Todas las conexiones políticas tras la trama inmobiliaria de las fundaciones de la Iglesia

Cuando estalló el escándalo de Fusara, fundación que hace un año vendió 14 edificios de viviendas en el centro de Madrid, los vecinos afectados por esta opaca operación llamaron al entonces concejal del ayuntamiento, Mauricio Valiente, y a la delegada del Gobierno en ese momento, Paz García Vera, para preguntarles qué había pasado. Aunque se trata de una institución vinculada directamente con la Iglesia Católica, al haber querido la fundadora encomendar al arzobispo su tutela con la presidencia del patronato, se trata de una entidad civil gobernada también por el consistorio y el Ejecutivo central, que tienen la misma responsabilidad que el purpuado como patronos.

Sin embargo, cuando saltaron las alarmas, pareció como si nadie supiera nada y todas las formaciones políticas prefirieron mirar para otro lado, a pesar de que tenían conocimiento directo de los planes que el entonces presidente de Fusara y delegado de fundaciones del Arzobispado, David López Royo (quien ahora está en el epicentro de las sospechas), tenía para estas instituciones: vender patrimonio y llevar colegios y residencias a un nuevo complejo sociosanitario y educativo que quería levantar sobre terrenos municipales.

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A pesar de ello, ningún representante del ayuntamiento ni de la delegación del Gobierno acudió a las reuniones clave del patronato en las que se aprobó el traspaso de las viviendas: ni el 24 de abril de 2019, cuando se mandató al bufete Chávarri para ejecutar la operación, ni el 24 de mayo, cuando se aprobó la venta apenas dos días antes de las elecciones municipales, ni el 23 de septiembre, ya bajo el nuevo Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, cuando se refrendó la operación.

Cuando se celebró la primera de estas tres reuniones, García Vera hacía apenas dos semanas que había sido nombrada delegada del Gobierno, pero Valiente, en cambio, había tenido un estrecho contacto con López Royo, hasta el punto de que fue el concejal de IU quien le abrió las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Según puede comprobarse en el portal de transparencia, desde julio de 2016, nada más aterrizar López Royo en la presidencia de Fusara, hasta la primavera de 2019 en que se vendieron las viviendas, ambos compartieron varios encuentros fuera del patronato, comidas de Navidad incluidas.

En junio de 2018, esta relación llevó a Valiente, tal y como ha reconocido a este medio, a solicitar a José Manuel Calvo, entonces concejal de Urbanismo, que se sentara con Fusara para que el consistorio cediera a la fundación unos terrenos donde desarrollar un proyecto sociosanitario y educativo, que en los ambientes religiosos se bautizó como Ciudad de la Misericordia.

En la primera de estas reuniones, celebrada en las oficinas municipales de Plaza de la Villa, López Royo planteó su interés por encontrar un terreno al que trasladar las instalaciones del colegio que tiene la fundación en Chamartín; en la segunda, celebrada en noviembre de ese mismo año, Urbanismo ofreció varias opciones; y en febrero de 2019 se trató ya en detalle sobre un suelo en el barrio de El Cañaveral.

Llama la atención que quien asistió a este último encuentro fuera Chávarri, el mismo bufete que dos meses después sería mandatado por Fusara para vender las viviendas, lo que significa que ya antes de que el patronato aprobara esta desinversión se estaban realizando gestiones en el ámbito político y administrativo.

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A esto se añade que el bufete acudió al encuentro, según aparece en el correo convocatorio, como representante de otra fundación de la Iglesia, FSVSC, la dueña de la parroquia de San Jorge, que acababa de ser vendida a la Universidad de Nebrija, a pesar de que se trata de dos entidades civiles y, por tanto, independientes.

Entre los convocados por parte del bufete se citaba, entre otros, a Raúl Chavarri, Manuel Fernández Clemente y Antonio Naranjo, todos ellos nombres que se han ido repitiendo en las diferentes operaciones inmobiliarias protagonizadas por las fundaciones y ahora investigadas.

Aunque acudieran en representación de FSVSC, desde el anterior equipo de urbanismo se ha asegurado a este medio que ellos siempre consideraron esta reunión como una continuación de las mantenidas con Fusara, con quien se estaba negociando la posible concesión del terreno por unos años a cambio de un canón, para levantar un colegio concertado o privado. Del mismo modo, Valiente ha asegurado que todas las gestiones que realizó fueron para Fusara (él solo era patrono de dicha fundación, mientras que López Royo y Fernández Clemente estaban en ambas).

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El interés mostrado por el que fuera tercer teniente de alcalde por los proyectos de López Royo choca con el desconocimiento que siempre ha afirmado tener de las operaciones de venta de Fusara y con su ausencia en las reuniones del patronato que permitieron llevarlas a cabo, luz verde que se dio con el voto del concejal de IU delegado en respaldo de la misma.

Justo después de esta operación, el entonces presidente de Fusara fichó a un antiguo compañero de Valiente en Izquierda Unida como coordinador de centros de la fundación. Se trata de Rubén Bejarano, político que en 2017 se integró en Actúa, partido impulsado por Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón que, entre otras ideas, defendía una apuesta radical por la educación pública, sin asignatura de religión, y legalizar la eutanasia.

