Quién es quién en la trama inmobiliaria que ha expoliado fundaciones de la Iglesia

A un lado, cinco cargos de confianza del Arzobispado de Madrid. Al otro, una inmobiliaria cotizada, varios fondos internacionales, financieros de renombre y universidades privadas. En medio, el bufete Chávarri, intermediario en todas las operaciones que cruzaron los destinos de estos dos bandos y que han derivado en una investigación judicial, otra canónica y varias querellas que amenazan con ampliar la guerra en los tribunales.

La primera en levantar la voz de alarma sobre la posible existencia de una trama que estaría expoliando el patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica fue la propia Fiscalía Anticorrupción que, tras recibir una querella por la venta a la Universidad de Nebrija de la Parroquia de San Jorge y de todo el terreno que la rodea al lado del Paseo de la Castellana, optó por remitir el caso a la Fiscalía de Madrid, al detectar elementos comunes con otra causa que ya estaba judicializa: la venta de 14 edificios residenciales de otra fundación ligada al Arzobispado, Fusara, a la sociedad de nueva creación, Tapiamar.

Era solo el principio. Como adelantó El Confidencial, a estas operaciones se unió el traspaso de otros dos inmuebles de la Fundación Molina Padilla al exdirector general de Banco Santander, Enrique García Candelas, y el fallido intento de venta del colegio Santamarca, también propiedad de Fusara, a la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). Pero ¿qué tienen en común todos estos movimientos? ¿Dónde ha visto los nexos Anticorrupción? ¿Qué ha llevado al Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a ordenar deshacer toda esta madeja?

Para entenderlo, a continuación exponemos un quién es quién de todos los protagonistas de esta historia.

1. David López Royo: Es uno de los laicos a quienes Osoro, tras llegar a Madrid, confió la profesionalización de las finanzas de la Iglesia. Además de cederle un sillón en el Consejo de Asuntos Económicos de la archidiócesis, le nombró delegado de Fundaciones y, como tal, le encomendó la presidencia de todas las fundaciones ahora bajo sospecha. A este puesto clave, al que llegó a principios de 2016, le sumó el de director de Reputación Social Corporativa (RSC) del bufete Chávarri, en enero de 2018. Cuatro meses después, el patronato de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), que él preside, activó la venta de San Jorge, operación que intermedió Chávarri y en la que se pagaron casi cinco millones de euros en comisiones. Año y medio después, tras destaparse la venta de las viviendas de Fusara, López Royo salió de la delegación de fundaciones, tras haber aprobado ocho mandatos a Chávarri, bufete al que sigue ligado.

2. Julio Lage: Considerado la persona de máxima confianza de Osoro, el cardenal le erigió en pilar de su plan para profesionalizar la gestión y las finanzas de la archidiócesis, hasta el punto de que le nombró interventor general de la misma, cargo que aceptó sin remuneración alguna, y le dio un puesto en el Consejo Económico, además de formar parte del patronato de la FSVSC. Como López Royo, en el año 2018 cruzó su destino profesional con el bufete Chávarri, al incorporarse en la recién creada Fundación Chávarri para el Bien Común. Ingeniero de Telecomunicaciones y doctor en informática, goza de una dilatada trayectoria profesional que, entre otros hitos, incluye haber sido socio de la consultora Arthur Andersen y alto directivo de Banesto, Banco Santander y La Caixa. El pasado octubre, abandonó su puesto de interventor de la archidiócesis.

3. Manuel Fernández Clemente: Abogado urbanista, fue asesor de la Comunidad de Madrid en esta materia bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Tanto en Fusara como en FSVSC era secretario del patronato cuando se llevaron a cabo todas estas operaciones. A diferencia de López Royo y Lage, su vinculación con estas entidades ligadas al Arzobispado no responde a la llegada de Osoro, ya que su relación es anterior, pero sí coincide con ellos en haber participado en los dos lados de estas operaciones. En concreto, en 2018 pasó a incluir en su tarjeta de presentación el cargo de "abogado colaborador de Chávarri", y en San Jorge fue propuesto para trabajar para Nebrija en la tramitación de todo el plan especial que necesitaba la universidad para convertir la parroquia, la residencia, y el resto de terrenos junto al Bernabéu en un gran campus.

