Historia de un pecado: así se han expoliado los bienes de las fundaciones de la Iglesia

“Delante había una mentira comprensible, y detrás, una verdad incomprensible”. Esta frase de Milan Kundera en 'La insoportable levedad del ser' resume la esencia de cómo dos fundaciones ligadas a la Iglesia católica —Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC)— vendieron su patrimonio a precio de saldo, se embarcaron en aventuras especuladoras a precio de oro y dejaron sendas instituciones, fundadas para velar por los pobres, niños y ancianos, al borde de la quiebra.

Para analizar qué ha pasado, hay que remontarse cuatro años, al momento en que el cardenal Carlos Osoro, en línea con las nuevas reglas del papa Francisco, decidió crear la Delegación Episcopal de Fundaciones de Madrid para profesionalizar la gestión de estas instituciones (34 canónicas, 20 civiles y 10 del protectorado canónico) y confió a David Lopez Royo dirigirlas, nombrándole delegado episcopal de Fundaciones.

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Gracias a este cargo, López Royo, quien no ha querido hablar con este medio, pasó a ocupar el sillón presidencial del patronato de Fusara y de FSVSC, órganos desde los que se aprobaron las ventas de los dos patrimonios. Ahora, tanto la Justicia civil como la eclesial están investigando si estas autorizaciones se dieron correctamente o si respondieron a una estrategia diseñada para expoliar las dos instituciones en beneficio de grandes fondos, inmobiliarias cotizadas e intermediarios.

Motivos para las sospechas hay. El primero, que fue el que encendió las alarmas en la archidiócesis, según ha podido contrastar este medio, fue el fichaje de López Royo por el bufete Chávarri en enero de 2018, cargo que aceptó sin renunciar al de delegado episcopal. Al problema estético de estar en los dos lados, se unió un posible conflicto de interés, al empezar a encargar a este despacho todos los procesos ligados a la venta del patrimonio de las fundaciones.

En FSVSC, además de López Royo, destacan las figuras del secretario del patronato, Manuel Fernández Clemente, y del vocal e interventor general de la diócesis, Julio Lage. Ambos pasaron también a estrechar lazos con el bufete ese mismo año 2018, el primero presentándose en conferencias como abogado colaborador de Chávarri (además de negociando con el comprador de la parroquia de San Jorge tramitarle el plan especial), y el segundo, incorporándose de patrono a la recién creada Fundación Chávarri.

Apenas unos días después de constituirse esta entidad, en la que también tiene un sillón López Royo, se firmó la venta a Residencias Nebrija (sociedad controlada por el presidente de la Universidad de Nebrija, Manuel Villa-Cellino) de los terrenos y la parroquia de San Jorge por 37 millones de euros y previo pago de casi cinco millones en comisiones a Chávarri, cifra 10 veces superior a la habitual y que logró trabajando al mismo tiempo para el vendedor y el comprador.

El miedo al escándalo tiene una gran capacidad de mover voluntades, sobre todo cuando lo dicen primeros espadas de la diócesis

Una rareza, la de intermediar para las dos partes, que se repitió en Fusara y que se justificó con el argumento de salvaguardar la confidencialidad, el mismo que se utilizó para esquivar un proceso transparente de subasta en la venta de los 14 edificios de viviendas de la fundación y para no elevarlo al Consejo Económico de la archidiócesis. El miedo al escándalo, a ver la Iglesia en los titulares de prensa, tiene una enorme capacidad de inclinar voluntades, sobre todo cuando lo dicen primeros espadas que cuentan con la confianza del propio cardenal. ¿Qué razón habría para sospechar nada raro?

Así, cuando Chávarri presentó al patronato de Fusara la propuesta de venta del patrimonio residencial y su transformación en otro de oficinas, aseguró que en estos edificios se había detectado “una serie de anomalías” como “posibles actividades ilícitas”, dando a entender que se ejercía la prostitución, o el uso de algunos pisos para alquiler turístico de manera irregular.

