La trama que expolió a fundaciones de la Iglesia salpica a un edificio del Arzobispado

En el número 25 de la Cava Alta, en pleno corazón del Madrid más histórico, hay un viejo edificio de cuatro alturas y poco más de 1.000 metros cuadrados de superficie que, según recoge la investigación llevada a cabo por la policía judicial, también lo intentó vender la presunta trama creada para expoliar el patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia Católica.

Este inmueble, ubicado a apenas dos minutos del conocido restaurante Lucio, pertenecía a la Hermandad de la sacramental de San Justo, que era la encargada de gestionar el cementerio del mismo nombre y que tenía este edificio como patrimonio. Cuando la hermandad desapareció, revertió en el Arzobispado de Madrid, entonces dirigido por Antonio María Rouco Varela, que la constituyó como Fundación Sacramental Pía Autónoma y pasó a ser propietario del inmueble.

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El 18 de abril de 2018, el entonces vicario episcopal de asuntos económicos, Fernando Martínez, y el presidente de Chávarri Abogados, Antonio Chávarri, firmaron un acuerdo de colaboración que "tiene como finalidad" encomendar al bufete "las actuaciones previas tendentes a vender la finca indicada" ubicada en el número 25 de Cava Alta "por un precio de venta final que no puede ser inferior, en ningún caso, a un millón setecientos mil euros".

Este bufete es el mismo que intermedió las ventas de 14 edificios residenciales de la fundación Fusara, de la parroquia de San Jorge, propiedad de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), y de dos edificios de la Fundación Molina Padilla, operaciones que están siendo investigadas por el juzgado de instrucción número 28 de Madrid.

Ha sido en la pieza que la policía judicial ha aportado a la causa en la que ha aparecido este nuevo mandato, que a diferencia de los anteriores ya no es con fundaciones civiles ligadas a la Iglesia Católica, sino directamente con el Arzobispado, y que se firmó la misma semana en la que también se encargó a Chávarri la venta de los terrenos donde se encuentra la Parroquia de San Jorge y de gestión urbanística de un inmueble de la FSVSC en Coslada.

El informe policial, de hecho, pone el foco en la coincidencia temporal de estos tres mandatos, con el importante añadido de que se sellaron justo cuando el entonces Delegado de Fundaciones del Arzobispado, David López Royo, fichó por Chávarri. Una dinámica que se mantuvo y que permitió, según destaca la pieza policial, que desde su incorporación al bufete, en la primavera de 2018, hasta su renuncia forzada como delagado de fundaciones en octubre de 2019, se otorgaran mandatos de venta por prácticamente todos los inmuebles de Fusara y FSVSC.

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El hecho de que en esta ocasión el acuerdo lleve la firma del que fuera ecónomo de la archidiócesis amplía el foco hacia el entonces interventor general de la diócesis, Julio Lage, que también fichó por Chávarri en la primavera de 2018 como miembro del patronato de su recién creada fundación, y a quien el informe de la policía judicial cita entre las figuras clave.

Fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que el contrato de venta del edificio de Cava Alta se firmó por orden del financiero gallego, que encargó una nueva tasación, y que la salida de Fernando Martínez del Arzobispado apenas cuatro meses después respondió a sus diferencias con Lage y con la gestión económica que se estaba llevando, una versión que este medio ha tratado de confirmar con el antiguo ecónomo, ahora al frente de una parroquia de Madrid, pero ha declinado hacer ningún comentario.

El mandato de venta de Cava Alta se firmó la misma semana que San Jorge y justo cuando Chávarri fichó al delegado de fundaciones y al interventor

El contrato reconocía a Chávarri el derecho a cobrar entre un 3% y un 5% del precio final, "cuyo importe resultante con su IVA correspondiente se repercutirá al comprador", recoge el acuerdo de colaboración. Éste, además, contempla la renuncia a "cualquier fuero que pudiera corresponderles" y emplaza a las dos partes a someterse a lo que establece el Código de Derecho Canónico.

Precisamente, cuando estallaron los escándalos de Fusara y San Jorge, el cardenal Carlos Osoro ordenó abrir una investigación canónica para aclarar qué había ocurrido en estas fundaciones, civiles en forma pero eclesiales en el fondo, al haber sido encomendadas al cuidado de la Iglesia, y que ponía en el foco a su delegado episcopal y al interventor general. Tras el desembarco del nuevo equipo, se pararon todas las ventas y ha sido a raiz de una denuncia de sus abogados cuando se ha llevado a cabo la investigación de la policía judicial.

Robo en San Justo

Hace pocas semanas, y por partida doble, las oficinas de la Fundación Sacramental de San Justo, en el Paseo Ermita del Santo de Madrid, fueron víctimas de dos robos, asaltos que además de llamar la atención por lo repetitivo, destacan por el interés que tenían los asaltantes en los discos duros, arrancando de cuajo todo tipo de componente de los equipos informáticos. Este episodio recuerda al sufrido en otra fundación que forma parte de la misma investigación, Fusara. Como desveló El País, en noviembre de 2019, las oficinas de esta entidad en la calle Barquillo fueron asaltadas de madrugada y, tras arrancar el contador de la luz, se llevaron un disco duro con las imágenes de las cámaras de seguridad. El robo se produjo apenas nueve días después de que los vecinos de los 14 edificios de Fusara interpusieran una querella criminal, causa que ahora lleva el juzgado 28.