La Iglesia desafía al presidente de la Nebrija y amenaza con llevarle al banquillo de los acusados

Nuevo giro en la investigación judicial que trata de aclarar la presunta existencia de una trama que habría actuado de manera organizada para expoliar patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica. Como ha venido informando este medio, en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid se investigan desde hace tres años las ventas llevadas a cabo en las fundaciones Fusara (14 edificios residenciales en el centro de Madrid), Molina-Padilla (dos edificios en el barrio de Salamanca) y Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC).

En el caso de esta última, la investigación judicial gira en torno a la venta que, hace cinco años, se llevó a cabo sobre los terrenos que tiene junto al estadio Santiago Bernabéu, una enorme bolsa de suelo donde se levantan la parroquia de San Jorge, una de las más activas y con más vocaciones sacerdotales de toda la capital, y una residencia de ancianos, que también fueron traspasadas a Residencias Nebrija, sociedad de Manuel Antonio Villa-Cellino, presidente de la universidad del mismo nombre.

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El pasado 30 de mayo, el académico quedó fuera de la lista de imputados que el magistrado encargado de este caso, el juez Jaime Serret, apuntó que podrían haber cometido un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares. En aquel auto, también emplazaba a las partes a presentar sus escritos de acusación, hito que se ha ido posponiendo hasta aclarar varias prácticas y diligencias previas pendientes.

Una de ellas, la petición hecha por la Fiscalía a la FSVSC para que remitiera "certificación del estado en el que se encuentra el acuerdo de resolución del contrato de compraventa", además de requerir que "manifiesten expresamente y justifiquen (a través de acuerdo tomado por el patronato debidamente constituido al efecto) si mantienen o desisten del ejercicio de las acciones civiles y/o penales contra dicha entidad a través del acuerdo firmado". Y su respuesta ha sido todo un jarro de agua fría para los intereses de Villa-Cellino.

En su reunión del pasado 13 de septiembre, el patronato de la fundación, cuya presidencia corresponde al Arzobispado de Madrid, acordó que "la fundación no renuncia a las acciones que le puedan corresponder, tanto civiles como penales, frente a Residencias Nebrija SL, hasta que no se haya producido la recuperación del patrimonio de la fundación en los términos que se determinaron en el acuerdo del 20 de julio de 2022".

El escrito de acusación que presente la FSVSC y el que redacte la Fiscalía son los más importantes en una causa de esta naturaleza: el primero, por ser el perjudicado en su patrimonio, y el segundo, por ser la institución en cuyo criterio suelen apoyarse los magistrados. Y con esta respuesta de la fundación, se estrecha el cerco sobre el presidente de Nebrija.

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El juez Serret, en su auto del 30 de mayo, no incluyó como miembros de la trama a ninguno de los compradores de las tres fundaciones, por considerar que "no hay indicios que permitan concluir que estos compradores están concertados desde el principio, sabiendo que las ventas de los inmuebles puedan ser fruto de un engaño a los patronos de las fundaciones y que, además, suponen dejar a dichas fundaciones sin la posibilidad de cumplir sus fines asistenciales".

Pero sí que les advirtió de que podían incurrir en un delito de enriquecimiento ilícito "en el caso de que se estime que efectivamente estas compraventas fueron delictivas". En tal caso, "estos deberían resarcir a las fundaciones por la vía de la responsabilidad civil, como partícipes a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal", señaló el auto.

Además, en el caso de Residencias Nebrija, el juez destacó que Villa-Cellino había llegado a un acuerdo para resolver la compraventa y devolver su patrimonio a la FSVSC, como se ha anunciado hasta en tres ocasiones. La última, el pasado julio, acuerdo que la Fiscalía pidió conocer para acreditar realmente en qué punto se encuentra y que ha obligado a la fundación a confesar que sigue sin recuperar su patrimonio.

De hecho, fuentes de las dos partes consultadas por este medio aseguran que siguen negociando las condiciones finales del acuerdo, un trabajo que se alarga ya tres años. Fue en diciembre de 2020 cuando, en un comunicado oficial, encabezado por los logos de la Universidad de Nebrija y de la FSVSC, se aseguró haber llegado a un pacto para la resolución de la compraventa. Sin embargo, desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que los feligreses y vecinos de San Jorge han denunciado a este medio tener constancia de que la institución académica seguía adelante con sus planes de quedarse con este terreno.

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La última, el pasado mayo, apenas tres días antes del auto del juez, cuando un intermediario les entregó un escrito en el que se aseguraba que el pacto de Nebrija con la FSVSC "contemplaba oralmente el posible uso futuro de la parcela, según el proyecto de plan especial redactado por el estudio de arquitectura Porras Guadiana Arquitectos, para hacer compatibles el uso religioso de la iglesia de San Jorge, la nueva residencia de ancianos en esa ubicación y el posible uso dotacional de dos residencias de estudiantes en el propio campus".

Pero este juego de intentar ponerle el cascabel al gato puede estar llegando a su fin, ya que la fase en la que ha entrado la investigación judicial, encaminada a presentar los escritos de acusación, con la Fiscalía obligando a levantar las cartas y el escrito de la FSVSC asegurando estar dispuesta a tomar las acciones penales necesarias, mete presión para aclarar cuáles son las verdaderas relaciones entre la Iglesia y Nebrija.