Metrovacesa intentó ejecutar a la Iglesia dos veces para salvar el pelotazo de Valdebebas

Hasta en dos ocasiones intentó Metrovacesa ejecutar una cláusula para quedarse con 23 millones de euros de Fusara y con el terreno que esta fundación, ligada a la Iglesia católica, había intentado comprar en el barrio madrileño de Valdebebas. Una jugada que habría permitido a la inmobiliaria controlada por Santander y BBVA dar un auténtico pelotazo, al tiempo que habría dejado la entidad benéfica quebrada.

Fusara, acrónimo de Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio, sostiene colegios y residencias con las rentas que obtiene de su patrimonio inmobiliario, un total de 14 edificios residenciales. Sin embargo, en mayo de 2019, el patronato de Fusara, como ha venido informando este periódico, acordó la venta de todos estos inmuebles a una sociedad de nueva creación, Tapiamar, por 74 millones, importe un 20% inferior al valor de tasación.

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Esta venta, que está siendo investigada en el juzgado número 51 de Madrid y en la archidiócesis de Madrid, estuvo desde el principio ligada a la construcción de un nuevo patrimonio en oficinas, mandato único que el patronato de Fusara encargó al bufete Chávarri y que cristalizó en la compra a Metrovacesa de un terreno de 35.000 metros cuadrados por casi 48 millones de euros.

Además de por lo elevado de este importe, que dobla lo pagado en las últimas operaciones del mercado, y de lo arriesgado que es embarcar una fundación dedicada a la beneficencia en operaciones de promoción inmobiliaria, esta compra está en el ojo del huracán por la cláusula resolutoria que firmó en favor de Metrovacesa y que permitía a la filial de Santander ejecutar a Fusara, quedarse el terreno y los 23 millones que la fundación entregó en el primer pago, si incumplía el segundo hasta completar la totalidad, como terminó ocurriendo.

La primera vez que este medio llamó a la promotora para recoger su versión sobre este asunto, un portavoz de la misma sostuvo la disposición de la compañía a negociar y negó haber pagado comisiones a Chávarri. Sin embargo, la investigación que está llevando a cabo este medio revela que, lejos de negociar, ha intentado hasta en dos ocasiones ejecutar esta cláusula y que pagó una comisión a AQT, despacho de Raúl Chávarri, hermano de Antonio Chávarri, presidente del bufete mandatado.

Para ejecutar esta condición resolutoria, la promotora contrató los servicios de Uría, que ya había asesorado en otro caso con una cláusula idéntica, que los expertos consultados tachan de leonina, además de desequilibrada, ya que a la contra no se imponía una penalización de estas dimensiones a Metrovacesa, que también se había comprometido a lograr unas autorizaciones sobre 9.000 metros cuadrados del terreno vendido.

Metrovacesa intentó cerrar la operación en diciembre, una semana después de ser judicializada

La primera vez que la inmobiliaria cotizada intentó ejecutar a la fundación fue el 6 de agosto, pero se encontró con la oposición de Fusara, a cuyo frente ya estaba el nuevo equipo que, tras un decreto firmado por el cardenal Carlos Osoro y con el respaldo del Vaticano, ha tomado las riendas de las fundaciones hasta que se aclare lo ocurrido y se depuren responsabilidades. El segundo intento de ejecución fue el 4 de septiembre y el registrador volvió a calificarlo negativamente, decisión que Uría ha recurrido ante la Dirección General de los Registros y el Notariado.

Según las fuentes consultadas, el registrador basa su rechazo en que se trata de un proceso judicializado. Al ser una operación de transformación, donde se vende el patrimonio residencial para construir uno nuevo en oficinas, Fusara necesita el cheque completo de Tapiamar para pagar a Metrovacesa, y la primera parte no se ha cumplido, porque la jueza admitió a trámite la querella que presentaron los inquilinos de Fusara el 19 de diciembre y añadió unas cautelares que prohíben vender estos edificios en abril.

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Justo una semana después de la admisión a trámite de la querella, el 26 de diciembre de 2019, Metrovacesa preguntó a Fusara si sería posible cerrar la compra antes de concluir el ejercicio, según unos correos a los que ha tenido acceso este medio, pero no se pudo correr tanto y la venta se completó a principios de marzo. Entonces, la fundación desembolsó 15 millones y la totalidad del IVA, elevando así hasta 23 millones el desembolso e hipotecando el futuro de la entidad.

Ahora, dentro de las acciones que está llevando a cabo el nuevo equipo al frente de las fundaciones, se incluye el intento de revertir esta operación, que aboca Fusara a la quiebra, ya que la inversión necesaria para levantar un edificio de oficinas en Valdebebas va mucho más allá de los 48 millones de euros, y solo la construcción son otros 60 millones más.

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Respecto a la comisión pagada al despacho de Raúl Chávarri, la promotora no ha querido aclarar a este medio en concepto de qué se aprobó este pago, ni su cuantía. Uno de los capítulos más oscuros de las investigaciones, tanto judiciales como canónicas, actualmente en marcha por la venta del patrimonio de las fundaciones ligadas a la Iglesia tiene que ver, precisamente, con las comisiones que cobraba Chávarri tanto a la parte vendedora como a la compradora.

En Fusara, cobró un 5% por la venta de sus 14 edificios, y también trabajó para Tapiamar, además de percibir otro 2% por la compra del solar a Metrovacesa que, a su vez, pagó otra comisión a Raúl Chávarri y logró así cerrar una de las operaciones más importantes para sus cuentas de este 2020.