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Hacienda frena en seco la escapada fiscal de Andalucía y Madrid y el PP abre la vía judicial
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Hacienda frena en seco la escapada fiscal de Andalucía y Madrid y el PP abre la vía judicial

El Gobierno neutraliza las rebajas fiscales a los ricos de Ayuso y Moreno, que estudian ir al TC por "invasión de competencias". Las fortunas madrileñas abonarán uno de cada tres euros extra recaudados, según la CAM

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (i). (EFE/Mariscal)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (i). (EFE/Mariscal)
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El 'impuesto de solidaridad' a las grandes fortunas, avanzado por María Jesús Montero este jueves, ha dejado en suspenso la ofensiva fiscal emprendida por Andalucía, a imagen de la política tributaria que ya imperaba en la Comunidad de Madrid. En las filas del PP tienen claro que la decisión de la ministra de Hacienda supone una invasión política de sus competencias en esta materia y se proponen dar la batalla al Ejecutivo por este "hachazo". Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso quieren esperar a tener en sus manos la "letra pequeña" de la ley para diseñar el contraataque al nuevo tributo que el Gobierno quiere activar a partir del 1 de enero de 2023. El gran objetivo de la Moncloa con su movimiento son las rentas de ambos territorios, especialmente de Madrid.

La vía judicial no desentona en la partitura del PP, pero los dos grandes barones del partido esperarán a conocer el detalle del nuevo gravamen para no dar ningún paso en falso. La medida anunciada por María Jesús Montero, pactada 'in extremis' con Unidas Podemos, obligará a tributar por patrimonios superiores a los tres millones de euros. Desde Hacienda, aseguran que no hay doble imposición y que la norma está bien atada en el terreno jurídico, pero en el Ejecutivo no descartan que el PP acabe recurriendo al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, informa Alejandro López de Miguel.

Foto: María Jesús Montero, en una imagen de archivo. (EFE/Fernando Alvarado)

Y las sospechas del Gobierno no son infundadas. Madrid y Andalucía intentan encajar un golpe que desactiva la pugna fiscal del PP, pero se preparan para contestar. No sorprende que la más beligerante y la primera que ha agitado la vía del Tribunal Constitucional haya sido Isabel Díaz Ayuso. Javier Fernández-Lasquetty, cabeza económica de la Puerta del Sol y fiel escudero de Ayuso, ya se lanzó contra el "autoritarismo" de Sánchez y avanzó que estudiarían la norma "a fondo" para comprobar "si es recurrible" al TC. La presidenta madrileña se prepara para cumplir su amenaza: "Voy a ser la peor pesadilla de los que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid", advirtió hace semanas.

La nueva figura fiscal que prepara el Gobierno, que deberá ser regulada en una ley específica, podría ser "ilegal" por "vulnerar" la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca), que establece que son las comunidades las que tienen competencia de fijar el mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones del impuesto de patrimonio. "Regular por ley sustantiva específica un nuevo impuesto con la misma materia imponible que el impuesto de patrimonio, cuyo efecto principal suponga anular la cesión de competencia normativa prevista en la Lofca, podría ser inconstitucional e incurrir en fraude de ley", sustenta el equipo jurídico y económico de Ayuso.

La Comunidad de Madrid ha abierto fuego contra un impuesto "autoritario" y "arbitrario", pensado exclusivamente contra las autonomías gobernadas por el PP. No es un argumento que desmientan del todo en la Moncloa, donde reconocen que el llamado tributo a los ricos neutraliza el impacto de la política fiscal de los populares. La clave está en que del nuevo tributo, que se aplicará en 2023 y 2024, será deducible la cuota ya abonada por el impuesto de patrimonio, evitando así la doble imposición y neutralizando la supresión del impuesto en comunidades como Andalucía y Madrid, los dos territorios que han desatado una carrera fiscal entre comunidades al tener bonificado al 100% el impuesto de patrimonio. También la Región de Murcia, gobernada por el popular Fernando López Miras, anunció que estudiaba la supresión del tributo, mientras que Galicia amplió la bonificación del 25% al 50%. En la Comunidad de Madrid calculan que el impacto estimado para los contribuyentes madrileños será de unos 1.000 millones de euros, dos terceras partes de lo que quiere recaudar Hacienda.

Hacienda estrecha el cerco sobre Madrid

El nuevo impuesto no es una suma sobre el patrimonio. Además, a falta de plasmar todos los detalles, Hacienda trabaja en el mismo esquema de exenciones que tiene el impuesto sobre el patrimonio, como vivienda principal, empresa familiar, capital riesgo o el escudo fiscal. Por ejemplo, para una persona con 15 millones de patrimonio en Cataluña, donde el máximo es del 2,75%, habrá impacto porque sube el tipo. Pero es limitado, por las exenciones que suelen tener estos perfiles de contribuyentes. “Si la regulación del 'impuesto de solidaridad' a las grandes fortunas es similar a la del impuesto sobre el patrimonio, no debería haber un aumento de la tributación”, señala Pablo Romá, socio del despacho valenciano Romá Bohorques.

El 3,5% supera los máximos de todas las regiones salvo Extremadura (3,75%), mientras que Baleares (3,45%), Castilla-La Mancha (3,3%), Asturias (3%) o Murcia (3%) ya tenían tipos máximos cercanos a la cota alta del nuevo impuesto. “Está articulado como un impuesto sobre el patrimonio, con lo que en las comunidades autónomas donde ya existe patrimonio no habrá que pagar nada (salvo en casos rarísimos), pero el impacto será muy elevado en las regiones que bonifican el impuesto”, arguye José María Leis, socio de Vialto.

