Un mínimo global al impuesto de sociedades: en busca del pago justo de las empresas

El mensaje expresado este lunes por la secretaria general del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, sobre la conveniencia de establecer un tipo mínimo para el impuesto de sociedades a nivel global ha supuesto un espaldarazo contundente a un debate que lleva mucho tiempo sobrevolando los distintos foros económicos sin que hasta el momento haya sido posible convertirlo en medidas concretas.

"La competitividad es más que cómo las compañías con sede en Estados Unidos se comparan con otras empresas en los acuerdos globales de fusiones y adquisiciones", señaló Yellen en un discurso pronunciado en Chicago antes de añadir: "Se trata de asegurarse de que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al Gobierno".

No resulta difícil entender la relevancia que tendría una medida de este tipo. En toda discusión fiscal que trate de rehuir la simpleza se debe otorgar un lugar preferente a los aspectos competitivos. En un mercado global como el existente, con facilidades para el tránsito de capitales de unas jurisdicciones a otras, cualquier Gobierno debe considerar a la hora de adoptar sus políticas impositivas en qué situación queda respecto a otras regiones que puedan disputarle la atracción de los fondos afectados.

La competencia fiscal ha reducido durante décadas las tasas cobradas a las empresas

Un ejemplo reciente lo han ofrecido los distintos pasos dados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en aras de elevar la tributación de las empresas españolas. Con frecuencia —y buena lógica—, a este tipo de medidas se ha replicado no tanto con objeciones sobre la conveniencia o no de elevar el tipo que pagan las empresas sino con advertencias sobre los efectos que cualquier paso en esa dirección puede provocar en forma de salida de empresas hacia otras regiones más propicias en términos impositivos.

La competencia fiscal se ha convertido en una palanca usada con persistencia —y con mayor o menor agresividad— por casi todos los gobiernos que buscan modos de estimular sus economías incentivando la inversión, un movimiento comprensible, pero que ha conllevado a la larga un declinar constante de la tasa que asumen sobre sus impuestos las empresas a nivel global.

Esto no tiene por qué ser malo. Ni tampoco positivo. Porque al fin y al cabo, los impuestos no pueden valorarse a partir de esta dicotomía simplista, sino en función de los intereses a los que vienen a dar respuesta: es decir, los impuestos serán los adecuados si aportan los recursos necesarios para que los gobiernos puedan financiar el tipo de políticas públicas que se entienden apropiadas, y no lo serán si —por exceso o por defecto— fracasan en este cometido, como viene siendo constante en países que como España engordan año a año sus desequilibrios fiscales.

TE PUEDE INTERESAR

Amazon desnuda la tasa Google: los eslóganes no resisten las leyes del mercado

Valor Añadido

La competencia fiscal puede verse así como una distorsión que impide a muchos gobiernos aplicar las políticas que consideran más idóneas, por temor a que cualquier subida de impuestos acabe resultando en una huida de empresas —o de ciudadanos, en el caso de los impuestos individuales— que acabe anulando cualquier beneficio esperado de una mayor presión fiscal.

No es de extrañar que sea la Administración de Joe Biden la que haya decidido abanderar un proyecto que lleva mucho tiempo encallado en las mesas de debate de la OCDE. El nuevo Gobierno estadounidense planea poner en marcha en el corto plazo una serie de programas de estímulo fiscal masivos, con el fin de acelerar la salida de Estados Unidos de la crisis. Y pretende financiarlo, al menos en parte, a través de un incremento de los impuestos corporativos, revirtiendo parte de la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno de Donald Trump hace cuatro años. El peligro de que ese paso suponga un incentivo para que algunas empresas planteen un traslado de sus operaciones fuera de EEUU resulta indiscutible.

Un tipo mínimo debe suponer un seguro contra rebajas contrarias al interés del Estado

El establecimiento de un tipo mínimo corporativo a nivel global no debe verse, en ningún caso, como un fin de la discrecionalidad fiscal de los distintos gobiernos, sino como una especie de seguro que evite que en esa pugna se llegue a niveles que acaben siendo perniciosos para la sostenibilidad del Estado y favorezcan la desigualdad social, tal y como denunciaba en un informe a finales del pasado año el economista jefe de Natixis, Patrick Arthus, que abogaba por una solución de este tipo.

Por supuesto, más allá de los grandes titulares, son muchos los aspectos básicos que hay que precisar en este debate, empezando por cuál debería ser ese nivel en el que fijar el máximo al que deberían poder reducirse los impuestos corporativos (el ICRICT sugiere un 25%), así como la manera de asegurar, sin trampas, ese esfuerzo coordinado por el que aboga Yellen. "El principal escollo estriba en cómo conseguir que todos los países participen de ese esfuerzo. La OCDE lo está intentando en materia de impuesto digital, y la propuesta de Yellen es ampliar la iniciativa para establecer un mínimo. La clave está en cómo conseguir ese acuerdo, y, llegado el caso, cómo penalizar países que se quedan fuera del mismo", subraya Raymod Torres, de Funcas.

Es necesario considerar que este debate llega en un momento en que el Estado parece estar volviendo a ganar terreno al libre mercado, poniendo en discusión algunos de los principios que han regido la economía durante las últimas décadas. Pero precisamente por eso tampoco conviene caer en el error de tratar de apretar en exceso las tuercas a las corporaciones, que, con competencia fiscal o sin ella, son los auténticos motores de la generación de riqueza a nivel global. Encontrar el punto equilibrado es el gran desafío; pero hacerlo con unas reglas de juego comunes a nivel global podría hacerlo algo menos utópico.