Demanda laboral y blindajes de oro: nuevo frente en la trama de las fundaciones de la Iglesia

Nuevo capítulo en la trama inmobiliaria que salpica a varias fundaciones ligadas a la archidiócesis de Madrid. El pasado 4 de enero, justo una semana después de que la magistrada del juzgado número 51 de Madrid imputara a ocho personas ligadas a las fundaciones Fusara, FSVSC y Molina-Padilla, dos de los investigados, Manuel Fernández-Clemente y Antonio Naranjo, llevaron ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) un acto de conciliación instando la resolución de sus contratos, paso previo a la presentación de una demanda por acoso laboral.

Según han asegurado varias fuentes a este medio, el que era responsable de 'compliance' y secretario de los patronatos cuando se aprobaron las operaciones investigadas, Fernández-Clemente, y el gerente de FSVSC, Antonio Naranjo, acusan a esta fundación de impedirles ejercer con normalidad su labor y, en consecuencia, han instado la resolución de sus contrados.

FSVSC es la fundación dueña de un enorme solar en la calle Padre Damián, a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu, sobre los que se levantan una residencia de ancianos y la Parroquia de San Jorge, cuyos feligreses presentaron una querella en Anticorrupción el año pasado. Tras analizar la causa, la fiscalía la remitió al juzgado 51 de Madrid, que desde diciembre de 2019 investiga la venta de 14 edificios residenciales de Fusara, y que unió las causas al ver indicios de una posible trama que habría expoliado bienes de las fundaciones.

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Al haber instado la resolución de sus contratos, han salido a la luz unos millonarios blindajes que, coincidencia o consecuencia, se firmaron a Fernández-Clemente y Naranjo prácticamente en las mismas fechas en las que se llevaron a cabo las ventas de inmuebles que están siendo ahora investigados en los tribunales.

En concreto, por el fin de su relación laboral con FSVSC, Fernández-Clemente ha solicitado el pago de 400.000 euros netos derivados de una adenda a su contrato laboral que le firmó el propio Naranjo en la primavera de 2019, justo cuando se activó la venta de los pisos de Fusara. En esa fecha, además, un contrato adicional con su despacho se elevó a 4.500 euros mensuales y se amplió su duración a diez años, con la penalización, en caso de resolución anticipada, de todas las cantidades pendientes por cada ejercicio que faltara hasta llegar a la totalidad.

Naranjo, por su parte, ya contaba con un anexo similar desde unos meses antes, pero, en su caso, el importe reconocido es de 600.000 euros y está firmado por David López-Royo, otro de los imputados que, por aquel entonces, era el delegado de fundaciones del arzobispado y, como tal, quien ocupaba el sillón presidencial cuando se aprobaron las operaciones ahora investigadas.

El blindaje de Naranjo está firmado en octubre de 2018, es decir, apenas un mes antes de la venta de los terrenos de Padre Damián y de la Parroquia de San Jorge a la Universidad de Nebrija, operación que ha derivado en la imputación del presidente de la entidad educativa, Manuel Antonio Villa Cellino. No obstante, tras la investigación interna abierta en el seno el arzobispado, Nebrija anunció el pasado diciembre que había llegado a un acuerdo con el arzobispado para revertir la operación, aunque este todavía sigue pendiente de que se cierren los últimos flecos, algo que se espera en breve.

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Este medio ha intentado recabar la versión de Fernández-Clemente, Naranjo y López-Royo respecto al motivo y los importes de los blindajes, pero ninguno de los tres ha querido realizar comentarios. El nuevo equipo al frente de las fundaciones considera inviable hacer frente a estas sumas, tanto por su importe, que en términos brutos exponen a FSVSC al pago de casi dos millones de euros, como por el hecho de que "se los firmaran entre los tres, sin que la fundación sepa nada, ni se presente a aprobación".

Desde FSVSC aseguran que "la fundación tiene conocimiento de su existencia en el año 2021, cuando presentan la demanda para resolver el contrato y cobrar la cantidad", además de subrayar que "estos blindajes son propios de ejecutivos de grandes corporaciones empresariales, pero en ningún caso justificables para fundaciones, y mucho menos, para estas de fines sociales".