La policía acredita pagos y apunta a organización criminal en la trama inmobiliaria de la Iglesia

El pasado 7 de mayo, el abogado del arzobispo de Madrid y las fundaciones Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), instituciones que han ido a los tribunales por, presuntamente, haber sido víctimas de una trama organizada para vender su patrimonio a bajo precio lucrando a intermediarios y compradores, presentó una denuncia ante la brigada provincial de la policía judicial. En ella, aseguraba "haber tenido conocimiento de una serie de documentos que acreditan la comisión de los delitos investigados" y solicitaba "auxilio policial y judicial ante el inminente riesgo de distracción de prueba".

Rápidamente, la policía inició la toma de una serie de pruebas y declaraciones y concluyó con "indicios más que razonables de ser considerados delito de administración desleal", ante lo que solicitaba al juzgado de instrucción número 28 de Madrid, que investiga la causa, autorización para acceder a correos de la Archidiócesis de Madrid y de Chávarri Abogados porque, "con esta medida, se podría acreditar la pertenencia de los investigados a una organización criminal".

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Tras mantener la pieza secreta durante meses, el juez rechazó la petición de acceso a los correos, pero incorporó a la causa la investigación policial, decisión que se ha recurrido en todas las direcciones: las fundaciones piden que sí se pueda acceder a los correos, tras haber colaborado con la investigación policial, mientras que los investigados defienden la anulación de la misma.

Toda una bomba que llega justo cuando acaban de arrancar las declaraciones de todos los imputados (Antonio Chávarri y Jesús Merino, del bufete Chávarri, que intermedió todas las ventas; David López Royo, expresidente de las fundaciones, Manuel Fernández Clemente, secretario de los patronatos; Antonio Naranjo e Ignacio Olmos, gerentes de las fundaciones, y Roberto de Juan y Manuel Villa-Cellino, los compradores) y del único testigo que, por el momento, ha sido citado, el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza.

El juez ha incorporado a la causa la pieza policial, pero ha rechazado su petición de poder acceder a los correos de Chávarri y de la Archidiócesis

La decisión del juez está en línea con la defendida por el Ministerio Fiscal, que rechazó autorizar el volcado de comunicaciones por una cuestión de intimidad, proporcionalidad y, sobre todo, para agilizar la instrucción, al tiempo que sí respaldó incorporar la pieza policial, en la que diferentes testigos hablan de pagos millonarios a los investigados, desembolsos ligados a la venta del patrimonio de las fundaciones, de los que en muchos casos se acompañan las facturas, y valoraciones hasta ahora desconocidas que tasan el patrimonio de las fundaciones en cifras superiores a aquella en que se vendió.

El origen de la trama

El informe de la policía sostiene que "la acción criminal tiene conato de sustraerse e iniciarse" en la primavera de 2016, ya que fue entonces cuando David López Royo, uno de los investigados, fue nombrado delegado episcopal de todas las fundaciones relacionadas con el Arzobispado de Madrid, "comenzando a generar un plan perfectamente estructurado para la enajenación de las propiedades inmobiliarias asociadas" a estas entidades.

Apenas unos meses después, en septiembre, la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), dueña de una enorme bolsa de terreno junto al Santiago Bernabéu donde se encuentra la parroquia de San Jorge, encargó una tasación a Gabinete Percial de Valoraciones Inmobiliarias, que cifró el valor de venta de estos suelos en 97,8 millones, entre superficie construida y edificable. Un informe desconocido hasta ahora y que tampoco se llevó al patronato cuando se aprobó su venta, apenas un año después y por un precio un 60% inferior a Residencias Nebrija, sociedad controlada por el presidente de la Universidad de Nebrija, Manuel Villa Cellino.

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A la no publicidad de esta tasación se une que, apenas cuatro meses después, en enero de 2017, fue el propio despacho de Chávarri quien elaboró un informe de "situación urbanística y posibilidades de aprovechamiento lucrativo" de estos terrenos que los valora en más de 41 millones para una desinversión rápida (lo cual ya contempla un menor precio). Esta cifra es un 11% superior a la pagada por Nebrija, pero, además, este trabajo es muy anterior al 12 de abril de 2018, que fue cuando la fundación encargó la venta de los terrenos de San Jorge a Chávarri, lo que alimenta las sospechas de la policía de que, desde mucho antes, había un "plan perfectamente estructurado" para vender el patrimonio de las fundaciones.

Pero, además, la policía sostiene que tampoco sería válido el mandato de venta que dio la fundación a Chávarri, porque "las delegaciones de voto de los no presentes fueron confeccionadas 'a posteriori' de la reunión" y porque una en concreto consta con fecha anterior a la elaboración del orden del día definitivo, en el que se introdujo la venta, "por lo tanto, carecería de toda validez".

