Uría asesoró en Fusara y San Jorge a pesar de los lazos de su presidente con el Arzobispado

Antes de que la Universidad de Nebrija acordara la compra de la parroquia de San Jorge con la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), operación que el Arzobispado de Madrid acaba de echar para atrás en el marco de una investigación interna, hubo otro comprador interesado en hacerse con este templo y con todo el terreno que lo rodea en pleno corazón de Madrid, a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu.

Se trata del grupo mexicano Rangel, que en 2018 presentó una oferta al patronato de esta fundación, propuesta que llegó de la mano del bufete Uría Menéndez. Este despacho de abogados, uno de los más prestigiosos de España, fue el que asesoró a los aztecas en la elaboración y presentación de su proyecto, según han confirmado a El Confidencial varias fuentes implicadas.

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Ruth Ugalde

La propuesta, que estaba condicionada a conseguir el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid para sacar adelante un Plan Especial, siempre según las mismas fuentes, fue rechazada por el patronato, entonces presidido por David López Royo, delegado de fundaciones del Arzobispado, y en el que también se sentaba Julio Lage, interventor de la diócesis y miembro del consejo económico.

Se da la circunstancia de que en este órgano, formado actualmente por una veintena de personas, también se sienta Luis de Carlos, socio presidente de Uría y uno de los mejores abogados de España, posición que algunas fuentes interpretan como un conflicto de interés, que habría recomendado que el bufete se hubiera abstenido, mientras que otras niegan esta máxima, entre otros motivos, porque FSVSC es una fundación civil, no canónica. Por su parte, un portavoz oficial del despacho de abogados ha declinado hacer comentarios.

El argumento de que se trata de una institución civil fue, precisamente, el esgrimido por Julio Lage y por otros profesionales ligados a las fundaciones que están siendo ahora investigados, como el secretario de FSVSC, Manuel Fernández Clemente, para no elevar a este órgano de control las operaciones inmobiliarias de San Jorge y de Fusara, otra fundación en la que también jugó un papel clave Uría.

Como adelantó este medio, este despacho fue contratado por Metrovacesa para ejecutar una cláusula resolutoria leonina que permite a la inmobiliaria del Banco Santander quedarse con 23 millones que Fusara había puesto en el primer pago de la compra de un terreno en el barrio de Valdebebas si incumplía con el segundo.

El argumento para negar conflicto de interés se usó para esquivar al consejo económico

Se trata de una cláusula penal, con poder irrevocable para ejecutar y renuncia expresa a la moderación judicial que, por dos veces, han intentado hacer valer Metrovacesa y Uría, aunque sin fruto, gracias a que el registro lo rechazó por enmarcarse dentro de una causa ya judicializada como es la operación Fusara.

“Al Arzobispado se le quitó el control de estas operaciones haciendo que no pasaran por el consejo económico”, señala una fuente que pide salvaguardar el anonimato. “Que haya obligatoriedad legal puede ser interpretable, pero si estamos hablando de personas de la confianza del cardenal Carlos Osoro, deberían haberlo elevado”, añade.

Aunque civiles en la forma, en el fondo, estas instituciones están estrechamente ligadas a la Iglesia, ya que sus fundadores quisieron dar el gobierno de las mismas al Arzobispado a través del patronato, sillón que Osoro delegó en López Royo, como hicieron otros patronos, como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que delegó el sillón que tenía reservado como edil de la capital en el concejal Mauricio Valiente.

Patronato y consejo económico

Hace cinco años, Osoro renovó el consejo económico y entonces entraron 12 consejeros de nueva designación, entre los que se encontraban López Royo y Lage. Un año después, el primero fue nombrado delegado de fundaciones y pasó a ostentar el sillón presidencial de Fusara y FSVSC, mientras en enero de 2018 fichó por Chávarri para liderar el área de Responsabilidad Social Corporativa (aquí tampoco se vio un conflicto de interés).

En la primavera de ese mismo año, ya estaba trabajando en la venta de San Jorge, con Rangel como candidato, y en noviembre se crea la Fundación Chávarri para el Bien Común, entre cuyos primeros patronos están López Royo, Lage y Fernández Clemente, y se acuerda la venta a Nebrija.

Aunque civiles en la forma, estas fundaciones fueron confiadas a la Iglesia por sus creadores

Por qué Rangel no perfeccionó su oferta, ya que contaba con una exclusiva hasta el 15 de octubre de 2018, es un aspecto que este medio no ha podido terminar de aclarar, al recibir versiones contradictorias y carecer de prueba documental.

Unas fuentes aseguran que Chávarri contrató a otro intermediario para ofrecérselo a Nebrija y que la comisión de 2,5 millones de euros que percibió de la institución presidida por Manuel Villa-Cellino fue a parar a los bolsillos de Rangel para que se retirara, mientras que otras afirman que esta versión, que saldría del entorno del bufete, es falsa, porque la exclusiva de los aztecas expiró un mes antes de firmar con Nebrija.