La trama inmobiliaria de Fusara también intentó vender el colegio de Chamartín

“Fue lo primero que intentaron vender, pero el cardenal lo paró”. Así resume una fuente conocedora la primera gran operación que intentó llevar a cabo la presunta trama inmobiliaria que habría expoliado el patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica. Se trata del colegio-asilo Fundación Santamarca, un centenario edificio situado en pleno barrio de Chamartín que, actualmente, es un centro concertado mixto sostenido, en gran parte, con los alquileres de 14 edificios residenciales de la misma entidad de beneficencia.

Este colegio es el objeto fundacional de Fusara (acrónimo de Fundación de Santamarca y San Ramón y San antonio), entidad que saltó a las primeras páginas de los periódicos hace ahora un año, cuando un grupo de vecinos de estos 14 inmuebles denunció su venta a una sociedad recién creada, Tapiamar, querella que fue admitida a trámite por el juzgado número 51 de Madrid en diciembre del año pasado.

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Pero, aunque esta operación ha sido la primera en judicializarse, en realidad, fue la tercera en ponerse a la venta. Según afirman varias fuentes conocedoras, el bufete Chávarri la llevó al patronato de Fusara después de haberse cerrado la puerta del colegio y tras haber acordado también el traspaso de la parroquia de San Jorge y de todo el terreno que otra fundación (Santísima Virgen y San Celedonio) tiene junto al estadio Santiago Bernabéu a la Universidad de Nebrija, venta que las dos partes firmaron ayer deshacer.

Como ha venido informando este medio, el despacho de Antonio Chávarri era siempre el mandatado por estas fundaciones, presididas por el delegado de fundaciones de la archidiócesis, David López Royo, hasta que dimitió al estallar los primeros escándalos, hace ahora un año. Otros nombres que se repiten en los casos que están siendo investigados son el interventor general de la archidiócesis, Julio Lage; el secretario de las fundaciones, Manuel Fernández-Clemente, o los gerentes Ignacio Olmos y Antonio Naranjo.

Al rechazo del cardenal se unió que, legalmente, Fusara no se podía deshacer de su objeto fundacional. Lejos de desistir, Chávarri buscó una alternativa y, poco antes de la dimisión de López Royo, se volvió a llevar al patronato una operación sobre el colegio, pero, en esta ocasión, en forma de concesión a muy largo plazo (las fuentes consultadas hablan de casi un siglo).

Además, para mantener el carácter docente de la institución, se planteó como un activo trofeo para cualquier universidad, entidades que viven un momento especialmente álgido en los últimos años y sobre las que han posado sus ojos los grandes fondos de capital riesgo, que están protagonizando millonarias operaciones de compra.

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Tras vender los 14 edificios de viviendas y permitir a Tapiamar cobrar los alquileres de las mismas (a pesar de no haberse completado la compra), Fusara se ha quedado sin una de las principales fuentes de financiación del colegio, que según su última auditoría pública cuenta con una plantilla en nómina de 53 personas y más de 400 niños escolarizados en sus aulas.

A esta labor se une la residencia para niñas sin recursos económicos, que también se encuentra en este histórico edificio de la calle Marcenado y que acoge a 47 beneficiarias, cuyo hogar se intentó vender dentro de toda la maraña de operaciones tejida en torno a las fundaciones ligadas a la Iglesia católica. Un complejo nudo que las fundaciones, por orden del arzobispado, están intentando deshacer. En el caso de Fusara, el objetivo es intentar recuperar la titularidad de los inmuebles.