Semana de máxima tensión en la trama de la Iglesia: cita en el juzgado y en el ayuntamiento

Este lunes, la magistrada del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, empezará a tomar declaración a los ocho investigados a los que ha citado por su implicación en la venta del patrimonio inmobiliario de las fundaciones Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), dos causas que ha unido ante las sospechas de que pueda existir una trama que habría expoliado el patrimonio de estas instituciones, perjudicando a las fundaciones y beneficiando a intermediarios y compradores, que se habrían hecho con estos bienes por debajo de su valor real y previo pago de millonarias comisiones.

Inicialmente, estaba previsto que estas declaraciones arrancaran el miércoles, pero la petición de cambio de fecha de algunos imputados ha llevado a adelantar las citas, según afirman fuentes conocedoras. Así, este lunes acudirán ante la jueza dos de las figuras clave de esta investigación: David López-Royo, que presidía los dos patronatos cuando ocurrieron los hechos investigados gracias a su cargo de delegado de fundaciones del Arzobispado de Madrid, y Antonio Chávarri, presidente del bufete que intermedió todas las operaciones, fichó a López-Royo como director de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y selló diferentes operaciones con compradores como la Universidad de Nebrija.

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A lo largo de toda la semana, irán declarando el resto de investigados: Manuel Fernández-Clemente, secretario de los dos patronatos; Antonio Naranjo, gerente de FSVSC; Ignacio Olmos, gerente de Fusara; Roberto de Juan, administrador único de Tapiamar, sociedad que adquirió 14 edificios residenciales de Fusara, y Manuel Villa-Cellino, presidente de la Universidad Antonio de Nebrija, que compró los terrenos que tiene FSVSC junto al paseo de la Castellana. Además, la jueza ha citado a declarar como testigo al cardenal Carlos Osoro, cuya fecha se ha retrasado al viernes.

En medio de toda esta ronda de declaraciones, el miércoles, el caso de Fusara y FSVSC también desembarcará en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que lleva como punto cuarto de su orden del día "aprobar definitivamente, una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan presentado alegaciones, el estudio de detalle para las parcelas TER 02-189-DI.1; TER 02-189-DI.2 y TER 02-189-D.2 del área de planeamiento específico 16.11 Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas, promovido por Metrovacesa".

Estas parcelas forman parte de las operaciones ahora investigadas por la magistrada Rodríguez-Medel, en las que la aprobación del estudio de detalle es un paso crítico, ya que la operación Fusara tiene una parte condicionada a recibir la luz verde del Ayuntamiento de Madrid a esta modificación, que permitirá elevar la edificabilidad del terreno, logrando así Metrovacesa un cheque mayor.

En esencia, el caso Fusara consistió en la transformación del patrimonio de la fundación, mandato que Chávarri llevó a cabo mediante la venta de los 14 edificios residenciales que tiene esta entidad en el centro de Madrid y la consiguiente compra del terreno de Valdebebas para promover un edificio de oficinas.

El papel del ayuntamiento

A todo esto se une que el Ayuntamiento de Madrid también es patrono de Fusara, fundación civil cuyo órgano de gobierno, el patronato, tiene reservado el sillón presidencial al arzobispo de la capital, del mismo modo que otro está reservado para el alcalde del momento y otro para el delegado del Gobierno. Como publicó este medio, la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, delegó en el concejal Mauricio Valiente su representación, y este abrió las puertas del consistorio a López-Royo y Chávarri, organizando diversas reuniones tanto para Fusara como para FSVSC.

Algunos de estos encuentros se celebraron, incluso, antes de que los patronatos de las fundaciones aprobaran transformar y vender su patrimonio. De hecho, uno de los puntos clave de la investigación ahora en marcha será aclarar si los patronatos tenían realmente conocimiento de lo que estaba ocurriendo y de las operaciones diseñadas por los ahora investigados, o si estos fueron actuando al margen del órgano de gobierno.

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Otro interrogante en torno al papel jugado por el consistorio de la capital salpica ya al nuevo Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. El alcalde de Madrid siempre ha defendido que no había aceptado el cargo, sin embargo, al mismo tiempo sostiene que delegó el puesto en José Aniorte, concejal de la formación naranja (que en el reparto de poderes también se hizo con el área de Urbanismo), quien confió a López-Royo su voto en una de las reuniones clave del patronato.

La compra de Valdebebas también alcanza a FSVSC, ya que el plan inicial contemplaba destinar a la adquisición de estos terrenos parte del dinero de la venta de la parroquia de San Jorge y de todos los terrenos que tiene la fundación junto al paseo de la Castellana, ya que hacían falta más de 100 millones para abordar el proyecto, incluida la construcción, y la venta de Fusara se limitó a 74 millones. No obstante, cuando desembarcó en Madrid el equipo que está realizando una investigación interna en la diócesis capitalina, paralizó inmediatamente la participación de FSVSC en esta compra.