El juez estudia imputar al CEO de Metrovacesa tras admitir el pago de una comisión a Chávarri

El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, acudió ayer a los juzgados de plaza de Castilla para declarar como testigo en la instrucción que el juzgado número 28 de Madrid está llevando a cabo por la presunta existencia de una trama organizada para expoliar el patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica.

Una declaración que terminó mucho antes de lo previsto y con la petición de volver a llamar al consejero delegado de la inmobiliaria ante el juez, pero, esta vez, como imputado en vez de como testigo.

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Se trata de algo parecido a lo que ocurrió hace dos semanas con Sandra Ortega, cuando un abogado pidió al juez suspender el interrogatorio porque, tras escuchar la declaración de José Leyte, exgestor de la empresaria, iba a hacer preguntas de las que podía derivarse responsabilidad penal de la segunda accionista de Inditex y, por tanto, para preservar sus derechos, Ortega debía acudir asistida de un abogado que la defienda en calidad de investigada.

En el caso de Pérez de Leza, fue el abogado del arzobispo de Madrid y de las fundaciones Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC) el que hizo una solicitud similar, la cual fue aceptada por el juez, que ahora cuenta con un plazo de unos días para que las partes argumenten y concluir sobre su imputación.

Las fuentes consultadas aseguran que detrás de esta petición está la confirmación de que Metrovacesa pagó una comisión a Chávarri, bufete que es visto como elemento central de la presunta trama, por la millonaria venta de un solar en el madrileño barrio de Valdebebas. En concreto, se trata de un terreno de 9.800 metros cuadrados que la promotora controlada por Banco Santander vendió a Fusara y FSVSC por 47,7 millones de euros, precio muy superior a sus comparables.

Como sobre estos terrenos se esperaba levantar 35.000 metros cuadrados de oficinas, podría hablarse de un precio medio de 1.362 euros por metro cuadrado, frente a los 590 euros por metro cuadrado que pagó apenas seis meses después Saint Croix, la socimi de Pryconsa, cuando adquirió una parcela con una edificabilidad de 38.544 metros cuadrados por 22,8 millones de euros.

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En diciembre, fue el propio Ayuntamiento de Madrid el que se mostró incapaz de conseguir 37 millones de euros por dos parcelas en Valdebebas que suman un total de 40.000 metros cuadrados edificables —17.776 metros una, y 21.556 metros cuadrados la otra—. La subasta que convocó quedó desierta.

A las dudas que ya levanta el elevado importe que pagó Fusara por el terreno de Metrovacesa, se une ahora la confirmación de haber pagado una comisión a Chávarri, dinero que, según las fuentes consultadas, Pérez de Leza dijo que se abonó por una labor de intermediación y que se fijó en el 0,8% del importe de la venta, lo que arroja 381.600 euros.

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El beneficiario de este pago, según las mismas fuentes, fue Raúl Chávarri, hermano del presidente del bufete, Antonio Chávarri, a través de su despacho AQT, que era el área de arquitectura del bufete. Esta firma también aparece en el informe elaborado por la Policía Judicial por el cobro de una factura de 132.949,23 euros por trabajos del plan especial de los terrenos que FSVSC tiene junto al estadio Santiago Bernabéu y donde se encuentra la parroquia de San Jorge.

En ambos casos, hay dudas sobre el motivo real de estos pagos, ya que en el caso de Metrovacesa, Chávarri es el bufete mandatado por la fundación para dirigir el proceso y, por tanto, un directivo suyo no debería ser intermediario de esta misma operación, mientras que en FSVSC cobró este dinero después de que también se hubieran pagado a Manuel Fernández Clemente, otro de los imputados, más de 200.000 euros por el mismo concepto: el plan especial de los terrenos de San Jorge.

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El juez encargado de investigar la presunta trama inmobiliaria que habría expoliado a Fusara y FSVSC aprobó ayer la petición de medidas cautelares que habían hecho los feligreses en verano para evitar que sea entregada a Residencias Nebrija, una sociedad controlada por el presidente de la Universidad de Nebrija, Manuel Villa Cellino. Como adelantó este medio en agosto, un grupo de feligreses, presentes en la causa como acusación popular, pidieron al magistrado esta medida ante los continuos retrasos en la firma final del acuerdo que había alcanzado el arzobispo de Madrid para revertir la operación. Tanto la Fiscalía como la fundación respaldaron esta solicitud de cautelares que, ahora, impide entregar a Nebrija todos los terrenos que FSVSC tiene en pleno corazón de Madrid, y que habría tenido que entregar en noviembre.