto los fondos españoles como algunas sicavs locales y, también, IIC extranjeras como las de Luxemburgo, principal ‘hub’ de la inversión colectiva en Europa. En los últimos años, ya ha habido altos patrimonios que han disuelto sicavs en España para invertir en Luxemburgo, han fusionado sus sociedades con vehículos del Gran Ducado o han contratado allí ‘unit links’. Y para muchos clientes que aún están en sicavs, es una oportunidad que antes no tenían de disolver el vehículo con diferimiento fiscal respecto a los beneficios conseguidos con la inversión.

Por ello, en las últimas semanas, ha habido conversaciones entre el Gobierno y la banca, a través de la patronal de gestoras de fondos Inverco. La idea del sector financiero es que no se genere ruido para que se apruebe la enmienda socialista en los términos actuales, algo que se espera que suceda porque, según fuentes financieras, el Ejecutivo les ha trasladado que tiene los apoyos necesarios. A partir de ahí, y dado que la norma proyecta los cambios para 2022, habría tiempo de prepararse con consultas entre Hacienda o la Dirección General de Tributos y las gestoras que tienen sicavs bajo su paraguas, en general, de la banca tradicional.

El texto de la enmienda socialista hace referencia al artículo 29 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que trata la fiscalidad de las IIC. Por ello, el diferimiento propuesto sería para la reinversión en fondos o sicavs españoles. El Ejecutivo y la banca consideran que podría justificarse por motivos fiscales, para facilitar la información del proceso, y dado que justo después podría haber un traspaso a vehículos europeos, se podría defender que no atenta contra la libertad de movimientos de capitales. También están valorando establecer un periodo como requisito (periodo de ‘lock-up') a petición de Inverco, pero no han encontrado una fórmula que garantice que se hace acorde a la normativa europea UCIT, que regula las IIC, y a la citada libertad de movimientos de capitales.

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En este sentido, ya hay sentencias del Supremo contrarias al criterio de Hacienda por haber discriminado a vehículos extranjeros con retenciones practicadas sobre dividendos. El Gobierno incluyó una partida de gastos previstos en los Presupuestos de 600 millones por estas reclamaciones, que el Supremo ha extendido a fondos de pensiones no comunitarios, al dar la razón al Teachers Pension Plan de Canadá.

En cualquier caso, el texto de la enmienda no aclara si la inversión podrá salir de España de forma inmediata tras la reinversión inicial proveniente de la disolución de la sicav. “Esperemos que en la propia tramitación que queda o en el futuro vía consulta se aclare este punto”, apuntan José Manuel Ortiz y Alicia de Carlos, consejero y socia de Cuatrecasas. Sobre si hay conflicto con los principios comunitarios, agregan, “podría restringirse el principio de libre circulación, siempre que ello esté justificado por razones de lucha contra el fraude fiscal. Vemos difícil ampararse en este argumento, pero habrá que ver la motivación de la norma”, agregan.

"Hay que tener en cuenta que las libertades comunitarias —circulación de capitales— a veces ceden ante el interés general"

“La enmienda hace referencia a la normativa española de IIC, si bien, en la medida en que la figura depende de las directivas europeas UCIT, y por aplicación de los principios de no discriminación y de libertad de establecimiento y circulación de capitales, no debería haber trato fiscal diferente respecto de la reinversión en UCIT IIC extranjeras. Pero el texto literal parece dar a entender que el legislador prefiere primar la reinversión en IIC españolas”, arguye Javier Morera, socio de Broseta.

En cualquier caso, aunque se vaya contra el principio comunitario, “si se quisiera impugnar basado en las libertades comunitarias, llevaría mucho tiempo y la enmienda y probablemente la propia impugnación perderían su finalidad”, apunta Antoni Murt, socio de EY. Por otro lado, prosigue, “hay que tener en cuenta que las libertades comunitarias —circulación de capitales, en este caso— a veces ceden ante supuestos de ‘salvaguarda del interés general’, situación que aquí es cuanto menos dudosa, a menos que creamos que evitar la fuga de sicavs sea un tema de interés general”.

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Asimismo, aunque al final no haya periodo de ‘lock-up’, algunos abogados ven potenciales problemas con Hacienda en caso de un traspaso posterior de forma inmediata a Luxemburgo tras pasar por una IIC para tener diferimiento fiscal. “Mi opinión es que si al cabo de poco tiempo se traspasa a una IIC extranjera, existe el riesgo de que la Administración reclasifique la operación utilizando alguna de las medidas antiabuso genéricas que ofrece la Ley General Tributaria”, avisa Antoni Murt. “En el caso de un contribuyente por el IRPF que optase por liquidar la sicav traspasando su patrimonio a una IIC española e inmediatamente a continuación optase por hacer un traspaso de fondos a una IIC luxemburguesa, Hacienda podría considerar que se hizo en fraude de ley [actual conflicto en la aplicación de la norma tributaria]”, remacha en la misma línea Siro Barro, abogado de Alemany, Escalona & De Fuentes.

La enmienda socialista también recoge una exención del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF, mal llamado tasa Tobin) si como consecuencia de la disolución de la sicav hay accionistas que se quedan con acciones que estaban en la sociedad. Entre las enmiendas, también hay una de Grupo Plural que sería mucho más dañina, al establecer un máximo del 5% de la sicav por parte de cada accionista para que se considere IIC y sin la posibilidad del diferimiento en caso de reinversión tras cierre, aunque en la industria financiera descuentan que esta iniciativa no va a prosperar.

Muchos patrimonios han optado por disolver ya la sociedad y hacerlo antes de que aumente el tramo más alto en las rentas del capital

Muchos patrimonios han optado por disolver ya la sociedad, y hacerlo antes de que aumente el tramo más alto en las rentas del capital, que en 2021 sube desde el 23% hasta el 26% a partir de 200.000 euros. Por ello, durante el tramo final de 2020, ha habido un esprint de sociedades para cerrar, cuyas notificaciones ante el registro mercantil y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) están llegando en el inicio de este año. El pasado ejercicio, según datos de Inverco y Vdos, el número de sicavs descendió en 154 o el 6%, hasta las 2.434, y hubo reembolsos netos en el sector de 1.238 millones.

A efectos fiscales, da igual que la sicav esté en Luxemburgo o en España con la normativa actual. Sin embargo, bancos y gestoras siempre recuerdan que alrededor de esta industria hay puestos de trabajo que se generarían en el Gran Ducado en vez de en España y que están asociados al servicio jurídico, fiscal, de gestión, de custodia o de brokeraje sobre estas sociedades. También alegan en sus argumentos en favor del régimen actual que hay mayor transparencia sobre las inversiones de las sicavs españolas que en las luxemburguesas, y los abogados recuerdan que Hacienda siempre va a tener más facilidad para obtener información de los grandes patrimonios invertidos en vehículos locales que en otros países, aunque sean de la Unión Europea.

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