4. Ignacio Olmos: Administrador de Fusara desde hace ocho años, es hijo de Ignacio Olmos Vicente, quien fue secretario general del protectorado de fundaciones y de quien heredó un bufete de abogados que trabaja para numerosas fundaciones de órdenes religiosas. Como gerente de Fusara, tenía responsabilidad sobre el estado de las cuentas, el mantenimiento de los edificios o la administración vecinal, aspectos especialmente relevantes en esta investigación, ya que el argumento que esgrimió Chávarri para vender un 20% por debajo del valor de tasación fue la crítica situación en que se encontraban todos estos aspectos. A pesar de ello, el patronato mantuvo a Olmos como gestor e, incluso, se le autorizó a firmar un contrato con Tapiamar, la sociedad que compró los 14 edificios, que ha llevado a que sea esta entidad, y no Fusara, la que esté cobrando las rentas de los alquileres desde julio de 2019, lo que ha dejado a la fundación sin esta importante vía de ingresos.

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5. Antonio Naranjo: Gerente de FSVSC y presidente de Fusara tras la dimisión de López Royo, en octubre de 2019, tenía varios contratos con diferentes fundaciones ligadas al Arzobispado, gracias a su posición como Responsable del Área Financiera Administrativa de la delegación de fundaciones. Fuentes consultadas por El Confidencial han acreditado que también se le hizo partícipe de las reuniones del bufete Chávarri para su nueva apuesta de negocio con las fundaciones y órdenes religiosas. Cuando tomó el relevo a López Royo en la presidencia de Fusara, a pesar de que el caso ya había sido judicializado, siguió adelante con la compra de un solar a Metrovacesa al doble del precio de mercado y con las reuniones en Ayuntamiento y Comunidad para comprar terrenos en el sur de Madrid.

6. Chávarri Abogados: Este bufete, presidido por Antonio Chávarri, aparece en el epicentro de la trama por sus numerosas conexiones a uno y otro lado de la mesa. Además de los lazos con los protagonistas ya citados y de las millonarias comisiones cobradas, llama la atención la madeja que crea junto a su hermano Raúl y que conecta con todas las operaciones. En la venta de los 14 edificios, además de la oferta de Tapiamar, se presentó otra de Prado Advocats muy inferior. El socio director de este bufete comparte con Raúl Chávarri sillón en el consejo de la socimi Baricentro y estuvo detrás de la empresa Building the next Success, que consiguió la opción de compra de dos edificios de la Fundación Molina Padilla. En San Jorge, Chávarri trabajó para vendedor y comprador, la Universidad de Nebrija, y ambos le pagaron millonarias comisiones; mientras que en Metrovacesa, además de ser responsable de haber aceptado la cláusula leonina que amenaza con quebrar la fundación, conecta por haber sido la empresa de Raúl, AQT, la que operó para la promotora.

7. Universidad de Nebrija: La institución presidida por Manuel Villa-Cellino estrechó lazos a Chávarri tras cerrar la compra de los terrenos de FSVSC, parroquia y residencias de ancianos incluidas, al pasar a patrocinar la Cátedra por el Bien Común de la Fundación Chávarri y a financiar los desayunos que se organizaron bajo el paraguas de esta iniciativa. Además, pagó 2,5 millones de euros de comisión al bufete y ofreció a Fernández Clemente trabajar para ella en toda la tramitación necesaria para hacer un campus en estos terrenos junto al Santiago Bernabéu. Tras destaparse el escándalo, firmó un acuerdo de reversión con el Arzobispado.

