Ayuso acusa a Sánchez de invadir sus competencias con el impuesto a rentas altas

La Comunidad de Madrid se revuelve contra el "hachazo fiscal" planteado por el Gobierno y sugiere que Sánchez podría estar invadiendo competencias autonómicas con la nueva figura impositiva prevista para grandes fortunas, y que ha sido anunciada este mismo jueves tras un pacto 'in extremis' entre PSOE y Unidas Podemos. En el entorno de Isabel Díaz Ayuso recuerdan que el artículo 19 de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) establece que son las comunidades las que tienen competencia para fijar el mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones del impuesto de patrimonio.

"Regular por ley sustantiva específica un nuevo impuesto con la misma materia imponible que el impuesto de patrimonio, cuyo efecto principal suponga anular la cesión de competencia normativa prevista en la LOFCA podría ser inconstitucional e incurrir en un fraude de ley", subrayan en la Comunidad de Madrid, que no desvela aún si tomará medidas en los tribunales. "Habrá que esperar hasta que se concrete la regulación y, en todo caso, serán los servicios jurídicos los que deberán valorar las vías del recurso", alegan.

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Alejandro López de Miguel

La lectura del equipo económico y jurídico que rodea a Isabel Díaz Ayuso es que el Gobierno pretende recuperar "de forma indirecta" la competencia normativa cedida íntegramente a las comunidades autónomas y recortando esa capacidad a las comunidades autónomas. Los populares madrileños esperarán a ver cómo se completa la tramitación de la norma, aunque avanzan que si se lleva a cabo por ley de presupuestos o por decreto ley, la inconstitucionalidad de la norma será "segura".

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado a Pedro Sánchez de ampararse en la guerra de Ucrania y sus consecuencias para "dar rienda suelta" a su "autoritarismo fiscal" y su "sectarismo", y ha lamentado que el Gobierno quiera "suplantar" las competencias de las comunidades autónomas, especialmente en materia fiscal. "Lo vamos a estudiar a fondo por si es recurrible ante el Tribunal Constitucional", avanzó.

La propuesta fiscal de María Jesús Montero, cerrada con su socio de coalición escasos minutos antes de tomar la palabra en reuda de prensa, se articula sobre dos ejes: subidas a las rentas más altas y grandes empresas y bajadas selectivas de impuestos a las rentas más bajas, con guiños sociales como la reducción del IVA para los productos de higiene femenina. En concreto, el llamado "impuesto de solidaridad" afectaría a alrededor de 23.000 contribuyentes. Los titulares de patrimonios de entre tres y cinco millones de euros pagarán un 1,7%; los que van de cinco a diez millones de euros, un 2,1%; y los que superan los diez millones, deberán desembolsar un 3,5%.

Fuentes del Gobierno reconocían que, de facto, su formulación hace que el impuesto vaya a aplicarse fundamentalmente en Andalucía y la Comunidad de Madrid, comunidades que mantienen bonificado al 100% el impuesto de patrimonio, y a las que el Ejecutivo ya les advirtió de que les respondería con una contraofensiva fiscal, para evitar que sigan haciendo "regalos fiscales" a los más ricos.