La policía cifra en 75 millones el perjuicio producido a las fundaciones de la Iglesia

Un agujero casi comparable el que ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados al exnúmero tres del Vaticano, el cardenal Angelo Becciu. Así podría definirse el perjuicio económico producido a las fundaciones Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), entidades ligadas a la Iglesia católica, un agujero que la policía judicial cifra en 75 millones de euros, frente a los 100 millones de libras (116 millones de euros) que, según 'Financial Times', perderá El Vaticano por la compra de un inmueble en Londres cuando Becciu era el sustituto de la Secretaría de Estado.

Como ha venido informando este medio, el juzgado de instrucción número 28 de Madrid investiga la presunta existencia de una trama que habría expoliado el patrimonio de estas fundaciones con la venta de sus bienes a bajo precio y la compra de otros nuevos por encima de su valor real, todo ello aderezado con jugosas comisiones y pagos cruzados entre el Grupo Chávarri, bufete al que se encargaron estas operaciones, y varias figuras clave que estaban tanto en los patronatos de las fundaciones como en el área económica del Arzobispado de Madrid.

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Dentro de esta investigación, según ha confirmado El Confidencial con varias fuentes conocedoras, el Grupo III de la brigada provincial de la unidad adscrita a los juzgados habría analizado, en una nueva pieza, las operaciones de venta de 14 edificios residenciales de Fusara y un solar junto al estadio Santiago Bernabeu, sobre el que se levanta la parroquia de San Jorge. El bajo precio al que se realizaron estos traspasos habría generado un perjuicio de 35 millones, a los que se sumarían otros 18 millones por el sobreprecio pagado en la compra de un solar en el barrio de Valdebebas a Metrovacesa.

Pero el daño podría haber sido mucho mayor, ya que la policía cifra en 380 millones todo el patrimonio de Fusara, que además de los edificios de viviendas cuenta con dos colegios y una cotizada colección de arte, y se dieron mandatos por prácticamente todo, operaciones que se pararon cuando se abrió una investigación en el seno de la archidiócesis de Madrid

La policía también ha analizado una serie de números de cuenta que detallan los pagos cruzados entre sociedades de Chávarri y varios de los imputados en la causa, como David López Royo, exdelegado de fundaciones del Arzobispado que fichó en paralelo por Chávarri; Julio Lage, interventor general de la diócesis de Madrid hasta que estalló el escándalo de las fundaciones; Manuel Fernández Clemente, secretario de los patronatos; Antonio Naranjo e Ignacio Olmos, gerentes de las fundaciones; Raúl Chávarri, hermano del presidente de Chávarri, Antonio; y Roberto de Juan, administrador de Tapiamar, sociedad que adquirió los edificios de Fusara.

Este rastreo de las cuentas habría llevado a la policía a acreditar que López Royo cobró de Chávarri 470.000 euros entre comisiones y sueldo mientras, en paralelo, como presidente de las fundaciones, otorgaba al bufete los mandatos de venta del patrimonio las fundaciones. Fernández Clemente y su entorno familiar más cercano habrían recibido de Chávarri unos 725.000 euros a través de las sociedades Fernández Clemente Abogados, Urvima, Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente, pagos adicionales a los correspondientes a sus contratos con varias fundaciones y los blindajes por dos millones en caso de despido que le habría firmado otro de los imputados, Antonio Naranjo, a quien, a su vez, López Royo firmó blindajes por entre 300.000 y un millón de euros.

Julio Lage habría empezado a recibir pagos a través de la sociedad Monterrey en abril de 2018, coincidiendo con su incorporación a la Fundación Chávarri para el Bien Común y FSVSC, pagos que en total ascenderían a 340.000 euros; mientras que Ignacio Olmos, siempre según el informe policial, habría incrementado su retribución también a partir de ese año, cuando dejó de ser secretario de Fusara para que ocupara el cargo Fernández Clemente, y que firmó un contrato con Tapiamar, la sociedad que adquirió las viviendas de Fusara, a través de su mercantil Agper SL por importe de 100.000 euros anuales.

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Tanto desde Chávarri como desde la representación legal de algunos de los investigados niegan cualquier irregularidad y aseguran que todos estos pagos están documentados y corresponden a trabajos realizados a Chávarri, no a las fundaciones.

Para la policía, en cambio, el hecho de facturar a sociedades del bufete es, precisamente, lo que indica la existencia de una trama, cuya operativa sería la siguiente: los imputados se hacen con los puestos clave para aprobar las ventas del patrimonio de las fundaciones, contratan a Chávarri para dirigirlas y cobrar jugosas comisiones, las cuales luego se reparten facturando diferentes trabajos a Chávarri.

Por ejemplo, según el informe policial, entre el 2 de agosto de 2019, cuando Chávarri recibió 4,47 millones de Fusara por la venta de sus edificios, y el 13 de noviembre de ese mismo año, se realizaron más de 90 transferencias que conllevaron la salida de prácticamente todo este el capital. Del mismo modo, otro ingreso por medio millón de euros se repartió entre 45 transferencias en apenas mes y medio.

Los pagos a Chávarri por la venta del patrimonio de las fundaciones se repartieron rápidamente mediante numerosas transferencias

Esta multiplicidad de pequeños traspasos también lleva a la policía a poner el foco sobre tres movimientos de 18.000 euros que se hicieron desde una cuenta del bufete a otra de Fernández Clemente el 5 de marzo, justo un día después de adquirir el solar de Valdebebas.

Otros elementos que llevan a la policía a sostener que se trata de una trama es que fue una empleada de Chávarri la que, dos semanas antes de que el patronato de Fusara mandatara al bufete, se encargó de obtener la información para la compra a la empresa SBM Sociedades de las 14 sociedades a través de las cuales se adquirieron las viviendas, trabajo que llevó a cabo antes incluso de que Roberto de Juan, administrador de Tapiamar, entrara en contacto.

Además, la compradora de los pisos de Fusara realizó varios ingresos entre mediados de junio y principios de julio, por importe total de 484.000 euros, en una cuenta de Chávarri semanas antes de cerrarse la compra, mientras que los pagos a SBM se realizaron desde una cuenta cuyo ordenante, en dos operaciones, fue Álvaro Portanet, máximo responsable de Barclays en España que en el pasado aseguró a este medio haberse desligado de esta operación el 30 de mayo de 2019, apenas unos días después de estas transferencias. Desde esta misma cuenta hay una tercera operación que tiene como ordenante a Tapiamar y como concepto, la compra de las 14 sociedades, las mismas que la empleada de Chávarri había solicitado antes.