Hacienda y los fondos oportunistas se juegan cientos de millones en los tribunales

Los fondos oportunistas, enfocados en comprar activos deteriorados con descuentos, son el próximo foco de la Hacienda española. La Agencia Tributaria cuestiona los impuestos de sociedades pagados por el beneficio obtenido con las carteras de inmuebles adjudicados que compraron estos vehículos desde Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos para gestionarlas desde España, según fuentes del mercado.

Hay decenas de casos abiertos a la espera de un dictamen del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) como paso previo a ir a la Justicia. Las fuentes consultadas coinciden en que este conflicto acabará en el Supremo y que la cifra que se juegan Hacienda y los fondos se mide en centenares de millones.

La Agencia Tributaria ha venido realizando en los últimos años comprobaciones con acta de liquidación de sociedades sobre el beneficio declarado por los fondos registrados en España, que han firmado en disconformidad. A partir de ahí, lo previsible es que la parte perdedora en el TEAC (normalmente la contraria a Hacienda) recurra en los tribunales superiores de Justicia y, después, ante el Supremo.

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El estallido de la Gran Crisis Financiera en 2008 y los pinchazos de las burbujas inmobiliaria y crediticia dispararon la morosidad. Los bancos asumieron el golpe con niveles de solvencia inferiores a los actuales y tuvieron que desaguar estos créditos impagados a marchas forzadas con la crisis del euro entre 2011 y 2012, que hizo tambalearse al sistema financiero.

En aquel momento, llegaron grandes fondos internacionales oportunistas (o fondos buitre, para muchos) a España para comprar grandes carteras con descuento. Las compras se realizan desde la matriz en su sede, que suele ser Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos, pero el activo se gestiona en España y Hacienda cuestiona el valor contable que otorgaron inicialmente y que ha determinado el beneficio del fondo.

Valor contable del inmueble

Un ejemplo para entender el conflicto: un banco tiene una cartera de hipotecas (de viviendas familiares, centros comerciales, polígonos, etc.) que, en su origen, era de 150 millones, pero ya ha reducido su valor en libros a 100 millones. Un fondo compra desde Luxemburgo la cartera por 30 millones y se convierte en acreedor.

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Uno de esos activos tenía un valor en origen de un 1,5 millones, estaba contabilizado por el banco en un millón en libros y el fondo lo ha adquirido por 300.000 euros. Ante el impago continuado de las cuotas, se produce la ejecución hipotecaria sobre el activo que garantiza el crédito.

En ese momento, se realiza una subasta del inmueble con un precio mínimo del 60% de la tasación en el momento de constituirse la hipoteca, una restricción que existe para favorecer al deudor. Esto equivaldría en el ejemplo a 900.000 euros, pero en situación de crisis y ante el deterioro del valor del inmueble, habitualmente nadie acudía a la subasta y el inmueble se adjudicaba al acreedor, que había pasado a ser la sociedad luxemburguesa que adquirió la cartera.

El juzgado establece un precio del 60% para la ejecución o de toda la deuda pendiente. Normalmente era el primer caso, ya que aún no se había pagado el 40% de la deuda. Ese 60% estaba por encima del valor de mercado, pero sobre el mismo se fijan los impuestos indirectos de la operación como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas (ITPO) o el IVA. Existe entonces la opción de cesión de remate, por la que el acreedor puede ceder a un tercero a un inmueble, algo que realizan a su filial en España, que es el fondo que gestiona la cartera.

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El fondo había pagado 900.000 euros a la matriz, que automáticamente obtiene un beneficio porque se había hecho con el inmueble por 300.000 euros, pero paga impuestos por ello en Luxemburgo. Para el vehículo español, por ahora, hay pérdidas. Sin embargo, con la recuperación económica y la gestión de la cartera, esta se revaloriza.

Siguiendo el ejemplo, si el fondo español vende unos años después el inmueble por un millón de euros, porque ha vuelto a repuntar su valor de mercado, ¿cuál es el beneficio? El que declara el vehículo es de 100.000 euros (un millón menos 900.000 euros). Sin embargo, Hacienda cuestiona el valor contable otorgado inicialmente, muy por encima de mercado, y sostiene que debería haber sido de 700.000 euros.

Argumentos de los fondos

La diferencia marca la tributación por sociedades y, si esto se multiplica por miles de operaciones, se magnifica el conflicto económico. Los fondos se han armado con varios despachos que están trabajando en ello, según fuentes del mercado, con el argumento de que el fondo español pagó en efecto esos 900.000 euros por indicación del juzgado, mientras que la Agencia Tributaria sostiene que el beneficio del fondo en España ha sido mayor.

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Fuentes consultadas apuntan a que, por los plazos habituales en los conflictos tributarios, se prevén sentencias del TEAC a finales de este año y durante los dos próximos años. El tema será recurrente durante los próximos años a medida en que haya dictámenes, primero en el ámbito económico administrativo y después en los juzgados, hasta que probablemente se pronuncie el Supremo posteriormente.

Las líneas de defensa de los fondos tras las inspecciones de la AEAT están centradas en que no hay establecimiento permanente de la entidad extranjera en España, que son sociedades diferentes y con finalidades diferentes, ya que la matriz compra las carteras y la filial española las gestiona, pero, sobre todo, que el precio adquirido lo fijó el juzgado y que según el mismo se pagó la tributación indirecta. Además, algunos fondos ajustaron al alza el valor contable para elevar la tributación parcialmente y mitigar los ataques de la Administración.

La mayoría de grandes fondos están afectados por este conflicto, según fuentes del mercado. Ninguno de ellos ha querido hacer comentarios. Según datos de Debtwire, los mayores compradores de carteras desde 2015 han sido Blackstone y Cerberus, con 32.800 millones en cada caso, Lone Star con 12.700 millones, Intrum con 7.200 millones, Axactor con 6.200 millones, CPPIB con 5.000 millones, Oaktree con 4.900 millones, Deutsche con 4.000 millones, Bain Capital con 3.800 millones y CarVal con otros 3.800 millones.