La presunta trama inmobiliaria de la Iglesia pone en jaque al Gobierno de Almeida

La presunta trama inmobiliaria que se está investigando en el seno de la archidiócesis de Madrid, y que ha saltado a la palestra por las ventas protagonizadas por dos fundaciones ligadas a la Iglesia, Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), tiene repercusiones más allá de los muros del Arzobispado. La situación ha puesto el foco en el actual equipo de gobierno de la capital, a quien esta polémica acecha por partida doble: por el sillón que le corresponde dentro del patronato de Fusara y, en la segunda, por la solicitud de un plan parcial que abriría la puerta a dar un pelotazo en unos terrenos situados justo al lado del estadio Santiago Bernabéu.

En el caso de Fusara (acrónimo de Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio), su acuerdo de venta de 14 edificios residenciales en el centro de la capital está siendo investigado en un juzgado madrileño, después de que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel detectara elementos suficientes para abrir diligencias por un posible delito de estafa. En concreto, tal y como desveló 'El País', se sospecha que el patronato de la fundación “está deficientemente constituido y que el firmante de la compraventa no ostenta poder válido, motivo que ha dado lugar a que la inscripción de la compraventa de cinco fincas haya quedado suspendida en el Registro de la Propiedad”.

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Entre las figuras clave para determinar si ese patronato está correcta o incorrectamente constituido, sobresale el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien por su cargo le corresponde un sillón en el máximo órgano de Gobierno de Fusara. Cuando estalló el escándalo, hace ahora un año, el también portavoz nacional del PP aseguró no poder dar explicaciones sobre este caso al no haber aceptado el cargo de patrono, negativa que, precisamente, fue una de las aristas que impidieron registrar esta operación.

Sin embargo, en la página web de Fusara, y en la sección reservada a buen gobierno, aparece el “excelentísimo señor José Luis Martínez-Almeida” como uno de los miembros del patronato, versión que choca directamente con la ofrecida por un portavoz del alcalde a este medio, al afirmar: “Nunca aceptó formar parte del patronato. En su lugar, el Ayuntamiento decidió que formaría parte del mismo José Aniorte, delegado de Familias y Servicios Sociales. Este no ha acudido a ninguna reunión y solo delegó en David López Royo [exdelegado de Fundaciones de la diócesis de Madrid] el voto para la que se mantuvo el 23 de septiembre”.

A la pregunta de por qué no acepta el cargo, si se replantea su posición a la luz de cómo está evolucionando este caso y por qué aparece Almeida directamente como patrono en la web de Fusara, el ayuntamiento declina responder.

La citada reunión del 23 de septiembre es otro de los puntos negros de esta historia, ya que, según el recurso que presentó el gerente de Fusara, Ignacio Olmo, ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la negativa del registro a inscribir la venta, “no consta la delegación y voto” de Aniorte, lo que arroja más interrogantes sobre el papel del consistorio en las reuniones del patronato.

Hace un año, cuando estalló el caso Fusara y se preguntó al alcalde si podía dar alguna explicación, este echó balones fuera y recordó que fue bajo el mandato de Manuela Carmena y con su concejal Mauricio Valiente en el patronato de Fusara cuando, en mayo, se aprobó la venta. Lo que no comentó entonces es que en la reunión del 23 de septiembre se refrendó el acta de mayo, aspecto que sí extiende la cuestión hasta el actual equipo.

El pelotazo de San Jorge

Las mismas dudas que sobrevuelan Fusara también se ciernen sobre el futuro de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), que hace dos años llegó a un acuerdo con una sociedad ligada a la Universidad Antonio de Nebrija para vender los terrenos que tiene en la calle Padre Damián, a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu, donde se encuentra la parroquia de San Jorge, además de un asilo de ancianos, atendido por unas monjas que también viven ahí, y unos jardines.

Como adelantó El Confidencial, Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía de Madrid una querella presentada contra esta operación, cuyos protagonistas enlazan con Fusara, por considerar que todo puede formar parte de la misma trama que ya se está investigando en el juzgado número 51 de la capital. Entre los múltiples interrogantes que rodean esta venta, cifrada en 37 millones de euros, uno salpica directamente al Ayuntamiento de Madrid, a quien se ha consultado para la aprobación de un plan especial en estos terrenos que permitiría casi triplicar su edificabilidad y cambiar usos.

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Según ha confirmado El Confidencial con fuentes del consistorio, miembros de la fundación han realizado consultas para poder sacar adelante este cambio, unos trabajos cuya gran beneficiada sería Residencias Nebrija SL, sociedad tras la que están el presidente de la Fundación Nebrija, Manuel Antonio Villa-Cellino, y su familia, que, según se ha denunciado en Anticorrupción, aparece como la compradora de los terrenos de San Jorge.

Los feligreses de esta parroquia, la que más vocaciones sacerdotales tiene de todo Madrid, sospechan que la venta está condicionada a lograr esta aprobación. Para hacer tal afirmación, remiten a una reunión que tuvieron con el vicario episcopal, Juan Carlos Vera, quien, cuando le preguntaron sobre estos aspectos, respondió: “A esas preguntas no puedo contestar porque son cláusulas confidenciales”, aseguran.

La compra de San Jorge se ha hecho a través de Residencias Nebrija, detrás de la que están el presidente de la fundación Nebrija y su familia

Este medio no ha podido confirmar con la diócesis que la venta esté condicionada al plan especial, al haber declinado hacer comentarios, pero otras fuentes del entorno del Arzobispado reconocen que se quiere llevar a cabo el plan especial, aunque niegan que la venta esté condicionada a conseguir la luz verde del equipo de Almeida.

Además de las investigaciones judiciales, existe otra abierta en el seno de la propia Iglesia. El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, creó una comisión de investigación en junio, respaldada por el Vaticano, y cuyos efectivos se han tenido que ir multiplicando conforme se ha ido avanzando en las pesquisas. Unos trabajos que, por el momento, han supuesto ya la salida de Julio Lage como interventor general de la diócesis, aunque continúa formando parte del Consejo Económico.

Su marcha se suma a la de David López Royo, quien dimitió hace un año, cuando estas ventas salieron a la luz pública, operaciones en las que se repiten una serie de nombres, como la del bufete Chávarri, que ha intermediado las ventas y que, además, ha creado una cátedra junto a Nebrija, o Manuel Fernández Clemente, secretario en San Jorge y a quien la jueza citó por Fusara.

Las fuentes consultadas por este medio aseguran que se esperan más salidas y que la Iglesia defenderá que en todo momento se respete el carácter fundacional de Fusara y FSVSC, que va dirigido a cuidar de niños y ancianos, para lo cual está dispuesta, incluso, a revertir estas operaciones.