La guerra fiscal eleva la inseguridad jurídica y deja el mapa futuro de impuestos en el aire

Hay pocas cosas en las que estén de acuerdo los inspectores de Hacienda y los asesores fiscales, enfrentados a menudo en los tribunales. Pero la batalla fiscal emprendida por el Gobierno y las comunidades autónomas ha generado un consenso sobre el aumento de la inseguridad jurídica y ni siquiera es posible saber cuál va a ser el esquema de impuestos en apenas un año.

Así, tanto la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) como la asociación de asesores fiscales (Aedaf) coinciden en que se debe buscar un sistema fiscal estable que no responda a movimientos políticos, misma crítica que realizan economistas y fiscalistas. Lo curioso es que estas dos asociaciones suelen tener puntos contrarios, pero esta vez los gobiernos del Estado y de varias regiones, al menos en este aspecto, les ha hecho coincidir.

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"Son medidas muy sujetas a criterios políticos. Se usa el sistema fiscal con fines electorales. Nos estamos moviendo para competir ante las elecciones de 2023, no para buscar un sistema tributario estable y dar seguridad jurídica a los inversores", denuncia Ramsés Pérez, presidente de la IHE. "Son anuncios propagandísticos, es muy difícil hacer valoración sin detalles, pero hay cosas que nos sorprenden negativamente. Probablemente, acabe en el Constitucional, son propuestas fiscales poco reflexionadas", dice Stella Raventós, presidenta de Aedaf, en una coincidencia que es significativa y que debería obligar a los gobernantes a replantearse sus posturas.

Todos los expertos asumen que la batalla entre la Moncloa, tras un acuerdo 'in extremis' de los socios de Gobierno, y las comunidades autónomas, tras sus anuncios de rebajas fiscales de todos los colores, tienen un tinte electoralista. Finalmente, Hacienda ha anunciado una batería de medidas que incluye un impuesto a las grandes fortunas, a partir de tres millones de euros, que armoniza por la puerta de atrás el impuesto sobre el patrimonio, exento al 100% en Madrid y, desde el año que viene, en Andalucía. Ya hay amenazas de ir al Constitucional, y los fiscalistas, de hecho, dudan con que la iniciativa de Hacienda sea viable jurídicamente.

Aunque solo afecta al 0,1% de los contribuyentes, se trata de la medida que más ruido ha provocado. Esta semana, en un evento entre fiscalistas, el asesor que lo presentaba bromeaba con que "España debe ser el mejor país del mundo, porque cada vez que se tocan impuestos a grandes patrimonios se cabrea mucha gente". Hacienda también ha apostado por cambios en sociedades, con rebaja para las pymes y alzas en grandes empresas, al limitar al 50% la compensación de pérdidas en los grupos consolidados. Por otro lado, se reduce el IVA de productos de higiene femenina y se rebaja el IRPF para las rentas bajas, al subir el mínimo exento de hacer declaración de 14.000 euros a 15.000 euros y aumentar la reducción de rendimientos de 18.000 a 21.000 euros.

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Más allá de filias ideológicas u opiniones económicas en torno a los nuevos cambios fiscales, lo que preocupa es que estos cambios ponen de manifiesto que es imposible saber qué mapa de impuestos habrá en un año. Porque, suponiendo que Hacienda llegue a tiempo para llevar al Congreso el nuevo tributo y se apruebe antes del 31 de diciembre, requisito para que se devengue el ejercicio el año que viene, no se conoce si las comunidades autónomas acudirán al Constitucional con el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, que enmienda la rebaja de patrimonio en volúmenes superiores a tres millones, y cuál sería el resultado.

También hay expertos que dudan con la constitucionalidad de elevar la tributación de grandes grupos empresariales al limitar la compensación de pérdidas, aunque luego puedan usarse en ejercicios posteriores. Mientras que la propuesta de impuestos a las eléctricas podría verse modificada por el acuerdo de Bruselas para establecer una figura similar, y los bancos siguen sin estar conformes con su nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios.

Por otro lado, es posible que los gobiernos autonómicos sigan respondiendo con movimientos fiscales en dirección opuesta, como ha hecho hasta un barón socialista, Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana, rebajando la presión fiscal sobre rentas menores de 60.000 euros. Además, habrá elecciones autonómicas y generales que podrán modificar el mapa de impuestos posterior.

También hay expertos que dudan con la constitucionalidad de elevar la tributación de grandes grupos empresariales

Lo curioso es que la presión fiscal a los ricos llega a la vez que se intentan atraer impatriados con mejoras en el régimen impositivo, conocido como ley Beckham, dentro de la ley de 'startups' que ha abanderado la vicepresidenta Nadia Calviño y que se planea aprobar antes del 31 de diciembre. En principio, los impatriados que se acogen no tributan por su patrimonio global, solo por el que generan en España, pero fuentes de la Dirección General de Tributos, órgano encargado de desarrollar las normas tributarias que en este caso improvisa la Moncloa, admiten que son objetivos contradictorios. Por una parte, se eleva la presión fiscal a los millonarios y, por otra, se quiere atraer impatriados que, aunque se venda con la idea de que sea talento y emprendedores, suelen ser patrimonios por encima de la media. Además, se les incentiva a que el dinero que generen en España lo inviertan fuera para estar exentos.

