Nebrija devuelve a la Iglesia la Parroquia de San Jorge y da un vuelco al caso Fundaciones

Tres años después de que anunciaran haber anunciado un acuerdo de reversión, Nebrija y la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC) han firmado la nulidad de la venta de la Parroquia de San Jorge, la residencia anexa y los terrenos donde se levantan las dos edificaciones, una enorme bolsa de suelo ubicada en uno de los mejores enclaves de la capital, a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu. Esta firma permite a la fundación, ligada al arzobispado de Madrid, recuperar su patrimonio.

Las dos partes se habían citado hoy a las 10 de la mañana en una notaría de Madrid, donde han estampado sus respectivas firmas en un acuerdo de nulidad que, además de permitir a esta fundación recuperar sus bienes, marca un punto de inflexión en el caso Fundaciones. Con este nombre se conoce a la investigación judicial que desde 2019 trata de aclarar la presunta existencia de una trama organizada, con conexiones dentro y fuera del arzobispado de Madrid, que habría expoliado patrimonio de varias fundaciones ligadas a la Iglesia católica.

Se trata de FSVSC; de Fusara, propietaria de 14 edificios residenciales en el centro de Madrid que fueron vendidos a precio de derribo a Tapiamar, sociedad que enlaza con el consejero delegado de Barclays España, Álvaro Portanet, y con los fondos Castlelake y Ares; y de Molina Padilla, fundación que llegó a un acuerdo para traspasar dos edificios en el centro de Madrid a una sociedad del exdirector general de Banco Santander, Enrique García Candelas. No obstante, en este último caso, cuando se empezó a destapar la existencia de la presunta trama, el financiero aseguró haber sido engañado también, deshizo todo y empezó a colaborar con la Iglesia.

De hecho, su papel ha sido clave para poder ir deshaciendo el ovillo, al haber comprado al bufete Chávarri, despacho al que la investigación judicial ubica en el centro de la trama, una parte de su empresa, lo que ha permitido tener acceso a numerosa documentación.

TE PUEDE INTERESAR

La Iglesia desafía al presidente de la Nebrija y amenaza con llevarle al banquillo de los acusados

Ruth Ugalde

En el acuerdo de nulidad sellado ahora con Nebrija, la entidad presidida por Manuel Antonio Villa-Cellino reconocería haber pagado 40 millones de euros por el patrimonio de la FSVSC, sin embargo, a la fundación solo se le informó de 37 millones, una diferencia de tres millones que acreditaría la lluvia de comisiones que rodearon a esta operación en perjuicio de la Iglesia y en beneficio de los considerados miembros de la presunta trama.

Con este acuerdo, se trata de evitar que el académico forme parte de la lista de imputados. Como ya informó este medio, el pasado junio, el magistrado Jaime Serret, del Juzgado de Número 28 de Madrid, abrió la puerta para ir a juicio oral, tras concluir durante las diligencias previas la posible existencia de un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares.

El juez apuntó que quienes habrían cometido estos delitos son los hermanos Antonio y Raúl Chávarri (intermediarios de todas las operaciones), David López Royo (delegado de fundaciones del arzobispado de Madrid), Manuel Fernández-Clemente (secretario de las fundaciones), Antonio Naranjo (gerente de una de las fundaciones), Julio Lage (interventor del Arzobispado de Madrid), Jesús Merino (abogado de Chávarri), José Prado (abogado y socio de Raúl Chávarri), Ricardo de Guindos (Ribidor Asesores) y Daniel Hidalgo Pita (del bufete Chávarri).

En cambio, no incluyó a ninguno de los compradores como presuntos miembros de la trama, al considerar que "no hay indicios que permitan concluir que estos compradores están concertados desde el principio, sabiendo que las ventas de los inmuebles puedan ser fruto de un engaño a los patronos de las fundaciones y que, además, suponen dejar a dichas fundaciones sin la posibilidad de cumplir sus fines asistenciales".

En consecuencia, acordó el archivo provisional contra Villa-Cellino; Roberto de Juan, comprador de las viviendas de Fusara y socio de Portanet; y Alberto Pulido, del despacho de García-Candelas. Lo mismo acordó para Ignacio Olmos, que era gerente de Fusara cuando ocurrieron los hechos, "del que consta su oposición" a que Fusara perdiera las rentas de los pisos y que colaboró en la investigación canónica que abrió la Iglesia, paralela a la de los tribunales de Justicia.

No obstante, el juez Jaime Serret sí apuntó a que los compradores podrían incurrir en un delito de enriquecimiento ilícito "en el caso de que se estime que efectivamente estas compraventas fueron delictivas". En tal caso, "deberían resarcir a las fundaciones por la vía de la responsabilidad civil, como partícipes a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal"; mientras que la Fiscalía pidió aclarar qué pasaba con el acuerdo de reversión y si la Iglesia renunciaba a tomar acciones contra Nebrija en el escrito de acusación que deberá presentar.

Este último punto fue crítico, ya que, de cara a la apertura definitivamente de juicio, suelen ser determinantes los escritos de acusación tanto de la Fiscalía como de los perjudicados, en este caso las fundaciones. Una posición que la FSVSC ha jugado en los últimos meses para conseguir la nulidad e inexistencia de la operación. Tras la firma esta mañana en la notaría, el acuerdo se comunica de manera inmediata al registro para que pueda llevarse a cabo la devolución de su patrimonio a la Iglesia.