Si a esto se une la posibilidad de ligar el escándalo a la Iglesia, se consigue el cóctel perfecto. Un 'modus operandi' que también se dio en FSVSC, donde se dijo que había que cerrar la residencia por un problema de licencias, que la casa del párroco era irregular e, incluso, que podría incurrirse en un delito de administración ilegal porque se trata de una fundación civil.

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Sin embargo, como se ha comprobado en la investigación interna encargada en la archidiócesis, la realidad distaba mucho de ser como se hizo temer y los déficits de los inmuebles de Fusara son comparables a los que tienen muchos edificios históricos del centro de Madrid y que suelen estar relacionados con la falta de adaptación a nuevas normativas (incendios, escaleras, etc.) o a haberse realizado obras sin licencia, fundamentalmente. Mientras que en FSVSC no había que cerrar la residencia de ancianos, sino que se estaban tramitando las licencias.

Pero esto se ha sabido ahora. Cuando se llevó la venta de los edificios de Fusara a su patronato, en la primavera de 2019, Chávarri recurrió al argumento de evitar el “riesgo reputacional” para recomendar vender deprisa, y con la excusa de la celeridad, se justificó hacerlo con un 20% de descuento sobre el precio de tasación, quita que choca frontalmente con la espiral alcista en que se encontraba el mercado de alquiler residencial del centro de Madrid en 2018 y 2019.

De cara a la venta, se encargó a Gesvalt y Valtecsa valorar todo el patrimonio, y estas firmas concedieron un valor de 97,16 y 86,7 millones de euros, respectivamente, lo que arrojó una media aritmética de 91,9 millones. Esta cifra, según el mandato que dio el patronato, debería haber sido la referencia para la recepción de ofertas. Pero no fue así, sino que se tomó como punto de partida la media de los valores de liquidación: 72,6 millones. De golpe, se acababa de renunciar a 20 millones de euros.

Suma y sigue, porque si en mayo estas fueron las cifras que se llevaron al patronato, en junio, después de haberse aceptado la oferta de Tapiamar, esta empresa contrató a Savills-Aguirre Newman para, supuestamente, revender rápidamente su posición, según han afirmado varias fuentes que conocieron este proceso y que aseguran que estos mismos 14 edificios fueron valorados para este proceso en 135 millones, casi el doble. Expertos consultados por El Confidencial ven demasiado elevada esta cifra, aunque consideran que está más próxima al valor real que el valor de liquidación a que se vendieron a Tapiamar, cuya oferta se limitó a 74 millones.

Con el argumento de acelerar la venta para evitar el escándalo, se vendió el patrimonio de Fusara con un descuento del 20% sobre su valor de tasación

Coincidencia o consecuencia, la realidad es que la firma administrada por Roberto de Juan debería haber realizado el primer pago a Fusara a mediados de junio, justo cuando Savills hizo el proceso de venta sin el éxito esperado, pero pidió una prórroga hasta finales de julio, plazo que se le concedió. Parece que ya no había prisa.

Entonces entró en juego el fondo Castlelake, que financió la totalidad del primer pago. Como desveló este medio, el fondo estadounidense constituyó la sociedad CIO Spanish Finance dos semanas antes de que el patronato de Fusara mandatara a Chávarri la venta de su patrimonio, y concedió a Tapiamar un préstamo de 41,5 millones, cantidad que permite hacer frente tanto a los 37 millones del primer pago como a los impuestos y las comisiones.

Este préstamo cuenta con dos tramos, A y B, siendo el primero de tres millones de euros, la misma cantidad que, según las fuentes consultadas, puso como opción de compra De Juan, quien ha declinado hablar con este medio. Entre los puntos que se están investigando figura, precisamente, aclarar quién era el comprador real de estas viviendas y si el secretario del patronato revisó quién estaba realmente detras de Tapiamar.

Al haberse concedido más del 100% de la financiación, según explican expertos consultados, se puede asemejar a que el comprador actúa como un legatario de Castlelake, fondo que concedió el préstamo a un año, prorrogable por acuerdo entre las partes. Sin embargo, antes de cumplirse ocho meses, vendió su posición a Ares, que asegura haber cumplido todas las exigencias de antiblanqueo, al haber comprobado que el dinero era de Castlelake, a quien se refiere como 'propietario último'.

