Sin una ley más precisa, las zonas de bajas emisiones de CO₂ son un mero maquillaje

El establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para regular el tránsito de vehículos de motor en nuestras ciudades será un auténtico cambalache si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no elabora un real decreto que desarrolle adecuadamente la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares antes de 2023 a decretarlas.

Esta es la principal alegación que han presentado Greenpeace, ECODES, Transport & Environment, Ecologistas en Acción y Fundación Renovables a la propuesta de Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones del MITECO. Según estas organizaciones, el documento actual esta “bien intencionado, pero es de carácter meramente orientativo y seguimiento voluntario, por lo que tendrá una utilidad práctica escasa o nula para lograr que los ayuntamientos implementen las ZBE de forma realmente eficaz”.

No basta con declararlas para cumplir con el expediente: deben ser una herramienta válida para luchar contra la contaminación

Para lograrlo las oenegés consideran fundamental establecer unos criterios fijos y unos requisitos mínimos comunes que sean de obligado cumplimiento para los ayuntamientos concernidos, que aseguren la eficacia de las ZBE como herramienta crucial en la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) del sector de la movilidad y transporte, tal y como establece claramente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), así como su implantación con criterios homogéneos en las ciudades.

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“Una medida de tanta importancia para la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica no puede dejarse en exclusiva a la voluntad arbitraria de la Administración local". En su opinión, "hay tiempo suficiente para que, a nivel nacional, se elabore una normativa común y una planificación que promueva una intervención transversal ambiciosa, con objetivos a cumplir a corto, medio y largo plazo". De lo contrario, esta importante iniciativa legislativa acabaría por convertirse en "un mosaico con diferentes ZBE que resultarían ineficaces en su cometido”.

Estas organizaciones consideran que muchos ayuntamientos no están entendiendo (o no quieren entender) que, entre los objetivos principales de las Zonas de Bajas Emisiones, está la reducción de las emisiones de GEI y su papel catalizador para promover un trasvase desde la movilidad más contaminante hacia modos basados en una verdadera sostenibilidad, como la movilidad individual activa y el fomento del transporte público de cero emisiones.

Además, ya se están dando casos de diferentes ayuntamientos que pretenden cumplir con la obligación haciendo lo mínimo posible, como por ejemplo declarando sus ZBE en zonas muy céntricas y ya previamente peatonalizadas. Esta tendencia se puede observar actualmente en los casos de Zaragoza, la quinta ciudad más poblada de España, que quiere acotar su ZBE solo al Casco Histórico, o de Salamanca, donde se proyecta que la ZBE será un área dentro de la almendra central de la ciudad, que en gran parte ya no tiene tráfico de vehículos.

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En España hay ciudades con una calidad del aire deficiente, con las consecuencias que de ello se deriva para la salud de la población. Ahora, con los nuevos límites recomendados por la OMS, serán muchas más, por lo que, si de verdad se quiere apostar por unas ciudades limpias y saludables, debe haber homogeneidad en la implementación de esta medida.

Las organizaciones piden que la regulación incluya un mecanismo de revisión al alza que permita reforzar las restricciones de acceso de manera escalonada hasta alcanzar el nivel de emisiones cero. Todo ello sin perjuicio de que cada Administración local opte por incorporar los elementos propios que considere oportunos para aumentar el principal objetivo que persigue su establecimiento: hacer de nuestras ciudades espacios más sanos para nuestra salud y la del planeta.

También es muy importante que el real decreto que exigen los ecologistas unifique los criterios de tipología de vehículos que pueden acceder a las ZBE. Como propuesta, y de acuerdo con los objetivos comprometidos por España en su Marco Estratégico de Energía y Clima, así como por los provenientes de la Unión Europea, estas zonas solo deberían permitir el acceso a vehículos particulares y comerciales que sean cero emisiones o de bajas emisiones —que no superen los 95 g de CO₂/km (WLTP)—.

Además, para lograr que las ZBE definidas sean realmente efectivas contra la crisis climática y no un mero componente cosmético, deberán ser lo suficientemente extensas como para promover un trasvase hacia opciones más sostenibles, lo que implica un esfuerzo por parte de las ciudades para hacer posible que dichas opciones sean eficaces, generalistas y al alcance de todos.

Las organizaciones también han presentado alegaciones para que se incluyan otros aspectos esenciales para una correcta implementación de las ZBE, como la actualización periódica de los datos para que cumplan con los valores guía de la OMS en su versión más reciente, o la creación de una oficina supervisora que establezca criterios comunes de evaluación de resultados a nivel nacional.

Opinión

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En junio de este mismo año, varias de las oenegés que se han dirigido ahora al Gobierno para pedirle que sea más conciso elaboraron una "Propuesta de mínimos para la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones" que pretendía asegurar su correcto funcionamiento para convertirlas en una herramienta verdaderamente eficaz para la reducción de los GEI asociados al tránsito de vehículos y la contaminación atmosférica en nuestras ciudades. El documento fue remitido al MITECO, al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).