El juez de Fusara imputa al exinterventor de la diócesis de Madrid y pide ayuda a la UDEF

El magistrado del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, que investiga la presunta existencia de una trama que habría expoliado patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica, ha ampliado la lista de investigados con la citación de tres nuevos imputados, que deberán acudir a declarar a plaza de Castilla el próximo mes de diciembre.

Se trata del que fuera interventor general de la diócesis de Madrid Julio Lage, quien abandonó su cargo en octubre de 2020. Su dimisión llegó justo después de que el cardenal Carlos Osoro ordenara abrir una investigación canónica en el seno del Arzobispado para aclarar qué había ocurrido con las ventas del patrimonio de varias fundaciones. Lage también fue canónicamente imputado hace pocas semanas, según afirman fuentes conocedoras.

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Como ha venido informando este medio, la investigación canónica ha discurrido en paralelo a otra judicial que arrancó en diciembre de 2019, cuando se aceptó a trámite la querella por estafa que presentaron los inquilinos de 14 edificios residenciales propiedad de la fundación Fusara que fueron vendidos a Tapiamar, sociedad que aparecía ligada al máximo responsable de Barclays en España, Álvaro Portanet.

Un año después, Anticorrupción remitió a la Fiscalía de Madrid otra querella presentada por feligreses de la parroquia de San Jorge, en la que denunciaban la venta a la Universidad Nebrija del templo y de todo el terreno que tiene alrededor, justo al lado del estadio Santiago Bernabéu, activos hasta entonces propiedad de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC).

En plaza de Castilla, además de unirse estas dos causas, se sumó una tercera fundación, Molina-Padilla, en la que también se intentaron vender dos edificios residenciales por debajo de su valor, sin apenas publicidad, en un proceso organizado por el bufete Chávarri y en donde aparecía como comprador el bufete Prado Advocats.

Esta firma fue, junto a Tapiamar, la única que presentó oferta por las viviendas de Fusara, y su socio director, José Prado, tenía ya entonces intereses comunes en la socimi Baricentro con Raúl Chávarri, hermano del presidente del bufete Chávarri, Antonio Chávarri.

Junto a Julio Lage, también han sido citados como investigados Raúl Chávarri y José Prado

Ahora, junto a Lage, también han sido citados a declarar como investigados tanto Raúl Chávarri como José Prado, según ha podido confirmar este medio. En cambio, el juez ha vuelto a rechazar la petición de los imputados de citar al cardenal Carlos Osoro, por considerar que no hay indicio alguno de su participación en la presunta trama inmobiliaria.

En su opinión, no se puede establecer una responsabilidad penal por el hecho de ser presidente nato de las fundaciones, ya que ese razonamiento conllevaría solicitar también la imputación, por ejemplo, del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que es patrono nato por razón de su cargo en la Fundación Molina-Padilla.

El hecho de haber imputado a Lage y vuelto a rechazar la petición de citar al cardenal es especialmente relevante para la Iglesia madrileña, ya que el antiguo interventor era la mano derecha del cardenal y, precisamente, la confianza ciega que Osoro tenía en él habría sido, según los defensores del cardenal, lo que habría permitido a la presunta trama hacerse con el control de las fundaciones sin levantar la sospecha del obispo.

Intervención de la UDEF

El juez también ha pedido la intervención de la UDEF para que, en coordinación con la policía adscrita a los juzgados de Madrid, que ya ha elaborado un informe en el que apunta a la existencia de una organización criminal, acredite cualquier tipo de beneficio concedido por las empresas del grupo Chávarri a los patronos de las tres fundaciones investigadas o a sus parientes, así como los pagos realizados por estas fundaciones al despacho AQT de Raúl Chávarri.

Además, ha solicitado investigar las vinculaciones entre grupo Chávarri y las sociedades Building The Next Success y Ribidor Asesores, que pujaron por los edificios de Molina-Padilla, ante la sospecha de que el bufete era el último beneficiario de estas ofertas de compra.

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La policía judicial, en el informe que elaboró la pasada primavera a partir de una denuncia presentada por el abogado del cardenal y de las fundaciones, concluyó que había "indicios más que razonables de ser considerados delito de administración desleal", detalló una amplia lista de pagos entre los imputados y apuntó hacia la figura del antiguo interventor, que también habría recibido prebendas a través de una sociedad.

La investigación de las fundaciones suma ya 11 imputados: Antonio Chávarri y Jesús Merino, del bufete Chávarri, que intermedió todas las ventas; David López Royo, expresidente de las fundaciones; Manuel Fernández Clemente, secretario de los patronatos; Antonio Naranjo e Ignacio Olmos, gerentes de las fundaciones; Roberto de Juan y Manuel Villa-Cellino, compradores de Fusara y FSVSC, respectivamente, y las nuevas citaciones de Raúl Chávarri, José Prado y Julio Lage.

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Como testigo, ha sido citado el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza. El abogado de las fundaciones pidió que se cambiara su condición a investigado, tras haber reconocido que pagó una comisión a AQT, pero el juez lo ha rechazado "ante la ausencia total de indicios de criminalidad".

La representación legal de los inquilinos de Fusara, no obstante, ha recurrido esta decisión y ha vuelto a pedir la imputación de Pérez de Leza, quien, por su parte, ha pedido ser parte en el proceso.