Anticorrupción remite a Fiscalía de Madrid una presunta trama inmobiliaria en la Iglesia

La sombra de la sospecha vuelva a ceñirse sobre la Archidiócesis de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía de Madrid una querella presentada contra más de una docena de personas ligadas a la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC) por haber vendido a la Universidad Antonio de Nebrija los terrenos y la parroquia que esta entidad tiene en la calle Padre Damián, a pocos metros del Estadio Santiago Bernabéu.

Según ha podido confirmar El Confidencial con fuentes judiciales, Anticorrupción ha remitido la querella ante la sospecha de que esta operación está relacionada con otra polémica venta de patrimonio inmobiliario ligado a la Archidiócesis de Madrid que ya está judicializada, al haberse abierto diligencias previas en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid: Fusara.

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En diciembre de 2019, la magistrada admitió a trámite la querella interpuesta por los vecinos de los 14 edificios residenciales que la Fundación Fusara posee en el centro de Madrid y que vendió por 74 millones de euros, operación que se había llevado a cabo unos meses antes, según los querellantes, con total opacidad, bajo precio, sin legitimidad para ello y teniendo al otro lado de la mesa sociedades recién creadas y sin capacidad financiera para hacer frente a esta adquisición, por lo que se rodearon de fondos oportunistas que les concedieron el préstamo.

Prácticamente en paralelo a Fusara se llevó también a cabo la venta del patrimonio inmobiliario de FSVSC, transacción con la que coinciden muchos protagonistas, intermediarios, modo de operar y falta de transparencia, según la nueva querella. Todos estos aspectos han convencido a Anticorrupción para remitir el caso al área de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid.

Con esta decisión, se está yendo un paso más allá del caso concreto de la venta de la parroquia de San Jorge, al haber considerado Anticorrupción que hay bastante conexión con Fusara y, por tanto, que podría tratarse de una trama inmobiliaria con el patrimonio de la Iglesia.

En el epicentro de las sospechas, tanto en Fusara como en FSVSC, está David López Royo, delegado episcopal de fundaciones del Arzobispado de Madrid, que durante tres años ha representado al cardenal Carlos Osoro en las 64 fundaciones que tiene encomendadas la Archidiócesis de Madrid.

Este laico (no es sacerdote) también aparece como director de Responsabilidad Social Corporativa de Chávarri Abogados, según el dosier de servicios para instituciones religiosas de este bufete, que ha intermediado en las dos operaciones de venta bajo sospecha y que, además, guarda estrecha relación con la Universidad de Nebrija, ya que junto a ella ha creado la bautizada como Cátedra Acción por el Bien Común.

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Por el lado del bufete, esta asociación se ha instrumentalizado a través de la Fundación Antonio Chávarri que, tal y como recogió el BOE (Boletín Oficial del Estado), se constituyó en marzo de 2018 (apenas unos meses antes de cerrar las ventas de San Jorge y Fusara) con Antonio Chávarri en la presidencia, David López Royo en la vicepresidencia, Daniel Hidalgo de tesorero, Jesús Merino de secretario y Julio Lage como vocal.

Este último es el interventor de la diócesis de Madrid y a quien Osoro encomendó tomar el relevo de López Royo cuando este dimitió por el escándalo que se desató hace un año, cuando saltaron a la prensa los acuerdos de venta de Fusara y San Jorge. Ya entonces, en algunos frentes de la Iglesia llamó la atención que el cardenal confiara a Lage la gestión de estos conflictos, ya que, como interventor y miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, se le supone conocedor de lo que se estaba haciendo con estas operaciones.

Otro nombre que se repite en los dos casos es el Manuel Fernández Clemente, que según publicó El Pais, fue citado por la jueza por el caso Fusara, y que también aparece en San Jorge como secretario de la FSVSC.

En las dos operaciones, los querellantes denuncian errores que anulan de origen los acuerdos de venta. De hecho, el juzgado 51 admitió a trámite el caso Fusara sobre la base de que el firmante de la compraventa carecía de poder válido, lo que impidió inscribir la compraventa de cinco fincas. En San Jorge, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, se habría dado una problemática similar, al haberse sellado el acuerdo de compraventa con unas actas en las que figura López Royo como representante del cardenal Osoro, lo cual no sería válido porque no es sacerdote.

La venta de la parroquia ubicada en la calle Padre Damián, donde también hay una residencia con 160 ancianos atendidos por monjas, se remonta a noviembre de 2018, cuando, ante un notario de Torrelodones, se acordó un precio de venta de 37 millones de euros por un conjunto inmobiliario de 30.000 metros cuadrados ubicados en una de las zonas más caras de Madrid.

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Dos meses después, este medio destapó que la Universidad de Nebrija se había hecho con todo este complejo, y un día después, 'Infovaticana' publicó que el acuerdo se había firmado a un tercio del precio que se pedía en un principio. En cambio, cuando se trata de comprar, la Iglesia paga un importante sobreprecio, ya que el pasado febrero acordó con Metrovacesa el pago de 48 millones de euros por un solar en Valdebebas, el doble del precio de mercado, según ha quedado subrayado con la posterior transacción de otros solares en la misma zona.

El escándalo llegó al punto de que la propia Iglesia decidió abrir una investigación interna, impulsada desde Roma y con la vista puesta en tratar de revertir la operación de venta de San Jorge. Según publicó 'Religión Confidencial', en el Vaticano preocupa la figura del cardenal Osoro, ya que en última instancia es quien preside los dos patronatos y quien dio su confianza a López Royo y al círculo de nombres que se repiten en los dos casos. Un escándalo que, ahora, está en manos de la Justicia.