Cuando el escándalo no es salir en la prensa, sino robar a los pobres

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-Soy católica, lo confieso. Católica de Misa semanal.

-¿Y qué? Dirá usted.

-Creo que por eso, al principio, no supe ver las dimensiones del escándalo que hay tras la venta de las viviendas de Fusara.

Cuando medios como El País o ABC empezaron a destapar, hace un año, la extraña venta de 14 edificios de la Fundación de Santamarca y San Ramón y San Antonio (Fusara), pensé que era otra operación inmobiliaria más, aderezada con el toque de morbo que siempre da llevar a la Iglesia en un titular, pero en la que tampoco habría nada tan malo.

No es que sea ingenua, pero sí creo que la objetividad tiende a perderse cuando se trata de la Iglesia católica. Y lo digo por los dos bandos, detractores y defensores, conmigo a la cabeza, que partí de la base de que, si eran fundaciones ligadas al Arzobispado, tanto escándalo no habría. Y vaya si lo había.

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Ruth Ugalde

Ventas por debajo del valor de tasación, compras por el doble del precio de mercado, pago de comisiones millonarias, opciones de compra listas para dar el pelotazo, cláusulas leoninas capaces de llevar a la quiebra a una fundación de beneficencia, procesos sin subasta, delegaciones de voto fantasma, autoridades políticas mirando para otro lado, presuntos testaferros, fondos buitre, sociedades en Luxemburgo… no faltaba nada.

La madeja era tal, que el propio Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el mismo que depositó su confianza en un grupo de laicos (David López Royo, Julio Lage, Manuel Fernández Clemente, Ignacio Olmos, Antonio Naranjo...) para que profesionalizaran y gestionaran las fundaciones, firmó un decreto para abrir una investigación canónica que depurara responsabilidades. Un trabajo que, no obstante, quiso llevarse con la máxima discreción, para evitar el escándalo de ver a la Iglesia salpicada por una presunta trama inmobiliaria en sus propias fundaciones.

Detractores y defensores tienden a perder la objetividad cuando se trata de la Iglesia

El mismo escándalo que sirvió de excusa para defender la necesidad de vender rápidamente las viviendas de Fusara (se dijo que en estos pisos se ejercía la prostitución), para evitar un proceso transparente, para no elevar consultas al Consejo Económico y para permitir al bufete Chávarri, mandatado en todas las operaciones de las fundaciones, asesorar al mismo tiempo a la parte contraria.

Pero, ¿cuál es realmente el escándalo, salir en la prensa o robar a los pobres? Porque, si las sospechas son ciertas, lo que hay detrás de esta historia es una trama organizada para expoliar los bienes de fundaciones caritativas en beneficio de grandes fondos, inmobiliarias y patrimonios acomodados, todo ello regado con millonarias comisiones y contratos paralelos que más parecen un pago de favores por los servicios prestados.

Seguir condicionado por la amenaza del escándalo era seguir cayendo en la misma trampa que había llevado a la archidiócesis de Madrid hasta aquí. Su punto débil es el miedo al escándalo y mientras la Iglesia siga dejando abierta esa puerta, los lobos continuarán entrando.

Así lo entendió un grupo de feligreses de la parroquia de San Jorge, que llevaba años advirtiendo sobre las irregularidades que veía en torno al intento de venta de los terrenos donde se ubica este templo, espacio que comparte con una residencia de ancianos y con un vivero. Su ubicación, en una de las zonas más caras de Madrid, junto al Paseo de la Castellana y a pocos metros del Estadio Santiago Bernabéu, convierten los 30.000 metros cuadrados de superficie en apetitoso bocado para muchos inversores.

San Jorge es una de las parroquias más activas de Madrid, cuna de vocaciones en un momento en el que seminarios y conventos están vacíos, y donde los jóvenes son tan asiduos al templo como sus padres o abuelos. Un auténtico ‘rara avis’ que los feligreses decidieron defender y que les llevó, incluso, a advertir al cardenal sobre diversas irregularidades en la venta de la parroquia, operación que se firmó en 2018 con una sociedad ligada al presidente de la Universidad de Nebrija y que, diversas fuentes, apuntan a que fue clave en la decisión de terminar abriendo una investigación canónica.

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R. Ugalde

A esta movilización le siguió la presentación de una querella en la Fiscalía Anticorrupción, que la remitió a la Fiscalía de Madrid por considerar que debería investigarse la posible conexión de esta venta con la de Fusara, que ya estaba judicializada por la admisión a trámite de una querella presentada por los vecinos de estas viviendas. La bomba acaba de explotar.

La gran mentira

Empecé a prestar atención a este caso a principios de año, cuando un empresario del sector me dijo: “Ares se ha quedado las viviendas de Fusara, las de la Iglesia. Sigue esa historia, es un escándalo”. Y pregunté.

