El 'falso' contrato que implica al guardián de las cuentas de la Iglesia en la trama de las fundaciones

Un contrato, dos versiones. Es la nueva bomba que ha estallado en la causa judicial que investiga la presunta existencia de una trama organizada para expoliar patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica. En esta ocasión, quien aparece en la línea de fuego es el interventor del Arzobispado de Madrid cuando ocurrieron los hechos judicializados, el financiero Julio Lage, mano derecha del cardenal Carlos Osoro, que en 2015 le nombró guardián de las finanzas de la archidiócesis.

En un escrito que presentó el pasado enero, el financiero reconoció haber cobrado del bufete Chávarri, como destapó una investigación de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) en 2021, en la que ya se habló de que los investigados podrían conformar una organización criminal. Lejos de reconocer vinculación alguna con la trama de las fundaciones, Lage aseguró que sus cobros, realizados a través de la sociedad Monterrey, fueron por trabajos de asesoramiento para la identificación de nuevos negocios a nivel nacional e internacional.

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Sin embargo, apenas tres semanas después, esta versión fue rebatida por otro de los investigados, Alberto Pulido, que aportó como prueba un contrato idéntico al de Lage, pero con una significativa diferencia: en vez de referirse a identificación de nuevos negocios, habla de puesta en valor de activos improductivos de fundaciones e instituciones religiosas y de asesoramiento inmobiliario por parte de Monterrey a Chávarri, lo que implica directamente al exinterventor con la trama investigada, además de sembrar la duda de si se ha presentado un contrato falso.

En otro escrito fechado el pasado 22 de febrero, la defensa de Lage rechaza cualquier imputación de contrato falso y asegura que el aportado por Pulido era un borrador, un modelo estandarizado que tenía Chávarri, y que el exinterventor envió una misiva al bufete, pocos días después, indicando la anulación e invalidación del contrato preliminar. Desde las acusaciones, se preguntan cómo puede ser un borrador si están firmadas todas las páginas por las dos partes y, además, están fechadas el mismo 1 de marzo de 2018.

El bufete presidido por Antonio Chávarri está en el epicentro de la investigación, al haber dirigido todos los procesos de venta del patrimonio de la fundaciones y haber regado con dinero y contratos cruzados a la creciente lista de investigados, en su mayoría personal ligado al Arzobispado o a las fundaciones, como Lage, pero también de los compradores, como la Universidad de Nebrija, que se hizo con la parroquia de San Jorge.

En sus escritos, Lage enmarca su relación laboral con Chávarri en un asesoramiento estratégico de todo el grupo, por el cual percibió una retribución fija de 66.000 euros anuales y otra variable por dedicación extra o trabajos especiales, que elevó la suma total a 186.340 euros. Además, como complemento del contrato suscrito entre Monterrey y María Constanza, sociedad cabecera de Chávarri, Lage presentó un proyecto especial de asesoría para la venta del negocio de adjudicaciones.

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Esta operación enlaza con otra de las fundaciones investigadas, Molina Padilla, ya que esta plataforma fue comprada por el empresario Enrique García-Candelas, ex director general de Banco Santander, quien, en paralelo, también adquirió Building The Next Success, sociedad que se había hecho con una opción de compra de dos edificios en el barrio de Salamanca por 13,5 millones.

Estos inmuebles eran de la Fundación Molina Padilla, que adjudicó esta opción a mitad de precio (el propio Candelas las sacó al mercado poco después por 25 millones) a Building. Cuando se concedió esta jugosa opción de compra, detrás de la sociedad estaba el abogado José Prado, socio del hermano de Antonio Chávarri, que también aparece en la tercera fundación investigada, Fusara. Cuando García-Candelas tuvo conocimiento de las sospechas en torno a estas ventas, se comprometió a no ejecutar la opción.

En marzo de 2018, además de firmar con Chávarri el contrato ahora investigado, Lage también se incorporó a la Fundación Antonio Chávarri como vocal, junto a David López Royo, por aquel entonces delegado de fundaciones del Arzobispado, que acababa de fichar como director de Responsabilidad Social Corporativa del bufete.

Un mes después, el 12 de abril, el patronato de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), dueña de los terrenos donde está la parroquia de San Jorge, encargó a Chávarri vender esta enorme bolsa de suelo junto al estadio Santiago Bernabéu. Acta que los feligreses de San Jorge creen que fue falsificada, porque la original, que se entregó en la Comunidad de Madrid, exigía recibir el visto bueno del protectorado, cláusula que desapareció del resto de copias.

El comprador de San Jorge fue la Universidad de Nebrija, que tras la operación pasó a patrocinar la Cátedra Acción por el Bien Común de la Fundación Chávarri. Además, el por entonces consejero delegado de la institución académica, Joaquín Espallargas, también fichó por el bufete, según se ha señalado en la investigación judicial. Este medio ha intentado recoger la versión del representante legal de Antonio Chávarri, que declinó comentar la información.

Lage acusa a Osoro

En sus escritos, tanto en el de enero como en el de febrero, Lage sigue la misma línea de otros imputados, que aseguran haber ejecutado en todo momento órdenes del cardenal. En su argumentación, la defensa de Lage compara el patronato de la FSVSC con un consejo de administración, donde el socio único es el arzobispo de Madrid, para cargar la responsabilidad sobre el cardenal Carlos Osoro y equiparar el papel del ex interventor general al de un subordinado que cumplía órdenes.

Desde esta perspectiva, la FSVSC debería equipararse a una fundación canónica, donde el Arzobispado viene a ser un socio único, no así en las civiles. Este discurso, sin embargo, choca con el defendido por otras partes de la causa, que durante toda la instrucción han sostenido que esta venta no se elevó al Consejo Económico del Arzobispado, órgano al que también pertenecía Lage, precisamente, por ser una fundación civil y no canónica.

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Fuentes consultadas por El Confidencial dan la razón a quienes defienden que al ser una fundación civil no había obligación de elevarlo al Consejo Económico, pero puntualizan que nada lo impedía y que los miembros del patronato, perfectamente, podrían haberlo recomendado para dar las mayores garantías a la operación.

Es más, sostienen que por su trascendencia tanto pastoral (afecta a una de las parroquias con más vocaciones de Madrid) como económica (el importe de la venta se acordó en 37 millones), lo normal habría sido elevarla para que este órgano, formado por especialistas en finanzas, leyes y empresa, muchos de ellos procedentes del sector inmobiliario, hubiera podido valorar la idoneidad de la venta a Nebrija por el precio y de la forma que se hizo.