"El impuesto es susceptible de una planificación fiscal, con lo que puede caer más sobre la clase media alta en vez de sobre los más ricos"

En Madrid, se pasa de tributar al 0% hasta un máximo del 3,5%. En 2020, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, hubo 19.508 declarantes en la región (obligados a declarar aunque esté exento) por patrimonio, con un patrimonio medio de 10,3 millones. En los últimos días, se han acelerado los cambios en las planificaciones patrimoniales en Madrid ante el nuevo impuesto del Gobierno. “No cabe duda de que los contribuyentes residentes fiscales en Madrid tendrán que valorar, planificar y realizar modificaciones patrimoniales para adecuarse al nuevo impuesto, ya que en su caso estarán sujetos al nuevo impuesto estatal sin deducción alguna, como ocurrirá también en Andalucía. Algunos contribuyentes se habían adelantado a esta situación, y habían introducido ya mecanismos de planificación”, señala Patricia García, socia de Avantia.

Foto: La ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Fernando Alvarado)

Otro aspecto que afectará a la planificación de los altos patrimonios es la subida en rentas del capital, ya que “incrementa el atractivo de vehículos que permitan al inversor diferir la tributación, como fondos de inversión y seguros ‘unit link”, recuerda José Luis Hermida, director del área de cliente privado y empresa familiar de KPMG. Los fiscalistas ya tienen experiencia en reducir la carga fiscal de los patrimonios más altos. “Creemos que el nuevo tributo generará los mismos problemas que tiene patrimonio, que es un impuesto que solo grava la riqueza de las personas físicas, no las jurídicas. Y es un impuesto que es muy susceptible de una planificación fiscal. Con una pequeña planificación, es fácil que se reduzca la tributación, y el impuesto puede caer más sobre la clase media alta en vez de sobre los más ricos”, advierte Ramsés Pérez, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE).

Andalucía enciende las alarmas

En el Gobierno andaluz, consideran que la decisión de Montero genera "inseguridad jurídica e incertidumbre", justo lo contrario de lo que, defienden, persigue su reforma fiscal, que se aprobó en el Parlamento autonómico el miércoles. Un dirigente del PP teme incluso que el escenario favorable generado por el anuncio de Juanma Moreno acabe desactivado por la maniobra del Gobierno central cuando no han pasado ni dos semanas desde que el presidente de la Junta protagonizó un golpe de efecto formidable con su reforma fiscal. La bonificación de patrimonio ya está vigente en Andalucía, por lo que los afectados por esta reforma se podrán beneficiar en el pago de 2023, pero la situación cambiará el año próximo. Entonces, los contribuyentes con más de tres millones de euros tendrán que volver a tributar por su patrimonio en virtud del nuevo impuesto.

Esta circunstancia dejará a medias la apuesta del político malagueño, centrado en seducir a las grandes fortunas para que trasladen su domicilio fiscal a Andalucía, pero la respuesta del Gobierno andaluz al movimiento de Montero va todavía por la vía política. Hasta que los servicios jurídicos de la Junta no conozcan el texto no abordarán un hipotético recurso por una posible invasión de competencias. No está previsto tampoco que se ponga en marcha una ley de autonomía fiscal como la que han planteado Madrid y Murcia porque, explican en San Telmo, se trata de un principio constitucional blindado en el Estatuto de Autonomía.

En San Telmo, creen que el movimiento de Montero "debilita su posición de defensa de los territorios" al haber actuado después de la rebaja andaluza y no contra la bonificación de Madrid, ya vigente cuando la sevillana llegó al Gobierno de Pedro Sánchez. "No han reaccionado bien, porque no se lo esperaban", apunta una fuente del Ejecutivo andaluz. Esta es una de las esperanzas que hay en el PP para sobreponerse al ataque del Gobierno, ya que consideran que es posible que el texto tenga algún resquicio legal que sirva para desactivarlo.

Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (EFE/Chema Moya)

A pesar de que el debate se centra en la tributación de las grandes fortunas, en Andalucía solo hubo 20.661 personas obligadas a pagar por su patrimonio en 2020, según datos de la Agencia Tributaria. Los otros dos impuestos que Moreno ha retocado, el IRPF y el canon del agua, afectan a casi toda la población. Ese es el motivo por el que el PP acusa a Montero de copiarles la reforma fiscal, si bien la ministra de Hacienda ha limitado la rebaja a los 21.000 euros, Moreno ha hecho lo propio hasta los 35.200 euros, mientras que Feijóo abogaba por los 40.000. El socialista Ximo Puig ha ido más allá y reducirá el IRPF hasta 60.000 euros.

Génova, por su parte, se ha alineado con el argumento que esgrimen sus dos grandes barones y apoya que el nuevo tributo del Gobierno "invade las competencias" de las comunidades autónomas. "Es un atropello", sentencian en la dirección nacional, que delega en sus presidentes autonómicos la decisión de recurrir o no el impuesto en los tribunales. Feijóo cree que la propuesta "no tiene la más mínima sensibilidad con las clases medias y bajas", y critica que las rentas más modestas tengan que esperar a 2023 para empezar a ahorrar.

El 'impuesto de solidaridad' a las grandes fortunas, avanzado por María Jesús Montero este jueves, ha dejado en suspenso la ofensiva fiscal emprendida por Andalucía, a imagen de la política tributaria que ya imperaba en la Comunidad de Madrid. En las filas del PP tienen claro que la decisión de la ministra de Hacienda supone una invasión política de sus competencias en esta materia y se proponen dar la batalla al Ejecutivo por este "hachazo". Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso quieren esperar a tener en sus manos la "letra pequeña" de la ley para diseñar el contraataque al nuevo tributo que el Gobierno quiere activar a partir del 1 de enero de 2023. El gran objetivo de la Moncloa con su movimiento son las rentas de ambos territorios, especialmente de Madrid.

Partido Popular (PP)
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