8. Tapiamar: Quién es realmente el comprador de los 14 edificios residenciales de Fusara sigue siendo una incógnita, debido a las versiones contradictorias dadas por sus protagonistas. Formalmente es la sociedad de nueva creación Tapiamar, que tiene como administrador único a Roberto de Juan, quien figura como socio de Álvaro Portanet (alto directivo de Barclays y cuñado de Alejandro Agag) en varias sociedades. Chávarri defendió la solvencia de Tapiamar, precisamente, alegando que Portanet estaba detrás, cuando la realidad es que el 100% del dinero vino del fondo Castlelake, a quien tomó el relevo Ares, interesado en inyectar estos edificios a su recién creada socimi Iante, que cotiza en Francia. A la rareza de haber llevado a cabo una operación de este tipo en tiempo récord, sin transparencia y un 20% por debajo del valor de tasación, se une que los dos únicos candidatos presentados fueran la desconocida Tapiamar y un bufete, Prado Advocats, que tiene varios lazos con los Chávarri.

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9. Enrique García Candelas: Los lazos del que fuera director general de Banco Santander con esta trama llevan a otra fundación, Molina Padilla, en cuyo patronato estaban tanto López Royo, como Chávarri y Fernández Clemente. Con una forma de operar similar a la vista en Fusara, Chávarri defendió vender dos edificios que tenía la fundación en el madrileño barrio de Salamanca, y el patronato lo aceptó. El comprador fue la sociedad Building the Next Success, tras la que estaba Prado Advocats hasta que se traspasó la sociedad, con esta opción de compra, a Iberus International, filial de Tarsso Gestión, sociedad propiedad 100% de García Candelas. En paralelo, Chávarri escindió la división Celtíbero Servicing, que pasó a denominarse Tarsso Abogados y cuyo administrador único, desde el pasado enero, es García Candelas. Fuentes consultadas creen que las dos operaciones están conectadas y que la adquisición del despacho podría haberse querido financiar con las ganancias de la venta de los edificios, ya que Building se los quedó por 13 millones y rápidamente se sacaron al mercado por casi el doble, 25 millones.

10. Universidad Alfonso X El Sabio: La UAX hizo llegar al patronato de Fusara, a través de otro mandato concedido a Chávarri, una oferta para instalarse en el colegio de Santamarca mediante un derecho de superficie a 75 años, propuesta que se remonta al pasado verano. Para entonces, acababa de abrirse la investigación interna ordenada por Osoro y el nuevo equipo dio orden de parar todas las operaciones en marcha. A pesar de ello, Chávarri ha seguido intentando completar esta operación hasta hace apenas dos semanas, cuando siguió enviando burofaxes al arzobispado tratando de poner en valor su mandato, pero siempre se ha encontrado enfrente una negativa, ya que sus poderes han sido revocados. Se da la circunstancia de que Jesús Núñez, fundador de esta universidad, y García Candelas son socios en negocios inmobiliarios.

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11. Metrovacesa: La promotora controlada por Santander y BBVA vendió el pasado marzo un terreno en Valdebebas por el doble de precio de las operaciones de mercado comparables, un sobreprecio que ha vuelto a ponerse de relieve esta misma semana, cuando el propio Ayuntamiento de Madrid ha visto cómo se quedaba desierta la subasta de dos suelos que había puesto en el mercado a un precio un 30% inferior al que pagó Fusara a Metrovacesa. La inmobiliaria, que en esta operación fue de la mano de Raúl Chávarri, intentó acelerar la compra el pasado diciembre, justo después de que saliera publicada la noticia de apertura de diligencias en el juzgado número 51 de Madrid por la venta de los 14 edificios. Con este dinero es con el que se iba a financiar la adquisición de los terrenos y la duda ahora está en si, por este motivo, Metrovacesa, asesorada por Uría, incluyó la cláusula que a punto ha estado de arruinar a la fundación. Como adelantó este medio, por dos ocasiones intentó la promotora ejecutar dicha clásula, que le habría permitido quedarse con 23 millones y el solar. Además, el plan inicial contemplaba destinar también a Valdebebas parte del dinero de la venta de San Jorge, ya que hacían falta más de cien millones para abordar todo el proyecto, incluida la construcción, a lo que el nuevo equipo del Arzobispado se negó.