Metrovacesa evita ejecutar 22M a la Iglesia y negocia deshacer la venta de Valdebebas

El pasado 4 de marzo, Metrovacesa protagonizó una de las operaciones de suelo más controvertidas de los últimos tiempos: la venta de una parcela destinada a oficinas en el madrileño barrio de Valdebebas. Al otro lado de la mesa, en la posición compradora, estaba Fusara, una fundación ligada a la archidiócesis de Madrid, que acordó pagar casi 48 millones de euros por 35.000 metros cuadrados de terreno, precio muy por encima de mercado.

Tal y como publicó El Confidencial, los 1.370 euros por metro cuadrado en que se pactó la operación suponen más que doblar los 590 euros pagados por Saint Croix, socimi de Pryconsa, a Trinitario Casanova por otra parcela de uso terciario de la zona, o los 948 euros el metro cuadrado a que asciende el precio de repercusión al que el propio Ayuntamiento de Madrid ha sacado a la venta dos parcelas, que suman casi 40.000 metros cuadrados.

TE PUEDE INTERESAR

El viacrucis inmobiliario de la Iglesia: compra suelo al doble del precio de mercado

E. Sanz

¿Qué llevó a la Iglesia a pagar este sobreprecio? Es la pregunta clave y, probablemente, la respuesta haya que buscarla en el valor en libros a que tiene recogidos estos terrenos Metrovacesa y que, según las fuentes consultadas, es prácticamente el acordado con Fusara. Gracias a esto, la promotora controlada por Santander y BBVA evitará tener que reconocer un duro ajuste al cierre de este ejercicio si, como ya se está negociando, esta operación se retrae.

Una venta que enlaza directamente con la investigación que se está llevando a cabo por la presunta existencia de una trama inmobiliaria en el seno de la archidiócesis de Madrid, ya que Fusara preveía comprar estos terrenos con la venta de 14 edificios residenciales que posee en el centro de Madrid y de la parroquia y asilo que otra fundación de la Iglesia (FSVSC) tiene junto al estadio Santiago Bernabéu.

Según han confirmado a este medio varias fuentes conocedoras, el acuerdo entre la promotora y Fusara dividía en plazos el pago total de los casi 48 millones, con el compromiso de haber completado el desembolso en agosto, máxima que Fusara ha incumplido y, por el momento, todo apunta a que tampoco será capaz de llevar a cabo en lo que queda de año, ya que la venta de sus viviendas está judicializada, y el segundo pago por la operación de San Jorge está fijado para noviembre de 2021.

Al haber incumplido el calendario de pagos previsto, Metrovacesa podría haber ejecutado a la fundación la cantidad que en este tipo de contratos siempre se reconoce dentro de las cláusulas de penalización. Sin embargo, frente a un 10% o 15% del precio acordado en que suelen moverse estas penalizaciones, Fusara, asesorada por el bufete Chávarri, aceptó que la promotora podría quedarse con todo el dinero ya entregado, que asciende, siempre según las mismas fuentes, a unos 22 millones de euros.

La venta se hizo a valor en libros, por lo que retraerla apenas afectaría en las cuentas, frente el coste reputacional de dejar a niños sin ingresos

La promotora, sin embargo, ha evitado ejecutar esta millonaria cantidad a la Iglesia y ha optado por dar una prórroga y sentarse a negociar unas nuevas condiciones. “El suelo está vendido y queremos que se complete tal y como se ha firmado. En el caso de que no se complete, estamos dispuestos a valorar alternativas favorables para ambas partes”, ha reconocido un portavoz de Metrovacesa.

Para la promotora, el escándalo desatado por la venta del patrimonio de la Iglesia tiene un mayor coste reputacional que económico, ya que detraer la operación apenas tendría impacto en su balance (solo en la línea de ingresos, gracias a que se ha vendido a valor en libros), el suelo volvería a ser suyo y tampoco afectaría al dividendo, ya que se ha aplazado a 2021 por impacto del covid.

TE PUEDE INTERESAR

La presunta trama inmobiliaria de la Iglesia pone en jaque al Gobierno de Almeida

Ruth Ugalde

Donde sí habría impacto sería en la caja, al tener que devolver los 22 millones ya cobrados, menos la cantidad que se termine pactando. Un mal que podría considerarse menor, ya que la alternativa para que esto no ocurra sería ejecutar semejante cantidad (casi la mitad del importe de la operación) a una fundación de la Iglesia, que necesita estos fondos para mantener colegios y residencias de niños, y que está en el ojo del huracán por las sospechas, ya judicializadas, de un presunto fraude en la venta de Fusara, origen de esta operación.

A esta encrucijada se une otra que deja en manos del Ayuntamiento de Madrid que esta operación nunca llegue a cristalizar en su totalidad. Según ha confirmado este medio con fuentes directas, la venta de este terreno también está condicionada a conseguir el visto bueno del consistorio para que casi un tercio, 9.000 metros cuadrados, sea edificable. Si en abril de 2021 esta condición no se ha conseguido, se detrae.

Aunque el interlocutor de Metrovacesa en esta negociación es Fusara, en realidad son dos fundaciones las que compran: Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), que es la propietaria de San Jorge, que ya ha recibido un primer pago de 17 millones por parte de Residencias Nebrija, sociedad de Manuel Antonio Villa-Cellino, presidente de la Fundación Nebrija, que deberá desembolsar el resto el próximo año.