Vecinos de la Parroquia de San Jorge denuncian coacciones de Nebrija por el caso Fundaciones

—Este fin de semana ha venido un emisario de Villa-Cellino. Ha querido presentarlo como tercero de buena fe, que ha sido sorprendido por una trama de corrupción de la que era totalmente ajeno, que es un hombre bueno que se encuentra atrapado en una financiación que cada día le resulta más insoportable, además del daño reputacional que todo esto le está originando. Además, al más puro estilo de El Padrino, ha realizado una investigación sobre quién es quién entre los denunciantes y querellantes.

—¿Qué tipo de investigación?

—Investigación con DNI, domicilio, escalera, piso, letra, cargo, lugar de trabajo, etc. La ha hecho, entiendo, con la finalidad de intimidar, de decir "os tengo en la diana".

El lunes por la noche, un vecino de la Parroquia de San Jorge denunció a este medio, con esta conversación, que estaban siendo víctimas de lo que consideran una coacción. En los días siguientes, cuatro vecinos más confirmaron a este medio la misma versión: un emisario de Manuel Villa-Cellino había ido y les había dejado una lista con los nombres de todos los que respaldaron la denuncia, primero, y la querella que forma parte del caso de las Fundaciones de la Iglesia, después.

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Desde hace tres años, los tribunales madrileños investigan la presunta existencia de una trama organizada para expoliar patrimonio de fundaciones ligadas al Arzobispado. Se trata de Fusara, donde se vendieron 14 edificios residenciales en el centro de Madrid, Molina Padilla, de la que se intentaron traspasar dos inmuebles en el barrio de Salamanca, y la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), dueña de la Parroquia de San Jorge, de su residencia anexa y de la gran bolsa de terreno donde se ubican, en uno de los mejores enclaves de Madrid: a escasos metros del estadio Santiago Bernabéu.

El comprador de esta última fue Manuel Antonio Villa-Cellino, presidente de la Universidad de Nebrija, el mismo que habría encargado la investigación y habría enviado un emisario a hablar con los vecinos. El Confidencial ha intentado contrastar con él esta información, así como recoger su versión de por qué tiene datos personales de los denunciantes, cómo los ha conseguido y para qué los quiere, pero en todo momento ha rechazado hablar con este medio y tampoco ha respondido a los mensajes.

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Coincidencia o consecuencia, el emisario, cuyo nombre los vecinos han declinado desvelar para evitar comprometerle, mantuvo este encuentro apenas 72 horas antes de que el juez encargado del caso dictara iniciar un procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral. El magistrado aprecia que 10 de los 14 investigados podrían haber cometido un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares.

Solo ha dejado fuera de la presunta trama a un empleado de Fusara y a los compradores de las tres fundaciones, pero advirtiéndoles de que podrían incurrir en un delito de enriquecimiento ilícito "en el caso de que se estime que efectivamente estas compraventas fueron delictivas". En tal caso, "estos deberían resarcir a las fundaciones por la vía de la responsabilidad civil, como partícipes a título lucrativo".

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En el caso concreto de Residencias Nebrija, sociedad a través de la cual Villa-Cellino adquirió San Jorge, el juez puntualiza que ese riesgo ya no existiría, porque "han resuelto de mutuo acuerdo con la venta que realizaron con FSVSC", pacto del que desconfían los vecinos, que conforman la acusación popular y que fueron los primeros en empezar a advertir en el Arzobispado que algo raro estaba ocurriendo.

Ahora que se acerca el final de la fase de instrucción, y tras el escrito recibido con los nombres de todos ellos y sus datos personales, creen que se les está intentando amedrentar, lo que alguno de los afectados considera que podría llegar a interpretarse como un delito de obstrucción a la Justicia.

En el epicentro, está el acuerdo de reversión de la venta de la parroquia que cita el juez. Hasta en tres ocasiones, las dos partes han anunciado haber llegado a un pacto de este tipo, sin que nunca se haya terminado de cerrar, lo que ha alimentado la desconfianza de la acusación popular. El último de estos acuerdos, al que hace referencia el auto, se remonta al pasado verano y todavía sigue sin completarse.

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Para poder ejecutarlo y registrarlo, pidieron levantar las medidas cautelares que impiden disponer de la finca. Los vecinos se han opuesto, ya que sospechan que puede haber segundas intenciones o pactos ocultos. Unas dudas que ha alimentado el escrito que les entregó el emisario. En él se asegura que en el pacto con la FSVSC, "también se contemplaba oralmente el posible uso futuro de la parcela, según el proyecto de plan especial redactado por el estudio de arquitectura Porras Guadiana Arquitectos, para hacer compatibles el uso religioso de la Iglesia de San Jorge, la nueva residencia de ancianos en esa ubicación y el posible uso dotacional de dos residencias de estudiantes en el propio campus".

Al haber dictado el juez el inicio del procedimiento abreviado, y haber dado a las partes un plazo de 10 días para presentar sus escritos de acusación, empieza también la cuenta atrás para aclarar este punto, ya que previamente se deben resolver las diligencias aún pendientes. La propia Fiscalía, en un escrito del pasado marzo, ha pedido incluir, en la resolución que resuelva este extremo, que se deje claro que las cautelares se levantan a "tales y únicos efectos [revertir la compraventa], recogiéndose en la misma el requerimiento a la representación procesal de FSVSC para que aporte a la causa la escritura única en virtud de la cual se haga efectiva la resolución de la compraventa".