La batalla de las Zonas de Bajas Emisiones: los datos que te harán dejar de hablar de medioambiente

La contaminación del aire debería abordarse como un problema sanitario antes que como una cuestión vinculada con el medio ambiente. Así lo consideran los expertos en salud pública consultados por este diario a raíz de la decisión de varios ayuntamientos españoles de aplazar la implantación al tránsito de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como ordena la ley.

“El problema —señala un alto cargo de sanidad— es que se está abordando desde el ámbito ideológico una medida que, más allá del consenso que pueda generar, resulta imprescindible si queremos avanzar seriamente en la prevención de riesgos para la salud”. Porque lo cierto es que la contaminación provocada por el tráfico mata cada año la más gente. Los datos al respecto son estremecedores.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación del aire supone la mayor amenaza ambiental para la salud humana. Una amenaza que no hace sino ir a más. Hace tres años este organismo calculaba que estaba causando alrededor de cuatro millones de muertes prematuras anuales. El año pasado el número aumentó hasta superar los siete millones de fallecimientos al año. Y el principal responsable de las emisiones en el entorno urbano, donde vive la mayor parte de la población mundial, es el tránsito de vehículos a motor.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente la contaminación del aire causa 25.500 muertes prematuras al año en España

Los datos de la OMS sobre las enfermedades que causa la contaminación generada por el tránsito de vehículos, a la que no duda en calificar como “el asesino invisible”, son contundentes: está detrás del 36% de los casos de cáncer, el 34% de los ictus y el 27% de los infartos, entre otras graves enfermedades que van en aumento en nuestra sociedad, como la diabetes mellitus tipo 2, el párkinson o el alzhéimer. Buena parte de ellas están provocadas por la exposición a dos agentes especialmente nocivos: el dióxido de nitrógeno (NO2) y las micropartículas en suspensión (PM2,5), cuya principal fuente de emisión son los tubos de escape.

Destaca la demostrada relación de ambos contaminantes con el acusado aumento del asma infantil en los niños que viven en zonas con tránsito denso. Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a la Dra. Inés de Mir, responsable de la Unidad de Pneumologia Pediátrica del prestigioso Hospital de la Vall d’Hebron, para el capítulo dedicado a la movilidad sostenible en la serie Naturalemente que dirigí para TVE.

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Esta acreditada especialista nos dijo a cámara, que la contaminación que emiten los tubos de escape no es agravante sino precursor del asma infantil. Hasta tal punto que, como nos explicó fuera de micro, en su consulta hospitalaria, una vez examinadas las pruebas clínicas realizadas al niño, la doctora era capaz de adivinar en que calle vivía la familia solo por los resultados. Las vías respiratorias del niño actuaban como bioindicador del nivel de contaminación del aire.

El Proyecto Inma es un trabajo de investigación cuyo principal objetivo es estudiar el papel de los contaminantes ambientales durante el embarazo e inicio de la vida, y sus efectos en el crecimiento y desarrollo infantil. Entre sus importantes hallazgos figuran los datos que asocian la contaminación provocada por el tránsito con alteraciones durante el embarazo que dan lugar al bajo peso al nacer, los partos prematuros o incluso la mortalidad fetal.

Desde la Fundación Española del Corazón (FEC) coinciden en el diagnóstico al señalar que “la contaminación ambiental se ha convertido en uno de los principales retos de salud pública”, por lo que “conscientes de esta problemática y de su impacto en la salud cardiovascular” instan “a los gobiernos regionales y locales a tomar medidas de manera urgente para reducir las cifras de contaminación en pro de la salud de la población”. Una instancia que, en cambio, sigue sin ser atendida por dichos gobiernos.

Uno de los centros de investigación que llevan más años estudiando la relación entre la contaminación de las ciudades y la salud de sus habitantes es el Instituto de salud Global de Barcelona (ISGlobal). En su último informe, publicado hace un mes en la revista científica The Lancet Public Health con base en un estudio realizado en 857 ciudades europeas, se resalta que “si observamos el conjunto de NO2 y PM2,5 presentes en el aire urbano, el tráfico sigue siendo el sector con un mayor peso (48,5% de media) tanto en la mala calidad del aire como en la mortalidad asociada a esta causa”. Su investigadora principal, Sasha Khomenko, reclamaba “medidas más valientes para reducir drásticamente la contaminación y las muertes asociadas al tráfico, que sigue siendo la principal fuente de emisión en las ciudades europeas”.

Intereses políticos

Sin embargo, la actualidad no hace más que demostrar el desdén de las administraciones públicas ante los avisos de los médicos. Así, mientras la OMS ha anunciado que reducirá notablemente los límites de exposición a la contaminación del aire en las ciudades para 2030, exhortando a los países a tomar medidas para su restricción, la UE acaba de rebajar la ambición de la norma Euro 7 que debía imponer un nuevo recorte de emisiones a los coches, atendiendo las argucias de la poderosa industria europea del motor para evitarlo y proteger al sector.

La necesidad de reducir la contaminación del aire es algo que vienen reclamando los médicos antes que los ecologistas

En nuestro país uno de los principales instrumentos legales para reducir la contaminación del aire asociada al tránsito de vehículos es el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el establecimiento de las ZBE. Esta normativa se incluye “en el marco de los objetivos de la política de movilidad sostenible que deben perseguir las administraciones públicas” y tiene por fin “limitar el acceso, la circulación y el estacionamiento a los vehículos más contaminantes para contribuir al cumplimiento de los objetivos en materia de calidad del aire”.

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Dicha normativa, que deriva de la Ley de Cambio Climático, obliga a que los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes (y todos los de 20.000 cuya calidad del aire sea deficiente) dispongan en 2024 de estas áreas de tráfico restringido. De momento solo la tienen 14 de ellos, y uno de los de mayor tamaño, Badalona, acaba de anunciar que desatiende el mandato y pospone su puesta en marcha. Pero esta ciudad catalana, gobernada por el PP, no es la única que se declara en rebeldía climática y saludable.

Otra media docena de municipios gobernados por la derecha ha manifestado su intención de aplazar la implantación de las ZBE. Junto a ellos, y cuando apenas queda un trimestre para que culmine el plazo de ejecución, otra veintena siguen sin informar al respecto al gobierno central. Pero la aplicación de esta normativa no tan solo enfrenta a los ayuntamientos con el Ministerio de Transición Ecológica. Una parte de los comerciantes de los centros urbanos también está en contra de su implantación y ha exigido que se suspenda.

La Confederación Española de Asociaciones de Comerciantes de Cascos Históricos (COCAHI), cuyos fines dicen estar “alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, entre los que se incluye la mejora de la calidad del aire que respiramos, anunciaba esta misma semana que va a solicitar la anulación de la entrada en vigor de las ZBE, pues en su opinión “No tiene sentido que se amplíe hasta el año 2035 la fabricación y venta de coches de combustión y que, en cambio, no podamos circular con ellos por nuestros centros de ciudad”.

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Existen muchos otros motivos para tomar medidas urgentes y efectivas contra la contaminación del tráfico, desde la necesidad de mitigar las causas y efectos del cambio climático hasta las duras sanciones del Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) o los altos costes económicos para las arcas públicas. Pero, como señalaba el doctor, cuando hablamos de la contaminación del tráfico todos debemos tener claro que estamos refiriéndonos a uno de los mayores problemas de salud pública, un problema que causa quince veces más muertes que los propios accidentes de tráfico.