La propuesta europea de rebajar su protección reaviva las disputas por el lobo

La Comisión Europea (CE) ha propuesto rebajar el estatus de protección del lobo y pasarlo de su actual condición, especie "estrictamente protegida", al nivel inferior de especie "protegida". El cambio puede parecer sutil, pero no lo es en absoluto. El grado de protección actual protege a los lobos de ser cazados o capturados deliberadamente a menos que representen una amenaza grave para el ganado o la salud y la seguridad de las personas. En cambio, si pasaran a estar "protegidos" perderían ese amparo. Pero el cambio que propone la CE no va a ser tan fácil como algunos creen.

El estatus de protección actual del lobo viene determinado por lo que establece el convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa, más conocido como Convenio de Berna. Esta normativa, aprobada en Berna (Suiza) en 1979 y asumida por la Comunidad Económica Europea (actual UE) en 1981, tiene por objeto fomentar la cooperación entre los estados miembros a fin de garantizar la conservación de la flora y de la fauna silvestres, y de sus hábitats naturales.

Entre otras cosas, dicho convenio establece que las especies de fauna silvestre clasificadas como "estrictamente protegidas" (Anexo II, dónde figura el lobo), deben ser objeto de las disposiciones legislativas y reglamentarias adecuadas a fin de garantizar su conservación, quedando "rigurosamente prohibido todo tipo de captura, posesión o muerte intencionadas" salvo que representen la amenaza ya citada. En cambio, para las que aparecen simplemente como "protegidas" (Anexo III) tan solo establece que "su explotación podrá ser regulada de forma que se mantenga la existencia de esas poblaciones fuera de peligro".

Los motivos que expone la CE para proponer que se saque al lobo del Anexo II y se traslade al Anexo III son la supuesta progresión y expansión de sus poblaciones y el aumento de los ataques al ganado, algo que niegan las organizaciones conservacionistas, quienes exigen al ejecutivo comunitario que aporte los datos científicos que avalan esa suposición. La iniciativa del ejecutivo cuenta con el aval del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución en el mismo sentido durante un tenso debate, cargado de reproches, que evidenció las disputas sobre el lobo entre el bloque formado por los conservadores y la ultraderecha con el resto de las formaciones políticas de la Eurocámara.

Datos sin aval científico

La propuesta de la CE llega después de que este septiembre abriera un proceso de consultas, por correo electrónico, sobre los daños que estaba causando el lobo. Tras recibir más de 17.000 correos y analizar los datos aportados, se ha presentado un informe que, entre otros aspectos, sitúa la población actual en torno a los 20.300 ejemplares. Esa cifra supondría un incremento ligeramente superior a la estimación del año pasado (19.400) pero significativamente más alta que los 11.193 calculados en 2012.

Asimismo, según la información recabada por el ejecutivo comunitario, este año se ha detectado la presencia del carnívoro en todos los estados miembros de la UE, excepto Irlanda, Chipre y Malta, con manadas reproductoras en 23 países. Debido a ello, y siempre a consideración de la CE, el aumento de lobos estaría detrás del considerable aumento de los conflictos con las comunidades agrícolas y ganaderas, así como con los cazadores.

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Sin embargo, los grupos conservacionistas niegan la validez de unos cálculos que, a su juicio, no están basados en evidencias científicas, sino que se han llevado a cabo de manera irregular, mediante un procedimiento abierto a la manipulación por parte de las organizaciones de agricultores y cazadores que, a su juicio, son quienes en verdad están dominando el debate sobre los lobos, unos colectivos que "no representan el sentimiento mayoritario del mundo rural".

Para demostrarlo, los ecologistas han remitido a la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen los resultados de una reciente encuesta realizada a 10.000 habitantes de zonas rurales de la UE, en la que el 73% afirma que los grandes carnívoros salvajes tienen derecho a existir, y el 68% está a favor de que permanezcan estrictamente protegidos.

El poni de la presidenta

Recordemos que la consulta llevada a cabo por la CE se realizó a petición de la presidenta Von der Leyen tras el gran disgusto que se llevó el año pasado, cuando un lobo saltó el cercado de su finca en Baja Sajonia y mató a Dolly, el poni que la había acompañado durante los últimos 30 años. En aquel momento, y pese a ser especie estrictamente protegida en toda la UE, las autoridades locales recibieron la orden de abatir al ejemplar, cosa que no lograron.

Tras el triste incidente, la presidenta de la CE compartía un mensaje a través de su cuenta en X en el que afirmaba que "la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, para los seres humanos. Por ello, insto a las autoridades locales a que tomen las medidas necesarias". A los pocos días, ella misma ordenaba a los técnicos comunitarios que iniciaran los trámites necesarios para reevaluar el riesgo que supone este animal para los entornos rurales. Unos trámites que han acabado dando lugar a la actual propuesta del ejecutivo.

No obstante, el cambio del estatus de protección del lobo está sujeto a un necesario acuerdo entre los estados miembros, y debería ser consensuado con el resto de las partes firmantes del Convenio de Berna. Algo que será muy difícil de conseguir si tenemos en cuenta que doce países de la UE, entre ellos España, han pedido al gobierno europeo que garantice la protección del lobo tal y como establecen los acuerdos vigentes.

La contradicción europea

Entre dichos acuerdos figura la decisión del Consejo 2022/0332, de 14 de octubre, en la que se reconoce que "según los datos actuales, el estado de conservación de la especie sigue siendo divergente en todo el continente, con una evaluación favorable del estado de conservación en solo 18 de 39 partes nacionales de regiones biogeográficas de la UE". En consecuencia, "la reducción del estado de protección de todas las poblaciones de lobos no está justificada desde el punto de vista científico y de conservación", sino que "las continuas amenazas a la especie exigen que se mantenga su estricto estatus de protección".

De hecho, la propia Agencia Europea de Medio Ambiente ha condenado la propuesta al considerar que "es contraria al compromiso de Europa con la protección y restauración de la biodiversidad". La organización conservacionista WWF, que ha pedido a los Estados miembros que rechacen esta propuesta, va más allá y la tilda de "escandalosa y políticamente interesada". Para la responsable europea de Políticas de Biodiversidad en esta oenegé, Sabien Leemans, "la medida está motivada puramente por razones personales y socava no solo el estatus de protección del lobo, sino, con él, todos los esfuerzos de conservación de la naturaleza en la Unión Europea".

En opinión de esta experta en gestión de la biodiversidad "la presidenta von der Leyen está sacrificando deliberadamente décadas de trabajo de conservación para obtener beneficios políticos, haciéndose eco de los intentos de sus aliados para instrumentalizar al lobo como chivo expiatorio de los problemas socioeconómicos de las comunidades rurales. Esto es inaceptable y puede crear un precedente peligroso para todas las especies y hábitats dentro y fuera de la UE".

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En cambio, las organizaciones agrarias han aplaudido la decisión de la CE y esperan que España acate la propuesta. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) pide al gobierno que "actualice el estatus del lobo y permita de nuevo su gestión cinegética, como modelo de éxito que funcionó hasta la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)".

En el mismo sentido, se ha manifestado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), para quien la decisión del ejecutivo comunitario deja claro que el lobo "se tiene que gestionar de otra forma" por lo que piden un nuevo plan de gestión del lobo "adaptado a la realidad actual de la especie". La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC) también piden rebajar la protección del lobo para frenar el aumento de ataques al ganado.