Actas falsas, pactos ocultos y comisiones de oro: vista para sentencia la trama de San Jorge

Mañana, 15 de noviembre, se cumplen cuatro años de una operación que empezó a destapar la existencia de una presunta trama organizada para expoliar el patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica. El traspaso de la parroquia de San Jorge y la residencia de ancianos anexa a una sociedad de Manuel Antonio Villa-Cellino, presidente de la Universidad de Nebrija, fue la primera de una serie de compraventas que han terminado en los tribunales civiles y eclesiásticos, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de la historia del Arzobispado de Madrid.

Durante los casi tres años que dura ya la instrucción de esta causa, primero en el juzgado 51 y después en el 28, ha ido destapándose una operativa consistente en vender los bienes de las fundaciones a bajo precio y comprar otros nuevos por encima de su valor, todo ello aderezado con jugosas comisiones y pagos cruzados entre el Grupo Chávarri, bufete al que se encargaron estas operaciones, y varias figuras clave dentro de los patronatos de las fundaciones y del área económica del Arzobispado.

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Actas falsas, pactos secretos, comisiones millonarias, valoraciones ocultadas, cruces de fechas y cambios de precio sin explicación alguna son apenas un resumen de las irregularidades que han ido apareciendo a lo largo de la investigación judicial. Y a falta de un mes escaso para que se cumpla el plazo y el juez decida si abre ya juicio o concede otra prórroga de seis meses, las espadas vuelven a estar en alto.

En esta ocasión, el motivo es el nuevo acuerdo de reversión al que ha llegado Villa-Cellino con la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), dueña de los terrenos donde se levantan la parroquia y la residencia de ancianos. A la falta de credibilidad que produce el hecho de que sea la tercera vez que se anuncia (¿acaso las anteriores eran mentira o alguien intentó jugar de farol?), se une la particular redacción del mismo, que hace sospechar a los fieles de la posible existencia de otros pactos paralelos entre la fundación, cuyo presidente nato es el arzobispo, y Nebrija.

Fuentes de la FSVSC insisten a este medio en que no hay nada más, y que lo único que se ha acordado es la recuperación del patrimonio y la devolución de las cantidades entregadas. Palabras que apenas calman a la feligresía de San Jorge, la única de todas las partes de esta compleja historia que desde el principio denunció que algo raro estaba ocurriendo.

Primero intentó evitar la venta, alertando hasta al mismísimo arzobispo, Carlos Osoro, y posteriormente llevó el caso ante los tribunales, iniciativa que ha permitido a la policía judicial, tras una denuncia del nuevo equipo al frente de las fundaciones nombrado por el cardenal para aclarar lo ocurrido, acreditar, por ejemplo, un perjuicio de 75 millones de euros a su patrimonio por parte de la presunta trama.

La investigación judicial ha terminado confirmando hasta los peores temores de los parroquianos, que consiguieron impedir que se consumara la venta a Villa-Cellino gracias a que el juez aceptó su solicitud de cautelares, medida dirigida a evitar que Nebrija tomara el control de la codiciada bolsa de terreno donde se levanta San Jorge, a pocos metros del paseo de la Castellana y del estadio Santiago Bernabéu.

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Sin embargo, hace una semana y a petición de la FSVSC, el magistrado ha accedido a levantar las cautelares para poder consumar la reversión, medida a la que los fieles se han opuesto sin éxito. Y ahora rezan para que no haya gato encerrado detrás del acuerdo con Villa-Cellino. Razones para desconfiar les sobran, como ha ido acreditándose durante la instrucción.

Según han afirmado a este medio algunos feligreses, entre los aspectos que más han encendido sus alarmas está la probable falsificación del acta del patronato del 12 abril de 2018, en que se aprobó conceder un mandato de venta de Chávarri. En el acta que se entregó en la Comunidad de Madrid, se exigía que la venta recibiera el visto bueno previo de este protectorado, cláusula que desapareció del resto de copias, lo que lleva a los fieles a sospechar que se falsificaron para poder vender sin la requerida autorización.

En la investigación judicial, se ha conocido la existencia de un informe de Alantra que recomendaba vender los terrenos por 50 M

Este mandato se incluyó en el orden del día justo un día después de que Chávarri recibiera de World Health Management (WHM) una carta de intenciones para representar a posibles compradores. Algo que podría considerarse normal, si no fuera porque fue el propio bufete el que, un mes antes, en marzo de 2018, había contactado con WHM para que trajera compradores y le había solicitado una carta de intenciones. ¿Cómo podía saber el bufete que el patronato iba a contratarle desde un mes antes?

Otro punto llamativo es que Chávarri contaba desde 2016 con una tasación de 88,9 millones de euros de la finca donde se levanta la parroquia de San Jorge; desde enero de 2017, con un informe sobre la situación urbanística y posibilidades de aprovechamiento de la parcela que contemplaba la posibilidad de vender de manera acelerada por 41,13 millones de euros, y desde el verano de 2018, con un informe de Alantra que recomendaba vender los terrenos en 50 millones de euros tras lograr la aprobación de un plan especial en el que Chávarri ya había trabajado. Sin embargo, se vendió a Nebrija por 37 millones tres meses después.

Los bailes de cifras llegan al punto de que, en su declaración ante el juez como imputado, Villa-Cellino cifró en 40 millones el importe total que pagó por quedarse San Jorge. Pero a la FSVSC solo se le entregaron 37 millones. Otros 2,5 millones fueron para Chávarri y 500.000 euros, a la Cátedra de la Fundación Chávarri para el Bien Común, que se creó justo después de vender San Jorge entre el bufete y la universidad, con Antonio Chávarri de presidente, David López Royo, por aquel entonces presidente de la FSVSC, como vicepresidente, y Julio Lage, entonces interventor del Arzobispado, como vocal.

Todo ellos, en sus declaraciones, han intentado implicar al cardenal asegurando que estaba al corriente de todo. Sin embargo, fue Osoro quien ordenó abrir una investigación canónica, tras la que se ha cambiado al equipo al frente de las fundaciones y del área económica del arzobispado, además de haberse personado las fundaciones en la causa judicial para intentar recuperar su patrimonio.

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Ante el juez, Antonio Chávarri dijo que esos 2,5 millones extra pagados por Nebrija fueron para conseguir que se retirara el grupo mexicano Rangel, otro interesado que, desde verano de 2018, tenía la exclusiva para negociar la compra y que hizo una oferta por 38,5 millones, cifra más ventajosa para la FSVSC, que con el cambio por Villa-Cellino pasó a ingresar menos dinero, mientras intermediarios varios se repartían jugosas comisiones.

Suma y sigue, porque, además, la exclusiva de los aztecas caducaba el 15 de noviembre. ¿Qué sentido tenía pagarles semejante comisión apenas unos días antes, para terminar vendiendo por menos, cuando se sabía que podían pedirse 50 millones con solo tramitar el plan especial? Cuatro años después, demasiadas preguntas siguen sin respuesta.