Análisis de expertos en un cajón

La reforma fiscal exprés del Gobierno se produce sin contar con las recomendaciones del comité de expertos que designó Hacienda hace un año, y cuyo libro blanco aboga por una armonización de patrimonio para evitar la competencia autonómica, pero con un máximo del 1,5% y no del 3,5% que ha propuesto la Moncloa.

Si bien Hacienda justifica esta medida ante la situación extraordinaria que ha provocado la guerra, ahondando en el 'shock' energético e inflacionario, disminuyendo presión a rentas bajas y elevando la recaudación (en 3.144 millones, según sus cálculos), lo cierto es que arrecian las críticas. Y, más allá de ideologías, como se ha dicho, se insiste en el mensaje de que es electoralista. Tanto la Moncloa como los gobiernos autonómicos.

Aunque, en defensa de algunas de estas medidas, la situación de crisis actual, con inflación disparada y subidas de tipos, agrava la desigualdad de rentas, y hasta el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE) ha opinado que puede tener sentido elevar la presión fiscal a las personas físicas y jurídicas con más renta y patrimonio. El problema es que, según los economistas, apenas habrá impacto a nivel macro. Leopoldo Torralba, adjunto al economista jefe de Arcano, calcula que el efecto en el crecimiento será neutro, ya que la mayor imposición a rentas altas y empresas costaría dos décimas de PIB, que se contrarrestan con la posibilidad de más consumo en las rentas bajas.

Opinión

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En el caso del impuesto a las grandes fortunas en los presupuestos, con 1.500 millones, de los que 1.000 millones llegarían desde Madrid según estimaciones del Ejecutivo de Ayuso, el impacto global será residual. "La poca recaudación que generará, el 0,6% del total, la inexistencia de nada parecido en Europa Occidental con un 3,5% que es un disparate, el mensaje negativo que manda a los inversores y emprendedores extranjeros hacen que esta iniciativa parezca más un irreflexivo y precipitado movimiento electoralista a corto plazo que un intento serio y honesto por llegar a un pacto de Estado que permita de verdad ayudar a las clases más desfavorecidas con una política económica y tributaria que genere más riqueza", critica Javier Morera, socio de Broseta.

En el caso del impuesto sobre las grandes fortunas, recuerda que es un nuevo tributo sobre el mismo hecho imponible que patrimonio, y "hay dudas sobre el encaje legal de la norma en el marco de financiación autonómica". En este caso, a diferencia de otras tasas, asegura que, si bien el impacto en la recaudación es exiguo, habrá una "enorme litigiosidad y posibilidades de que acabe considerándose un impuesto ilegal, con lo que se perdería buena parte lo recaudado", comenta Morera. Además, "van a litigar todos los afectados y van a pelearlo hasta el final", agrega.

El fiscalista de Broseta también pone el acento en el riesgo de deslocalizaciones, algo habitual. En general, desde hace una semana hay movimientos para modificar las planificaciones patrimoniales de cara a protegerse ante un eventual tributo, buscando las exenciones habituales de vivienda en propiedad, inversión en capital riesgo, empresa familiar o el escudo fiscal (tributación máxima conjunta entre IRPF y patrimonio). Pero los teléfonos de los despachos de abogados y bancas privadas echan humo en los últimos días con consultas para mover la residencia fiscal.

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Esto es un clásico que ya se vio entre 2019 y 2021, cuando muchos patrimonios altos se movieron a Portugal, aunque también a Andorra y otras jurisdicciones, buscando pagar menos impuestos o protegerse ante un potencial aumento de la presión fiscal. De hecho, la Agencia Tributaria ha venido intensificando las inspecciones para perseguir y evitar falsas deslocalizaciones.

Ahora, vuelve el runrún. "Prevemos un incremento sustancial en consultas sobre traslados de residencia fiscal fuera de España, especialmente en Madrid, teniendo en cuenta, entre otros, el alto número de personas que han trasladado su residencia fiscal a Madrid a lo largo de los últimos años, por ejemplo, altos patrimonios de Latinoamérica o de otras comunidades autónomas", expone Patricia García, socia de Avantia.

La experta fiscal alerta de que "estas son situaciones muy complejas en la práctica, que requieren un estudio pormenorizado, valorando, por ejemplo, su posición frente al impuesto de salida en el IRPF, los días de presencia reales en España y la composición de su patrimonio directo o indirecto para valorar su centro de intereses económicos, entre otras cuestiones. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los traslados de residencia fiscal a otras jurisdicciones son una de las principales situaciones objeto de inspección fiscal por parte de la Agencia Tributaria".