La Iglesia ficha al penalista estrella de Baker para el juicio del caso Fundaciones

El Arzobispado de Madrid ha encargado a uno de los mejores penalistas de España que se ponga al frente de la conocida como "trama de las fundaciones", un escándalo inmobiliario que desde hace cuatro años se investiga en los juzgados de la plaza de Castilla.

Se trata de Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional y socio del bufete Baker McKenzie, a quien el actual equipo ha cedido la venia como nuevo representante de las fundaciones Fusara y FSVSC, cuyo patrimonio habría sido expoliado por una presunta trama organizada con ramificaciones dentro y fuera del Arzobispado de Madrid.

Aunque se trata de entidades civiles, todas ellas tienen reservado su sillón presidencial a la Iglesia madrileña, a quien los fundadores de estas fundaciones encomendaron velar por el correcto aprovechamiento del patrimonio que legaron, para destinarlo a financiar diversas causas benéficas.

Entre otros bienes, Fusara es dueña de 14 edificios residenciales y dos colegios en el centro de Madrid, FSVSC posee una enorme bolsa de terreno junto al estadio Santiago Bernabéu, donde se levantan la parroquia de San Jorge y una residencia de ancianos, y Molina-Padilla cuenta también con varios inmuebles residenciales en el cotizado barrio de Salamanca.

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Hasta ahora, el abogado Aitor Canales había llevado la dirección letrada del caso, dentro del equipo de profesionales que se creó ad hoc hace algo más tres años, cuando saltaron todas las alarmas dentro del Arzobispado de Madrid. Las fuentes consultadas hablan de desavenencias personales a la hora de explicar los motivos que han llevado a prescindir de Canales. El letrado niega cualquier tipo de desavenencia personal con nadie y dice desconocer el motivo real de esta resolución.

Santos, por su parte, ya ha trabajado con la Iglesia madrileña en el caso de la explosión de la parroquia Virgen de La Paloma, en enero de 2021, que costó la vida a cuatro personas: el sacerdote Rubén Pérez, su amigo David Santos y dos ciudadanos que justo en ese momento estaban en la calle: Javier Gandía y Stefko Ivanov.

Tras dirigir durante casi un cuarto de siglo la política penal antiterrorista española como fiscal en la Audiencia Nacional, destino al que llegó en 1989 en sustitución de la fiscal Carmen Tagle, asesinada por ETA, Santos se incorporó a Baker a finales de 2012 para hacerse cargo del área de Derecho Penal.

Fue el fiscal del caso Lasa-Zabala, formó parte de la Unidad de Naciones Unidas para la investigación de la delincuencia y el crimen organizado, y fue el magistrado de enlace de la embajada de España en Roma, entre otros cargos. También fue distinguido como caballero de la Legión de Honor de la República francesa, por su colaboración con Francia en la lucha contra ETA.

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Cuando se incorporó a Baker, el Departamento Penal apenas contaba con una abogada sénior y un júnior, frente a los tres socios, un counsel y 13 asociados que suman en la actualidad. Un equipo que lidera el ranking europeo de Crimen Corporativo de Chambers & Partners, referencia del sector.

En los 11 años que lleva ligado al bufete, se ha hecho cargo de causas tan relevantes y mediáticas como la defensa del PP en la trama Gürtel, del expresidente de BBVA Francisco González en el caso Villarejo o de los deportistas Radamel Falcao, Neymar y Cristiano Ronaldo, entre otros.

Momento crítico

El relevo al frente de la dirección letrada de las fundaciones se ha producido en un momento crítico: a las puertas de que termine la fase de instrucción y se abra juicio. Como adelantó El Confidencial, el magistrado Jaime Serret, del Juzgado número 28 de Madrid, aprecia que 10 de los 14 investigados podrían haber cometido un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares.

Se trata de los hermanos Antonio y Raúl Chávarri (intermediarios de todas las operaciones), David López Royo (delegado de fundaciones del Arzobispado de Madrid), Manuel Fernández-Clemente (secretario de las fundaciones), Antonio Naranjo (gerente de una de las fundaciones), Julio Lage (interventor del Arzobispado de Madrid), Jesús Merino (abogado de Chávarri), José Prado (abogado y socio de Raúl Chávarri), Ricardo de Guindos (Ribidor Asesores) y Daniel Hidalgo Pita (del bufete Chávarri).

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Actualmente, la causa está pendiente de que se resuelvan los recursos presentados por todas las partes al auto de transformación y presenten sus correspondientes escritos de acusación. De ahí la relevancia del momento en el que se ha cedido la venia a Baker, ya que será bajo su batuta cuando se redacte el escrito de acusación, y este es crítico, junto al que presente la fiscal.

La anterior dirección letrada tenía ya prácticamente terminado su escrito, y su voluntad era sentar en el banquillo de los acusados también a figuras que el magistrado Serret no ha incluido, como compradores del patrimonio de las fundaciones. Las fuentes consultadas del entorno de las fundaciones aseguran que detrás del fichaje de Santos no hay ningún cambio de estrategia, y que este responde únicamente a las desavenencias apuntadas anteriormente.

Sin embargo, numerosos afectados por la venta del patrimonio de las fundaciones están expectantes de comprobar si, realmente, el abogado estrella de Baker ha llegado a la causa para continuar la misma línea o si, por el contrario, este cambio responde a una jugada de último minuto para romper con la decisión de Canales de llegar hasta el final, caiga quien caiga, tanto por la vía judicial como por las negociaciones para llegar a acuerdos, como el alcanzado con Nebrija, que ha permitido recuperar para la FSVSC la Parroquia de San Jorge.