El préstamo concedido por Ares al comprador de los pisos de Fusara coincide con el valor de tasación, pero Chávarri recomendó vender al de liquidación

Desde esta perspectiva, se podría llegar a afirmar que, realmente, el comprador son los fondos, y Tapiamar, un fiduciario haciendo negocios a descuento con el patrimonio de fundaciones de la Iglesia donado a "los pobres de Madrid", como quedó escrito hace un siglo.

Además, en esta cadena, cada nuevo eslabón que aparece eleva la valoración de los edificios, que superan los 80 millones si se toma como referencia la financiación de Castlelake, y los 90 millones con la de Ares, curiosamente, el mismo valor de tasación que concedieron Gesvalt y Valtecsa. Por el camino, Fusara ha perdido 20 millones de euros.

Vender barato, comprar caro

El mandato que dio el patronato de Fusara a Chávarri consistió en analizar la conveniencia de dejar de estar expuesto al mercado residencial en alquiler y apostar por estar invertido en oficinas, una reflexión que los expertos consultados consideran que puede ser lógica. El problema está en cómo se ha ejecutado, vendiendo un 20% por debajo del valor de tasación y comprando por el doble de las últimas operaciones comparables y con condiciones leoninas.

Aunque se dijo que con el dinero de las ventas de Fusara y FSVSC se iba a construir una ciudad de la misericordia en el sur de Madrid, la realidad es que se adquirió un suelo en el norteño barrio de Valdebebas para hacer un edificio de oficinas, operación cuyo coste total asciende a 110 millones de euros, entre la compra de los terrenos (47,67 millones) y la obra (60 millones), según la documentación a que ha tenido acceso este medio.

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Este importe es muy superior a los 74 millones que Fusara esperaba conseguir con la venta de sus edificios, y que todavía está esperando cobrar en su totalidad, ya que nunca ha recibido el segundo pago. La solución que propuso Chávarri pasaba por encontrar un socio o pedir financiación bancaria, y se optó por lo primero, embarcando a FSVSC en la operación, algo que paró el equipo encargado de la investigación interna, tras desembarcar en este caso el pasado verano.

Al hecho de vender barato y comprar caro se unen, en contra de los intereses de las fundaciones, las dispares condiciones resolutorias que se firman en caso de que alguna de las partes incumpla su obligación de compra o venta. La más llamativa es la firmada con Metrovacesa, según la cual, si Fusara no desembolsaba la totalidad del importe de la compra del suelo en agosto, la inmobiliaria podía quedarse con el primer pago ya realizado (23 millones de euros) más el terreno. Unas cláusulas leoninas que se suman al hecho de que esta venta se firmó cuando la venta de Fusara, a la que va unida esta compra, ya estaba judicializada y con medidas cautelares aplicadas.

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Este rosario de decisiones siempre en contra de los intereses de las fundaciones ha llevado a las mismas a una situación agónica, ya que ahora ven cómo sus bienes se han vendido pero no cobrado, y tienen que seguir sosteniendo los colegios y residencias encomendados sin un patrimonio en renta que lo sostenga, ya que Tapiamar es quien está cobrando los alquileres y pagando así el préstamo a Ares.

Todo ello, aderezado por el hecho de que patronos como el alcalde de Madrid y la delegación del Gobierno han optado por mirar hacia otro lado, a pesar del alcance social y judicial de esta trama; mientras que el equipo que está investigando lo ocurrido en la archidiócesis ha apostado por cesar a todos los miembro de las fundaciones implicados en estas operaciones (López Royo, Fernández Clemente, Lage...), intentar deshacerlas para recuperar el patrimonio de las fundaciones y, por orden del cardenal, preparar acciones para exigir responsabilidades.

Como señala una fuente que pide mantenerse en el anonimato: “Reestructurar el patrimonio es razonable, ejecutarlo así es un [presunto] delito”.