El juez rechaza imputar al CEO de Metrovacesa por la trama de las fundaciones de la Iglesia

"Ante la ausencia total de indicios de criminalidad en la actuación del señor D. Jorge Pérez de Leza, procede denegar la solicitud de Fusara de citarle en calidad de investigado". Así de tajante se muestra el magistrado del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, que investiga la presunta trama de corrupción que habría expoliado el patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica, en un auto del pasado 19 de octubre al que ha tenido acceso este medio.

Aunque la decisión todavía no es firme, ya que cabe la presentación de recurso, el juez apunta ya a que volverá a citar al consejero delegado de Metrovacesa como testigo, para continuar con la declaración que estaba llevando a cabo el pasado 4 de octubre.

Entonces, tras responder a las preguntas de la Fiscalía de Delitos Económicos y de la acusación popular de inquilinos de Fusara, el abogado de las fundaciones pidió suspender la declaración para citar a Pérez de Leza como investigado y, como es preceptivo, 10 días después presentó el escrito de acusación.

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El juez, sin embargo, considera que el escrito no aporta nada nuevo a lo que ya conocía cuando, el pasado mayo, decidió citar a Pérez de Leza como testigo, postura que va desgranando con diferentes argumentos a lo largo de las seis páginas del auto.

Respecto a la posible imposición de cláusulas abusivas por parte de Metrovacesa a Fusara, sostiene que debe ser en la jurisdicción civil donde "se discuta la validez o no de las cláusulas de la escritura de compraventa".

En lo relativo a la existencia de un posible delito de engaño o alteración de la realidad en la actuación de la promotora controlada por Banco Santander, que fundamentaría un hipotético delito de estafa, defiende que se negoció libremente y que, de haber algún delito, sería de administración desleal y "lo estarían cometiendo los anteriores patronos de Fusara, que son los presuntos sujetos activos" y que están ya imputados.

Además, cuando Metrovacesa cerró esta operación, ya había sido admitida a trámite la querella que presentaron los vecinos de Fusara por la venta de sus viviendas a una sociedad de nueva creación ligada al máximo responsable de Barclays en España, Álvaro Portanet, por un importe muy inferior al de tasación y al de mercado. El magistrado considera que esta manera de proceder de la promotora puede ser tachada de imprudente, pero no es constitutiva de delito.

El juez defiende que, de haber algún delito, sería administración desleal y lo habrían cometido los anteriores administradores de Fusara

Pero el aspecto más espinoso, tanto por los problemas de gobernanza que pueda acarrear a la compañía de cara al mercado como por a quién se pagó, es probablemente la comisión de Metrovacesa a Raúl Chávarri, hermano de Antonio Chávarri, presidente del bufete Chávarri y uno de los imputados.

Este despacho, como reconoce el auto, está en el epicentro de la investigación al "haber indicios" de que tenía "una estrategia común" con los patronos de las fundaciones Fusara, Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC) y Molina Padilla.

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En los tres casos, reconoce el auto, se contrató al despacho de abogados para contactar con potenciales interesados. El bufete, además, siempre trabajó con las mismas tasadoras y cobró importantes comisiones tanto de las fundaciones como de la Universidad de Nebrija, la parte compradora en el caso de la FSVSC. Un dinero que, posteriormente, también revirtió en beneficio de los mismos patronos que encomendaron a Chávarri estas ventas.

En el caso de Metrovacesa y Raúl Chávarri, en cambio, el magistrado argumenta que se pagó en concepto de intermediación, al haber sido la persona que puso en contacto a Fusara con la promotora, y que Pérez de Leza, como directivo de la empresa, no ha recibido ninguna contraprestación o ventaja por ello, "al contrario, Metrovacesa ha pagado la contraprestación correspondiente al intermediario", señala el auto.

Historia del conflicto

El 4 de marzo de 2020, Metrovacesa vendió a Fusara un solar de 9.000 metros cuadrados en el barrio de Valdebebas, al norte de la ciudad de Madrid, para promover un edificio de oficinas con 34.800 metros cuadrados de edificabilidad.

El acuerdo se fijó en 47,7 millones de euros, lo que arroja una media de 1.370 euros el metro cuadrado de edificabilidad, importe muy superior a todos las operaciones de compra de terrenos para oficinas cerradas en la misma zona, pero en línea con la valoración que había hecho de estos suelos la promotora dos años antes, con motivo de la salida a bolsa.

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Según la documentación enviada al supervisor del mercado (CNMV) en enero de 2018, Metrovacesa valoraba en 1.329 euros el metro cuadrado de edificabilidad lo que, por entonces, era una única y enorme bolsa de terreno terciario con 61.131 metros cuadrados de edificabilidad.

Este número ayuda a comprender que para la promotora era crítico conseguir un comprador que pagara esa cifra, porque, en caso contrario, estaría incumpliendo las expectativas que creó cuando se estrenó en el parqué, algo que el mercado penaliza con dureza, como demostró con su competidor Neinor.

Para Metrovacesa era crítico alcanzar el precio al que vendió a Fusara para poder cumplir con las valoraciones que dio cuando salió a bolsa

Ya en aquel folleto, la consultora Savills anticipaba el éxito del plan especial que se aprobó tres años después y valoraba por separado el solar para oficinas TER-02-189-D., al que reconocía 75,85 millones de euros, y el comercial TER-02-189-D.2, que tasó en 5,4 millones.

Esta segunda parcela, como publicó ayer El Confidencial, fue vendida a Ahorramás por la cifra exacta en que la valoró Savills y tras cercenar su edificabilidad de 14.255 a 3.000 metros cuadrados. El excedente se inyectó al solar para oficinas que, además, se dividió en dos parcelas (DI.1 y DI.2), una de las cuales se vendió a Fusara por 47,7 millones, frente a los 27 millones en que lo ha valorado ahora la fundación.