Bejarano iba de número cinco en la lista de Actúa al Congreso por Madrid, posición que el hoy abogado ha explicado que fue su forma de abandonar la política, consciente de que no iba a conseguir escaño. Así, tras los comicios, se incorporó a Fusara con un contrato fijo y un papel institucional que le llevó, por ejemplo, a interceder ante el PSM –Partido Socialista de Madrid– para que respaldara el proyecto de Fusara de crear un gran complejo sociosanitario y educativo, según han reconocido desde el grupo liderado por Ángel Gabilondo, que también asegura no haber aceptado nunca el encuentro.

En paralelo, FSVSC fichó a Daniel Álvarez Cabo, médico de formación y ex diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que se incorporó en octubre de 2019 con el reto de dar a conocer el proyecto a todas las formaciones, según ha reconocido él mismo en conversación telefónica con este medio. Especialmente volcado en la idea de abrir un hospital de media y larga estancia (cuya obra preveía financiarse con los recursos de las fundaciones y el servicio posterior con conciertos públicos), asegura que contactó con Podemos, Vox y con su antigua formación política.

Sin embargo, tras la dimisión de López Royo ese mismo octubre, nada más estallar el escándalo por la venta de los 14 edificios de viviendas, le llevó a pactar su salida, que se ejecutó en enero de 2020.

Ese mismo mes, Bejarano también comunicó por carta su renuncia al cargo que ostentaba en Fusara pero, inmediatamente después, firmó uno nuevo como asesor externo por seis meses. A preguntas de este medio, el antiguo militante de IU, que acababa de colegiarse, cuando fichó por Fusara, ha asegurado que su nuevo papel era el de asesor jurídico en la creación un consorcio entre la Administración y la fundación que diera forma al citado complejo sociosanitario. A partir de verano, con la investigación interna encargada por el cardenal Carlos Osoro ya en marcha, no se renovó este segundo contrato.

Reuniones con todos

Antes de los comicios de 2019 que dieron la alcaldía de Madrid a PP y Ciudadanos, y antes de los fichajes de Bejarano y Álvarez Cabo, el propio López Royo ya había mantenido reuniones tanto con los populares como con los naranjas, según ha podido acreditar este medio, encuentros que ambas formaciones enmarcan dentro de la labor habitual de los grupos de escuchar diferentes proyectos y propuestas y que ponen de manifiesto que, para cuando tuvo lugar la reunión del patronato de Fusara de septiembre en la que se refrendó la venta de las viviendas, estos dos partidos ya eran conocedores de los proyectos del entonces presidente de la fundación.

El cambio de Gobierno trajo consigo un relevo de patrono en Fusara, ya que el sillón del ayuntamiento corresponde al alcade del momento, lo que hizo que el foco se pusiera a partir de ese momento sobre el equipo de José Luis Martínez-Almeida. Como publicó este medio, el alcalde siempre ha esquivado asumir cualquier responsablidad por la situación de la fundación, los colegios que sostiene y los inquilinos afectados por la venta de sus viviendas, quiebro que ha hecho alegando que nunca aceptó el cargo de patrono. Pero, al mismo tiempo, asegura que delegó la representación en el responsable de Familia y Servicios Sociales del consistorio, José Aniorte.

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A la, al menos en apariencia, incoherente situación de delegar algo que no se ha aceptado, se une el hecho de que Aniorte ya había mantenido una reunión con Fusara en marzo, dos meses antes de las elecciones, en la que se le informó sobre los planes que quería desarrollar en El Cañaveral, y cuya construcción preveía financiarse con el patrimonio de las fundaciones. A este encuentro también acudieron la actual vicealcaldesa, Begoña Villacís, el actual concejal de urbanismo, Mariano Fuentes, y Alberto Reyero, consejero de políticas sociales de la Comunidad de Madrid hasta su dimisión hace dos meses.

Sin embargo, como había hecho Valiente unos meses antes, Aniorte optó por delegar su voto en la reunión de septiembre de 2019 que refrendó la venta de las viviendas de Fusara, aunque desde el consistorio siguen sin aclarar a este medio la validez de tal delegación de voto, al no haber aceptado el cargo el propio alcalde. A esto se une que el PP también tenía conocimiento previo de los planes de López Royo, ya que el actual concejal Borja Fanjul figura en la lista de políticos que mantuvieron reuniones previas a las elecciones.

Tras estallar el escándalo y dimitir López Royo, en la archidiócesis se creó una comisión de fundaciones, con el obispo auxiliar José Cobo al frente, y se empezó a recabar información sobre todas estas operaciones. En paralelo, según puede comprobarse en los portales de transparencia del ayuntamiento y la comunidad, Naranjo y Fernández Clemente se reunieron con el director general de gestión urbanística del consistorio en febrero de 2020, para explicarle el proyecto de El Cañaveral, y el 2 de marzo hubo otro encuentro con el director general de educación concertada, becas y ayudas al estudio de la comunidad. Dos días después de este encuentro, se cerró la compra a Metrovacesa de un solar para hacer un edificio de oficinas, proyecto en el que se comprometió todo el dinero logrado con las ventas de Fusara y FSVSC.

Poco después, en el Arzobispado se decidió abrir una investigación y, tras consultar al Vaticano sobre cómo hacerlo, el propio Osoro firmó el 15 de junio el decreto de investigación, tras el que se tomó la decisión de limitar la administración de las fundaciones encomendadas a la Iglesia a lo estrictamente ordinario. Estos trabajos dieron un salto de dimensión el pasado viernes, cuando el papa Francisco pidió exigir responsabilidades y hacer una auditoría de los últimos 20 años.

En cambio, las otras dos grandes instituciones patronas de Fusara, alcaldía y delegación de Gobierno, han optado por dejar su cargo "pendiente de aceptación".