El juez ve indicios de delito en la trama de las Fundaciones y abre la puerta para ir a juicio

Después de tres años de instrucción, la trama de las Fundaciones de la Iglesia entra en una nueva fase. El magistrado Jaime Serret, del Juzgado de número 28 de Madrid, ha abierto ya la puerta para ir a juicio oral y ha dado a las partes un plazo de 10 días para presentar sus escritos de acusación formal. En un auto de este martes, 30 de mayo, el magistrado ha dictado continuar la tramitación mediante un procedimiento abreviado, tras haber concluido durante las diligencias previas la posible existencia de un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares.

Como ha venido informando este medio, la Justicia investiga la presunta existencia de una trama organizada que habría expoliado patrimonio de fundaciones ligadas al Arzobispado de Madrid. Para conseguirlo, primero se hicieron con el control de los patronatos, desde ahí encargaron al bufete Chávarri todas las ventas, este presentaba a personas de su entorno como compradores para simular concurrencia y, nada más adquirir los bienes, los revendían a precios muy superiores o tenían preparado un plan de negocio mucho más lucrativo.

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El magistrado apunta que quienes habrían cometido estos delitos son los hermanos Antonio y Raúl Chávarri (intermediarios de todas las operaciones), David López Royo (delegado de fundaciones del Arzobispado de Madrid), Manuel Fernández-Clemente (secretario de las fundaciones), Antonio Naranjo (gerente de una de las fundaciones), Julio Lage (interventor del Arzobispado de Madrid), Jesús Merino (abogado de Chávarri), José Prado (abogado y socio de Raúl Chávarri), Ricardo de Guindos (Ribidor Asesores) y Daniel Hidalgo Pita (del bufete Chávarri). No obstante, tanto el alcance de los posibles acusados como la calificación del delito o delitos cometidos son provisionales.

Ahora, las acusaciones y la Fiscalía deberán presentar sus escritos de acusación, tras los cuales el juez deberá dictar ya de forma definitiva la apertura de juicio, los nombres de los acusados y los delitos que se les imputan. Además, en esta nueva fase, las partes podrán solicitar la práctica de diligencias que consideren imprescindibles para formular la acusación y para completar las diligencias previas si consideran que alguna no ha terminado de resolverse, como previsiblemente ocurrirá.

De la Fundación Fusara, se vendieron 14 edificios residenciales repartidos por el centro de Madrid por 74 millones de euros, cuando desde el principio los tenían valorados en 115 millones de euros. De la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), vendieron la Parroquia de San Jorge y todos los terrenos que la rodean, junto al estadio Santiago Bernabéu, por 37 millones, cuando el propio despacho de Chávarri los había valorado un año antes en 41 millones y otra tasadora en 98 millones. La tercera fundación investigada es Molina Padilla, de la que se vendieron dos edificios en el barrio de Salamanca por 12 millones, que inmediatamente se trataron de revender por el doble.

El magistrado no ha incluido a ninguno de los compradores como presuntos miembros de la trama, al considerar que "no hay indicios que permitan concluir que estos compradores están concertados desde el principio, sabiendo que las ventas de los inmuebles puedan ser fruto de un engaño a los patronos de las fundaciones y que, además, suponen dejar a dichas fundaciones sin la posibilidad de cumplir sus fines asistenciales".

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Por eso, acuerda el archivo provisional contra Manuel Villa-Cellino, comprador de la Parroquia de San Jorge a través de Residencias Nebrija; Roberto de Juan, comprador de las viviendas de Fusara a través de Tapiamar, y Alberto Pulido, comprador de los edificios de Molina Padilla a través de Building the Next Success. Lo mismo acuerda para Ignacio Olmos, que era gerente de Fusara cuando ocurrieron los hechos, "del que consta su oposición" a que Fusara perdiera las rentas de los pisos.

Sin embargo, sí apunta a que los compradores podrían incurrir en un delito de enriquecimiento ilícito "en el caso de que se estime que efectivamente estas compraventas fueron delictivas". En tal caso, "estos deberían resarcir a las fundaciones por la vía de la responsabilidad civil, como partícipes a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal", señala el auto.

En el caso de Residencias Nebrija, el juez destaca que Villa-Cellino ha llegado a un acuerdo para resolver la compraventa y devolver la parroquia, la residencia y los terrenos a la fundación. No obstante, la Fiscalía pidió conocer el acuerdo para poder acreditar que este se ha sellado sin ninguna otra contraprestación, punto todavía pendiente de resolver durante las diligencias previas, y lo presumible sería que el juez pida que se aclare antes de ir a juicio oral.