Nuevo quiebro en el conflicto del lobo: el ministerio no contenta a ecologistas ni a cazadores

El lobo se ha convertido en una de las grandes patatas calientes del Ministerio para la Transición Ecológica. Su inminente inclusión en el listado de especies protegidas parecía dar la razón a los conservacionistas, que reclamaban un amparo integral en todo el territorio estatal, pero el optimismo de estos se desvaneció al conocer el borrador de la orden ministerial que plasma el nuevo estatus del lobo. Según su interpretación, una disposición adicional autoriza a las comunidades autónomas a mantener planes de control de población de la especie. Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria tampoco están satisfechas con la nueva normativa, por lo que han anunciado que presentarán un recurso conjunto ante el Tribunal Supremo si el ministerio no rectifica antes del 15 de junio.

En la actualidad, el lobo goza de distintos grados de protección separados por el Duero. Al sur es intocable, pero del otro lado del río —donde realmente se concentra— se permite su caza y control a través de batidas, que los gobiernos autonómicos afectados defienden con el argumento de prevenir daños en la agricultura y la ganadería de la zona. Cuentan con el apoyo de cazadores y organizaciones agrarias. El ministerio decidió el pasado año incluirlo a todos los efectos en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespe), una decisión polémica que se vino retrasando hasta la publicación, el pasado 19 de mayo, de un borrador de orden ministerial que también ha disgustado a todos.

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Los gobiernos autonómicos interpretan que, con la nueva regulación, ya no podrán controlar la población de la especie. Sus consejeros con competencias se reunieron este martes en León y acordaron acudir al Supremo si el Gobierno sigue adelante con el proyecto —cuya entrada en vigor está prevista para antes del 25 de septiembre— y amplía la prohibición de su caza en todo el país. Las cuatro comunidades autónomas del noroeste pidieron la retirada de la nueva normativa con el objetivo de “renovar el compromiso con la ganadería, los pueblos y el medio rural”, explicó su portavoz, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez. “Se pide algo tan sencillo de entender como una mesa de trabajo, no se puede poner en el BOE y luego querer hablar”, lamentó.

Del lado de los ecologistas, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel) considera la orden ministerial “una incongruencia y un coladero”. “La orden es impecable, protege al lobo, pero a continuación se añade una disposición que lo desmonta todo y dice que se puede seguir matando. Es inaceptable”, sostiene su presidente, Ignacio Martínez, que añade: “El ministerio nos dio a entender que se acababa con la caza, pero esa disposición adicional permite mantener tanto caza como planes de control. Rompe todo el esquema de protección”.

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La polémica disposición única ("Compatibilidad de medidas vigentes") permite “seguir aplicando las medidas que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas” de acuerdo con el artículo 61.1.b de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y lo que establece ese artículo son las excepciones a las prohibiciones de protección de la biodiversidad. En concreto, para “prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas”. Y la defensa de ganaderos y agricultores es precisamente el argumento de las cuatro comunidades afectadas.

En la actualidad, las comunidades autónomas donde el lobo no está protegido aplican planes de gestión que permiten controlar su población mediante la caza o por brigadas de agentes autonómicos. Según Ascel, la disposición adicional les habilita para mantener esos planes, lo que en la práctica “convierte en papel mojado” el resto de la orden ministerial. “Nosotros decimos que la inclusión en la Lespe supone el fin automático de los mal llamados planes y programas de control autonómicos, pero el ministerio se pierde en la idea de que las comunidades protejan el lobo mientras les permite que lo sigan matando”, lamenta Ignacio Martínez. “El Gobierno quiere contentar a todos y lo que hace es no contentar a nadie”.

En efecto, las cuatro comunidades del noroeste no están ni mucho menos satisfechas. En el caso de Galicia, su 'conselleira' de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, expresó su “indignación” con el Gobierno. “El ministerio obvia de un modo insólito a las comunidades loberas, sin consenso y sin apenas diálogo, cuando aún le quedan muchos deberes por hacer”. La Xunta ha encargado una actualización del estudio poblacional del lobo ibérico en Galicia para actualizar el censo de 2015. “Consideramos imprescindible contar con esta información lo más actualizada posible, como necesario aval técnico y científico a cualquier decisión que pudiera ser adoptada en relación con la modificación del estatus legal de protección de la especie en su territorio, y no justamente al revés, que es lo que pretende el Gobierno central”, acusó la 'conselleira'.

Las organizaciones agrarias respaldan a las autonomías. Asaja, COAG y UPA han pedido “con carácter inmediato” la dimisión de la vicepresidenta y ministra, y han anunciado movilizaciones ante lo que consideran un “incumplimiento unilateral” de lo que se les expuso en una reunión el pasado 12 de mayo. En Galicia, Unións Agrarias se sumó a las críticas, al considerar que la medida provocará una superpoblación y “una serie de daños importantes en la ganadería extensiva”. “O se está actuando de espaldas a la realidad o es que importa muy poco el papel del agricultor y del ganadero y solo preocupa el lobo”, criticó su secretario general, Roberto García.

Las CCAA donde el lobo no está protegido aplican planes de gestión que permiten controlar su población mediante la caza

En la reunión de los consejeros del noroeste, también se criticó “la sucesión de actos atropellados” del ministerio y se reivindicó “una gestión nacional aprobada en 2005”, en la que, aseguran, siempre ha habido consenso en el ámbito de la biodiversidad. “No se puede tomar ninguna decisión sin modificar esta estrategia”. Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León pedirán medidas cautelarísimas al Tribunal Supremo si el 15 de junio el proyecto sigue adelante, con el objetivo de “defender el territorio y la ganadería extensiva como medio para la pervivencia del medio rural”.

Esta interpretación es criticada por Ascel, principal impulsora de la ampliación del listado de especies protegidas. “Las comunidades pueden decir misa, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, y de paso están destrozando el medioambiente”, critica el presidente de la asociación. “Lo que alegan es mentira, porque no hay sobrepoblación de lobos. Los daños que provocan, además, no son reseñables y en todo caso se compensan por dos o tres vías distintas”. Según Ignacio Martínez, la resistencia de las autonomías tiene que ver con “el alboroto creado por cazadores y ganaderos”, que defienden “intereses privados”. “El lobo es esencial en biodiversidad y lo público está por encima de lo privado. Quien tiene ganado no puede decidir sobre el lobo”, apunta Martínez.