El acuerdo del G7 obligará al Gobierno a acelerar la reforma de la Ley de Sociedades

El Ejecutivo ha celebrado el acuerdo del G-7 para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales. Sin embargo, el pacto requerirá trastocar el calendario previsto por el Gobierno de Pedro Sánchez y tantear su capacidad de obtener una mayoría en el Congreso para aprobar una Ley con la que modificar el Impuesto de Sociedades.

Por ahora, lo que se conoce es un pacto preliminar del G-7 en línea con trabajos previos de instituciones como la OCDE o la Comisión Europea. Hay dos pilares. El primero busca reasignar la tributación de las multinacionales en el ámbito de la economía digital y bienes de consumo a las jurisdicciones de los mercados en los que opera. En este pilar, se proponen derechos de imposición a los países sobre, al menos, el 20% de los beneficios que superen un margen del 10%.

De forma paralela, el segundo pilar está pensado para establecer una tributación mínima en todas las jurisdicciones. De partida se ha acordado un 15%, y sugiere medidas como excluir jurisdicciones que generen un porcentaje reducido de beneficios, limitar el número de jurisdicciones afectadas, o excluir del grupo de baja tributación durante tres a cinco años a una jurisdicción que supere el umbral mínimo de tributación.

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"Habrá que aprobar una ley que modifique el Impuesto de Sociedades para homologarlo a los futuros acuerdos del G-7. Nuestro impuesto de sociedades ya incluye una norma de Transparencia Fiscal Internacional, de lo que se trata ahora es de ampliar su ámbito a las rentas no pasivas, las empresariales, y articularlo con un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades, que el G-7 sugiere en el 15%", resume Joan Hortalà, socio de Cuatrecasas.

Un informe reciente del EU Tax Observatory estimó un aumento de la recaudación de 50.000 millones en la Unión Europea con un tipo mínimo del 15%. Para España, el impacto sería de 700 millones, mientras que si se fija un mínimo del 15%, se dispara el efecto hasta los 170.000 millones en el bloque europeo y 12.000 millones en el caso español.

En dirección contraria, los fiscalistas consultados coinciden en que las multinacionales españolas no tienen una fiscalidad tan agresiva como las tecnológicas u otras compañías digitales globales. La segunda edición del análisis anual de la Agencia Tributaria refleja que las 112 multinacionales nacionales que en 2017 facturaron más de 750 millones pagaron 15.017 millones por el Impuesto de Sociedades, el 17% de su beneficio global.

El "acuerdo histórico", dijo Pedro Sánchez esta semana, "permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales". "Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital", señaló en Twitter. "El objetivo: una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social".

El Gobierno ha creado un grupo de 17 expertos independientes, encabezados por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de la Universidad Rey Juan Carlos, para analizar el sistema tributario y realizar orientaciones a Moncloa de cara a una posible reforma fiscal en 2022. Sin embargo, en su plan económico enviado a Bruselas (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), fijó en 2023 la fecha de modificación de Sociedades, coincidiendo con el final de la legislatura.

El acuerdo del G-7 podría adelantar estos planes, ya que se necesita modificación de la norma. Será una nueva prueba para que el Ejecutivo pruebe si es capaz de obtener una mayoría en el Parlamento, aunque el propio pacto de los grandes países podría facilitar recabar apoyos. En cualquier caso, no será el único cambio necesario.

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"Se van a necesitar muchas modificaciones, tanto en la normativa interna, como en la internacional (convenios para evitar la doble imposición, nuevo convenio multilateral, etc.). Además se va a tener que establecer un marco de funcionamiento del sistema de control", apunta Isabel de Otaola, socia de Baker McKenzie.

En este sentido, España tiene convenios de doble imposición con 102 países. No obstante, se adhirió al marco BEPS de la OCDE, enfocado precisamente en acabar con el traspaso de beneficios al extranjero por parte de las grandes empresas, pero que también facilita la modificación de los acuerdos con un sistema multilateral.

Tasa Google

Aunque donde ponen los fiscalistas el acento es en la conocida como 'tasa Google'. El Senado aprobó el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales en octubre, y ya está en funcionamiento en 2021. El Ejecutivo estimó una recaudación potencial de 968 millones.

El esquema está sacado del marco de la OCDE y el G-20, ya que el Gobierno lo justifica como un puente hasta que finalmente vea la luz un nuevo esquema fiscal global. "El objetivo del impuesto, de carácter indirecto, es gravar servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios. El impuesto afecta a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España", resume el Gobierno.

Opinión

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Con el nuevo paradigma, "se necesitarán reformas legislativas en función de cómo finalmente se acuerde el sistema. No obstante, España tiene un sistema legislativo avanzado en el que recientemente se ha incorporado el Impuesto de Servicios Digitales, que avanzaba por este camino. Asimismo, se está a la espera de una armonización en el ámbito de la Unión Europea de dicho Impuesto Digital", recuerda Carlos López, socio de BDO.

La vida, por lo tanto, del tributo español para las grandes tecnológicas podría ser efímera, al tener que acometerse su reforma o eliminación si hay acuerdo global para un mínimo del 15% a las multinacionales que facturen más de 750 millones. También podría ser una forma de allanar el camino. "El mayor reto para la normativa española ahora mismo es qué hacer con el reciente Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, ya que parece que se podría quedar sin contenido y que incluso pudiese generar doble imposición", apunta Constantino Vidal, socio de Écija.