La jueza de Fusara suma una tercera fundación a la trama de la Iglesia: Molina-Padilla

Nueva macrocausa. La magistrada del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha sumado una tercera fundación a la investigación que, desde hace un año, está llevando cabo por la opaca venta de 14 edificios de Fusara, entidad ligada a la Iglesia católica.

El pasado diciembre, la jueza ya unió a estas diligencias previas una querella que le remitió la Fiscalía Anticorrupción por la venta de la parroquia de San Jorge, y de todo el terreno que posee junto al paseo de la Castellana la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), al considerar que había indicios de que podría tratarse de una trama que habría actuado de manera coordinada en varias fundaciones, perjudicándolas con la venta de su patrimonio.

Ya entonces, la magistrada dejó abierta la puerta a sumar una tercera fundación, Molina-Padilla, pero como esta entidad ya tenía una causa abierta en el juzgado de instrucción número 28 de Madrid, cuyo inicio es anterior al de Fusara, pidió a la Fiscalía de Madrid que se pronunciara sobre la conveniencia de tramitar todo en un mismo procedimiento. Como respuesta, el Ministerio Público ha presentado un escrito pidiendo que no se cree una macrocausa, lo que no ha sido óbice para que Rodríguez-Medel haya considerado que todo forma parte de la misma trama y que debe investigarse conjuntamente.

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En consecuencia, la jueza se ha inhibido en favor del magistrado del número 28, decisión que la Fiscalía no recurrirá, según afirman las fuentes consultadas por El Confidencial. No obstante, cabe la posibilidad de que alguna de las otras partes (los inquilinos de las viviendas de Fusara, que fueron quienes iniciaron la causa en el 51, los feligreses de la parroquia de San Jorge, que se han personado como acusación popular, el Arzobispado o alguno de los ocho imputados por Rodríguez-Medel) pudiera recurrir la decisión.

Como adelantó El Confidencial, el caso de Molina-Padilla hace referencia a la venta de dos edificios residenciales que poseía esta fundación en el barrio de Salamanca, operación que guarda similitudes con Fusara y FSVSC, tanto en las personas como en la forma de actuar. En esta entidad, las desinversiones también se aprobaron bajo la presidencia de David López-Royo, entonces delegado de fundaciones del Arzobispado de Madrid, quien dio entrada como patrono a Antonio Chávarri, cuyo bufete ha intermediado todas las operaciones ahora investigadas, como secretario a Manuel Fernández-Clemente y como coordinador a Antonio Naranjo. Los cuatro figuran ya entre los imputados por Rodríguez-Medel en las otras dos fundaciones.

A esta similitud se une que, como ya se vio en Fusara, en Molina-Padilla también se encargó a Chávarri un proyecto de transformación del patrimonio que tiene la fundación en edificios residenciales a otro nuevo de oficinas, mandato que se ejecutó mediante la venta de los dos edificios del barrio de Salamanca a Prado Advocats, bufete que fue el único que ofertó por las viviendas de Fusara junto a la sociedad Tapiamar.

A esta conexión se une el hecho de que José Prado, socio director de Prado Advocats, comparta intereses con Raúl Chávarri, hermano de Antonio, en la socimi Baricentro, sociedad que tiene su domicilio en la misma dirección que el bufete catalán.

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Este despacho se hizo con una opción de compra por 13,5 millones a través de Building The Next Success, sociedad que posteriormente vendió al ex director general de Banco Santander Enrique García Candelas, quien sacó al mercado los dos inmuebles por casi el doble: 25 millones de euros. En paralelo, el financiero también se hizo con una división del grupo de Antonio Chávarri, Celtíbero Servicing, que pasó a denominarse Tarsso, según aparece en el registro.

La decisión de Rodríguez-Medel de inhibirse en favor del juzgado número 28 ha conllevado que se suspendan las declaraciones, que estaba previsto que arrancaran ayer, de los ocho investigados por Fusara y FSVSC: López-Royo, Chávarri, Fernández-Clemente, Naranjo, Jesús Merino (abogado del bufete Chávarri), Ignacio Olmos (gerente de Fusara), Antonio Villa-Cellino (presidente de la Universidad Nebrija y comprador de la parroquia de San Jorge) y Roberto de Juan, administrador único de Tapiamar. Además, la jueza había citado a los peritos y al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a declarar como testigo.

Ahora, todas estas testificales se suspenden a la espera de lo que decida el nuevo juez encargado.