La jueza imputa a la trama inmobiliaria de la Iglesia y cita al cardenal Osoro como testigo

La presunta trama inmobiliaria que habría expoliado el patrimonio de fundaciones civiles ligadas a la Iglesia católica deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo ha dictado la magistrada del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que en un auto fechado el pasado 27 de diciembre, al que ha tenido acceso este medio, ha citado a declarar en calidad de investigados (figura anteriormente conocida como imputados) a ocho personas relacionadas directamente con las ventas de inmuebles de la Fundación Fusara y de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC).

En concreto, el 20 y 21 de enero, deberán comparecer ante el juzgado Antonio Chávarri y Jesús Merino, del bufete Chávarri (que intermedió todas las operaciones); David López-Royo, presidente de las fundaciones cuando ocurrieron los hechos investigados como delegado del arzobispo; Manuel Fernández-Clemente, secretario de los dos patronatos; Antonio Naranjo, gerente de FSVSC; Ignacio Olmos, gerente de Fusara; Roberto de Juan, administrador único de Tapiamar, sociedad que adquirió 14 edificios residenciales de Fusara, y Manuel Villa-Cellino, presidente de la Universidad Antonio de Nebrija, que compró los terrenos que tiene FSVSC junto al paseo de la Castellana.

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Además, un día después de concluir estas declaraciones, el próximo 22 de enero, la jueza ha citado a declarar en calidad de testigo al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

Con esta decisión de unir las dos causas, la magistrada respalda la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, que tras recibir una querella por la venta de los terrenos de FSVSC, apreció conexión con la causa que el juzgado 51 abrió por Fusara en diciembre de 2019 y optó por remitir el caso a la Fiscalía de Madrid para que se acumulara a las diligencias previas que ya estaban abiertas. Tras analizarlo, la Fiscalía de Delitos Económicos remitió al juzgado la querella, que se unió formalmente a la causa el pasado 15 de diciembre.

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De este modo, la magistrada Rodríguez-Medel ha terminado uniendo las dos causas justo cuando se cumple un año de la admisión a trámite de la querella que presentaron ante este juzgado un grupo de vecinos, inquilinos de las viviendas de Fusara, contra López-Royo, Olmos, Fernández-Clemente y De Juan por estafa y administración desleal. Tres meses después, la investigación se amplió a los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental.

Como ha venido informando este medio, la presunta trama inmobiliaria que habría expoliado el patrimonio de estas fundaciones habría operado tomando el control de los patronatos de estas instituciones, gracias al sillón presidencial que tenía López-Royo, y encargando al bufete Chávarri todas las operaciones de compra y venta. Este despacho, a su vez, contrataba siempre a la tasadora Gesvalt para valorar los activos, bienes que terminaron vendiéndose por unos importes que podrían haber generado un importante daño patrimonial a estas fundaciones, agujero agravado por las millonarias comisiones que han rodeado esta operativa.

En el caso de Fusara, los 14 edificios residenciales que tenía en el centro de Madrid se vendieron por 74 millones, importe en línea con el valor de liquidación, pero casi 20 millones inferior al de tasación y un 10% inferior a los 82 millones que suman las tasaciones de los diferentes edificios de la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Por lo que respecta a la FSVSC, frente a los 37 millones en que se valoraron sus terrenos (30.000 metros cuadrados junto al estadio Bernabéu y sobre los que se levantan una residencia de ancianos, un vivero y la parroquia de San Jorge), los querellantes han aportado otra tasación que eleva el valor de todo este complejo a 78 millones, más del doble.

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A la causa, que el pasado verano fue declarada compleja a petición de la Fiscalía y de los vecinos de los pisos de Fusara, se podría terminar uniendo un tercer caso que hace referencia a la Fundación Molina-Padilla. Como adelantó El Confidencial, en este caso, se vendieron dos edificios residenciales del barrio de Salamanca y guarda similitudes con Fusara y FSVSC, tanto en las personas como en la forma de operar.

En concreto, López-Royo, desde el sillón presidencial del patronato de Molina-Padilla, dio entrada como patrono a Antonio Chávarri, como secretario a Fernández-Clemente y como coordinador a Naranjo. Desde estas posiciones, se encargó a Chávarri un proyecto de transformación del patrimonio que tiene la fundación en edificios residenciales en otro nuevo de oficinas, lo que conllevó la venta de dos inmuebles a Prado Advocats, bufete que fue el único que ofertó en Fusara junto a Tapiamar.

No obstante, como este caso ya tiene una causa abierta en el juzgado de instrucción número 28 de Madrid, cuyo inicio es anterior al de Fusara en el 51, la jueza ha solicitado al Ministerio Público que informe si considera que debe tramitarse todo en un mismo procedimiento y después decidirá qué corresponde.