Hasta entonces, la polémica estaba en quién había adquirido realmente los 14 edificios de Fusara. Formalmente, el comprador era Tapiamar, sociedad de nueva creación administrada por Roberto de Juan y cuyo primer domicilio social fue la vivienda de Álvaro Portanet, hombre fuerte de Barclays en España y cuñado de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. ¡Boom! Otra vez, no faltaba nada. Y otra vez, había mucho más.

Cuando empecé a preguntar por la operación de Ares, me encontré con un presunto proceso de venta que encargó De Juan a Savills-Aguirre Newman sobre estos mismos edificios, pase que nunca cuajó y que terminó derivando en una operación de deuda entre dos grandes fondos: Castlelake y Ares. El primero fue quien dio a Tapiamar el 100% del dinero para poder comprar los edificios; el segundo, el que adquirió su préstamo.

A partir de aquí, empiezan a aparecer las preguntas sin respuesta, o lo que es peor, con respuestas que resultaron ser falsas y dieron lugar a más preguntas. ¿Por qué Castlelake vende? Porque dio un préstamo a seis meses -me dijeron- y si De Juan no devolvía la totalidad, Castlelake iba a ejecutar y a quedarse con las viviendas, y, para evitarlo, Tapiamar buscó otro fondo, Ares, que compró la posición en la deuda. Sonaba creíble, pero terminó siendo falso o, al menos, era una media verdad.

Esta financiación no era por seis meses, sino por dos años y con posibilidad de prórroga. “El 30 de julio de 2019, la sociedad suscribe un acuerdo con Tapiamar. El préstamo es reembolsable el 30 de julio de 2021 a más tardar o cada año a partir de entonces, previa notificación de la empresa. El préstamo devenga un tipo de interés del 13%”, recoge el informe de cuentas de CIO Spanish Finance Lux, sociedad de Castlelake que financió la totalidad de la compra, y cuya posición adquirió Ares en febrero de 2020.

¿Por qué Castlelake vendió su posición en el préstamo a los seis meses si podía seguir?

Otro aspecto llamativo son los diferentes galones que tienen los protagonistas de cada uno de estos procesos. En la venta de Fusara a Tapiamar la compradora es una sociedad recién creada, con un administrador, De Juan, desconocido para el grueso del mercado (y créame, he preguntado a muchos) y un intermediario, Chávarri Abogados, que además de la rareza de trabajar para comprador y vendedor, está lejos de ser un referente de este tipo de operaciones. Y estamos hablando de la mayor cartera de vivienda en alquiler en el centro de Madrid del mercado.

En estas transacciones, lo normal es mandatar a firmas como CBRE, JLL o Savills-Aguirre Newman, como ocurrió inmediatamente después, cuando Tapiamar contrató a la tercera y, ahora sí, empezaron a aparecer los grandes jugadores del mercado como Castlelake, uno de los mayores inversores en ladrillo español, dueño de la inmobiliaria Aedas, y Ares, gigante que en 2019 marcó un punto de inflexión en su apuesta por España con la creación de la socimi Avalon y la compra de las primeras promociones de vivienda en alquiler (built to rent) del mercado, hogares que adquirió, precisamente, a Aedas y Metrovacesa.

¿En cuántos contratos tiene Metrovacesa la misma cláusula leonina que se impuso a Fusara?

La inmobiliaria controlada por Banco Santander y BBVA también es protagonista en la trama de Fusara, porque le vendió un terreno de 9.800 metros cuadrados de superficie por 48 millones de euros, precio muy superior a la media comparable. ¿Cómo se explica que Fusara venda un 20% por debajo del valor de tasación y compre por el doble de sus comparables? Es la primera pregunta que surge cuando se conoce este acuerdo, que también intermedió Chávarri, pero hay muchas más.

¿Por qué aceptó Chávarri la cláusula leonina que permite a Metrovacesa quedarse con todo el dinero del primer pago (23 millones de euros), si Fusara incumple con el segundo desembolso? ¿En cuántos contratos tiene la promotora esta misma cláusula? ¿Qué temía cuándo decidió incluirla?¿Cuándo contrató a Uría, único bufete que ha sacado adelante una disposición idéntica? ¿En concepto de qué pagó a AQT, despacho de Raúl Chávarri, hermano de Antonio Chávarri, presidente del bufete?

Cuando no se responde directo y se recurre a medias verdades o mentiras, hay algo que ocultar

Demasiadas preguntas sin respuesta. Y cuando no se responde de manera directa, cuando se recurre a las medias verdades o, directamente, a las mentiras, parece claro que hay algo que ocultar: un escándalo, el verdadero escándalo, el escándalo de hacer operaciones dirigidas a enriquecer a quien ya es rico a costa de los bienes legados a los pobres.

Si se ha cometido algún delito, ahí está la justicia para investigarlo; si se ha cometido algún pecado, ahí debe estar la Iglesia para confesarlo. Pero nunca para ocultarlo. Eso sí sería un escándalo.