Génova se pone de perfil en la guerra del Ministerio contra sus ciudades por la zona de bajas emisiones

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La libertad de las autonomías y los ayuntamientos del PP en el mandato de Alberto Núñez Feijóo alcanza también a la movilidad verde. Génova renuncia a una postura unificada en uno de los temas más candentes en el funcionamiento de las ciudades a nivel global, las zonas de bajas emisiones (ZBE) y los carriles bici, a pesar de que se trata del primer asunto que ha generado un choque institucional entre el Gobierno de coalición en funciones y los nuevos alcaldes populares. Y de que, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inquietud ante el cambio climático ha subido casi diez puntos en tres meses y se coloca como el cuarto problema nacional y el tercero a nivel personal. Fuentes de la dirección del partido aseguran que nadie puede poner en duda la defensa del ecologismo en la formación, pero sobre la gestión de esos temas "no hay ninguna directriz".

Esto supone que cada alcalde se enfrenta a estas decisiones con criterios estrictamente personales y de gestión municipal. El conflicto con el Ejecutivo ha estallado en Badalona, donde Xavier García Albiol quiere retrasar la aplicación de la ZBE, a la que están obligados todos los municipios de más de 50.000 habitantes, según establece la ley de cambio climático. El límite para que estén operativas es el 31 de diciembre de 2023. Albiol pretende aprobar una moratoria para demorar tres años la aplicación de multas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha advertido de que, si esto sucede, recurrirán ante los tribunales contenciosos y reclamarán a la ciudad los fondos europeos destinados a reducir las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.

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Europa Press

El Ministerio de Transportes también ha avisado por carta a los ayuntamientos que, además de incumplir la ley, los cambios en las ZBE conllevan el reintegro de fondos europeos, si han sido financiados con dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y les ha recordado que cualquier modificación del proyecto debe ser aprobada previamente por la secretaría de Estado.

Transportes ha avisado a los ayuntamientos de que los cambios en las zonas de bajas emisiones conllevan el reintegro de fondos europeos

Badalona no es un caso exclusivo. En Logroño, donde el PP también consiguió mayoría en las elecciones municipales del 28 de mayo, se quiere impulsar una variación del alcance del carril bici, con la recuperación de espacio para la circulación de vehículos. En otra misiva, el Ministerio ha advertido que no autorizará nada que vaya en contra "de los objetivos de cambio climático", además de subrayar que supondría la devolución de las ayudas económicas, si el proyecto no se mantiene durante un plazo de cinco años.

La situación se repite en otros municipios como Valencia, Elche o Valladolid, donde se pretenden revertir planes anteriores. Pero solo en estos dos últimos el PP depende de Vox, un partido negacionista de la alteración del clima y contrario a las acciones de movilidad sostenible. Estos conflictos se han destapado como los de más enjundia hasta la fecha entre los ayuntamientos y el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, tras el enorme poder institucional obtenido por el PP el 28-M. La dirección popular entiende que no se puede "fijar una postura" sobre asuntos que son "decisiones institucionales". "No podemos decirles que pongan o que quiten un carril bici", ejemplifican.

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Jorge García González

Pero en realidad no se trata de una posición local, sino de una política global que ha llevado al PP a incurrir en algunas contradicciones desde hace años. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, después de rechazar frontalmente el proyecto de Madrid Central de su predecesora Manuela Carmena, acató la medida e incluso lo amplió a otras zonas de la ciudad.

El propio programa marco de las municipales no incluye referencias a carriles bici o zonas de bajas emisiones y apuesta por una "regulación que aliente la libre competencia entre los distintos modos de transporte, partiendo de la libertad de elección de los usuarios". Sí que apunta que las "soluciones de movilidad colectiva son la mejor alternativa en el caso de las grandes ciudades" y defiende el desarrollo de los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación). Desde la dirección popular enmarcan únicamente las reticencias de algunos de sus alcaldes a las restricciones del uso al coche en que no quieren enfrentarse a las supuestas quejas de los vecinos.