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Ganaderos de Castilla y León cargan contra el TC por permitir "que el lobo les eche"
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Ganaderos de Castilla y León cargan contra el TC por permitir "que el lobo les eche"

El Tribunal Constitucional se basa en la orden ministerial que declara al lobo especie protegida y que ha sido impugnada ante la Audiencia Nacional por varias autonomías

Foto: Un lobo ibérico descansa en la Reserva Natural de Marcelle (Lugo). (EFE/Eliseo Trigo)
Un lobo ibérico descansa en la Reserva Natural de Marcelle (Lugo). (EFE/Eliseo Trigo)

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, considera que “es lamentable que el Gobierno y los tribunales hagan que el lobo se extienda y que con su superpoblación se eche al sector ganadero de Castilla y León. Están perjudicando muy gravemente los intereses del sector ganadero de Castilla y León y del conjunto de España”.

Es el último capítulo en la batalla judicial por el control de la población de lobos en Castilla y León. El Tribunal Constitucional anula varios apartados de la Ley de Caza de la comunidad autónoma que buscaban blindar la caza del lobo al norte del Duero. A través de un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León matiza que el TC no ha declarado la Ley de Caza inconstitucional, “sino unas menciones que en esa ley se hacen al lobo como especie cazable”. El Gobierno de Pedro Sánchez gana esta batalla al Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre la impugnación a la orden ministerial que protege al lobo presentada por varias autonomías. La decisión judicial vuelve a poner en pie de guerra al sector ganadero mientras las organizaciones proteccionistas se felicitan por la sentencia. Desde la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), su portavoz, Ignacio Martínez, asegura que es “el principio del fin del vía crucis del lobo”.

Foto: Lobo ibérico. (Ana Retamero/ WWF)

La inclusión del lobo en el 'Listado de especies silvestres en régimen de protección especial' (Lespre) el pasado el 20 de septiembre impide desde entonces su caza en todo el territorio nacional y cosechó el rechazo inmediato de las regiones con más población de lobo, con el 95% de los ejemplares. Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia lideraron un frente común al que se sumaron las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, argumentando los graves perjuicios que suponía para su economía rural. El camino judicial se inició con los recursos presentados por estas autonomías, entre ellos el de Castilla y León, que impugnó la orden ministerial ante la Audiencia Nacional, sabiendo ya que la nueva situación suponía un problema con su normativa de caza. De hecho, Castilla y León había aprobado en las Cortes autonómicas la nueva Ley de Caza solo dos meses antes, y esa norma, ahora anulada, consideraba al lobo una especie susceptible de ser cazada al norte del Duero.

Para el Tribunal Constitucional, la ley de Castilla y León, a pesar de ser previa, entra en contradicción normativa con la orden nacional y, por tanto, invade las competencias estatales sobre medio ambiente. La asociación Ascel, que se encuentra entre los colectivos promotores de la inclusión de la especie en el Lespre, considera que “la muerte en Castilla y León no puede sobreponerse a la vida en España. Lo que sucedió aquí es la rareza de que la orden vino después de la ley”. Sin embargo, Martínez explica que el Gobierno solicitó a la Junta que adecuara su ley a la nueva situación en un “proceso infructuoso” que obligó a acudir a los tribunales. “En algunas comunidades como Castilla y León, por un lado, se decía que el lobo era una singularidad y que se tenía que proteger y, por el otro lado, en una hipocresía que ahora finaliza, se mantenía que se le podía matar”.

Foto: Imagen de 3Dinaani en Pixabay. Opinión

La sentencia ha contado con el voto particular de dos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, argumentando que la orden ministerial “carece y excede la habilitación conferida por el legislador”. Para ellos, eso supone que no puede ser utilizada para enjuiciar una ley autonómica. El portavoz de Ascel carga contra estos dos magistrados: “Son algunas de las personas más significadas no por su valor jurídico sino por su preeminencia política”.

Lobos vs. ganaderos

El choque principal sobre cómo gestionar la población de lobos está en la convivencia de la especie con la ganadería. Donaciano Dujo recuerda que “el lobo no está en peligro de extinción, cada vez hay más lobos, cada vez hay más ataques. En algunas zonas es ya inviable que las explotaciones ganaderas estén, por la masiva presencia de lobos y sus ataques. En definitiva, el Gobierno está protegiendo al lobo y haciendo que este mate la especie ganadera que hay al norte del Duero”.

Esa protección de la ganadería y de la economía rural es el argumento que más repite la Junta de Castilla y León en su lucha por que la especie se pueda controlar, que quedó prohibida tanto por caza como por control con la entrada en vigor de la orden ministerial. En este sentido, en el comunicado para valorar la sentencia remarca que la inclusión del lobo en el Lespre supuso “una acción dañina para Castilla y León, para su ganadería y para la pervivencia de nuestro medio rural. Una acción frente a la que la Junta de Castilla y León ha batallado y batallará, estando actualmente la orden ministerial recurrida por la Junta [y por otras comunidades autónomas y entidades] ante la Audiencia Nacional”.

Foto: Ejemplares de lobo ibérico. (José Luis Gallego)

Un argumento que rechazan los colectivos proteccionistas. Ignacio Martínez opina que los ganaderos “no son interlocutores válidos, la ganadería no es un sector que pueda opinar estructuralmente sobre biodiversidad. Nosotros no opinamos sobre la alfalfa”. Niega además que exista un problema grave de ataques de lobos a los ganaderos al norte del Duero. “Les estamos pagando la PAC para que protejan nuestra biodiversidad. El que tiene daños es prácticamente porque los busca. El que no quiere tener daños no los tiene, porque maneja el ganado de alguna manera. Hay gente que toma medidas y tiene cero daños en sitios de lobo y oso. Que no nos vengan con mamarrachadas, porque sobre el lobo no pueden decidir los ganaderos como están planteando Castilla y León o Asturias”. Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería cifran un aumento de los ataques. En 2021, fueron más de 4.200 las reses que los lobos mataron en Castilla y León. Superando las 10.000 muertes entre las cuatro comunidades del norte.

Habrá que esperar, por tanto, al siguiente capítulo judicial de esta batalla cuando la Audiencia Nacional decida sobre el recurso presentado por las cuatro autonomías con más población de lobos de nuestro país. Hasta que eso ocurra y desde que el lobo es especie protegida, no se ha podido volver a cazar en ningún territorio de España. Una situación que, para la Junta de Castilla y León, supone que la sentencia del Tribunal Constitucional “no tiene ningún efecto práctico”.

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, considera que “es lamentable que el Gobierno y los tribunales hagan que el lobo se extienda y que con su superpoblación se eche al sector ganadero de Castilla y León. Están perjudicando muy gravemente los intereses del sector ganadero de Castilla y León y del conjunto de España”.

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