Algo parecido ocurre en Fusara, fundación dueña de 14 edificios residenciales en el centro de Madrid. El informe también acredita el encargo de una valoración hasta ahora desconocida de Chávarri Abogados a Gloval, petición que se remonta a diciembre de 2018 y que "tiene por objeto determinar el valor de mercado de los inmuebles" de Fusara. Aquí vuelve a ser significativo que este encargo se haga cuatro meses antes de que el patronato de Fusara mandatara a Chávarri para la posible venta de estos activos.

A estas irregularidades se une la lluvia de dinero que se reparten entre los investigados de muy diferentes formas. Para profundizar en todas, el informe pone primero el foco en David López Royo, quien desde enero de 2018 figura como asalariado de Chávarri Legal, con una retribución de 62.000 euros anuales, que en apenas seis meses se dobló hasta los 140.000 euros. Además, en diciembre de ese año, justo después de haberse vendido San Jorge, cobró un bonus de 21.000 euros, otro pago de 11.551,17 euros y un préstamo de 25.000 euros que fue liquidado por María Constanza 9705, sociedad donde Antonio Chávarri figura como administrador único.

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En ese lucrativo mes de diciembre de 2018, también se le asignó para su uso personal un vehículo de alta gama, cuyo 'renting' era pagado por Chávarri Abogados. Se trata de un Lexus valorado en 58.000 euros, el mismo tipo de coche que, según han asegurado varias fuentes, también disfrutaba Antonio Naranjo, otro de los investigados, como director gerente de FSVSC, retribución en especie a la que se sumaban un sueldo de 193.000 euros y un blindaje de un millón de euros, según el informe policial.

Tras acreditar todas estas prebendas, la policía subraya la "relevancia" de que desde la incorporación de López Royo a tiempo completo en Chávarri Legal en la primavera de 2018, hasta su renuncia forzada en octubre de 2019, el exdelegado episcopal otorgó mandatos de venta por prácticamente todos los inmuebles de Fusara y FSVSC, "en concreto, tres la misma semana que comunica su incorporación" al bufete.

Desde su entrada en Chávarri, López Royo otorgó al bufete mandatos por prácticamente todos los inmuebles de Fusara y FSVSC

En el epicentro de los pagos identificados están varias empresas de lo que la policía llama Grupo Chávarri (María Constanza, Chávarri Legal, Chávarri Gestión...) desde las que se realizaron diferentes gestiones y pagos, "obteniendo comisiones millonarias por importe superior a los 10 millones de euros entre lo recibido de las fundaciones y de los compradores". Respecto al daño patrimonial causado a las fundaciones, el informe habla de 20 millones en el caso de Fusara y deja abierto, a la espera del avance de las investigaciones, el cálculo en FSVSC.

La policía también acredita pagos a Manuel Fernández Clemente, asesor jurídico y secretario de las fundaciones. "Aunque no de forma directa, es indiscutible que su persona, así como su entorno familiar, recibe pagos de Chávarri Abogados por medio de las mercantiles Fernández Clemente Abogados, Urvima y Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente, estos coincidentes con la venta de las propiedades de Fusara y FSVSC por importes de suma cuantía".

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Además, el informe de la brigada provincial de la policía judicial recoge que el 12 de abril de 2018, el mismo día en que se otorga el mandato de venta de San Jorge, Fernández Clemente firma un contrato de servicios con Chávarri, "siendo sus honorarios un porcentaje [el 5,5%] de las operaciones inmobiliarias con las fundaciones". A esto se une que al ser el secretario de las fundaciones, "es él, y no otro, el responsable de confeccionar las actas" del patronato, lo que lleva a la policía a apuntar que también "sería responsable de un delito de falsedad documental".

Otra figura clave que aparece citada en el informe es Julio Lage, interventor general de la diócesis de Madrid hasta que estalló el escándalo de la venta de los pisos de Fusara, y hombre de máxima confianza del cardenal Carlos Osoro. En la declaración que la policía toma a un empleado de Chávarri Abogados, este asegura que entre los proveedores del departamento inmobiliario estaba la mercantil Monterrey Gestión y Asesoría, en la que el financiero gallego figuraba como apoderado hasta el pasado junio y en la que posee la mitad de las acciones, según el registro de Informa.

Además de por su papel como guardián de las finanzas de la archidiócesis, su persona es un elemento crítico, tanto en la investigación policial como en la canónica que también se está llevando a cabo, por la estrecha relación que tenía con el obispo, una fe ciega que los defensores de Osoro esgrimen como argumento principal para sostener que fue engañado por su hombre de máxima confianza, mientras que los detractores del cardenal usan este mismo argumento en la dirección contraria, para lanzar la sombra de la duda sobre Osoro.