El juez amplía la investigación de las fundaciones de la Iglesia y da poderes a la UDEF

El pasado 7 julio, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid, Jaime Serret, que investiga la presunta existencia de una trama que habría expoliado patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica, concedió otra prórroga de seis meses a la instrucción de la causa y solicitó una amplia lista de diligencias, entre las que figuran la citación de nuevos testigos, investigados, la aportación de diversas documentales y la petición de nuevas actuaciones de la UDEF.

El juez ha tomado esta decisión tras valorar un informe de la Fiscalía de delitos económicos del pasado 30 junio, en el que pedía practicar nuevas diligencias y citar a declarar como testigo a Ricardo de Guindos, administrador de la empresa Ridibor Asesores, a quien el magistrado ha preferido llamar como imputado.

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El directivo presentó una oferta por dos edificios de la Fundación Molina Padilla, una de las tres entidades ligadas a la Iglesia cuyo patrimonio habría sido malvendido, cuando también era asesor fiscal del despacho Chavarri Abogados, firma que está en el epicentro de la investigación.

"Toda vez que parte de la investigación de esta causa va dirigida a determinar si presuntamente Chavarri abogados estaba detrás de estas ofertas de compras, actuando presuntamente a la vez como mandatario de la vendedora y como último beneficiario comprador de los edificios por medio de entidades interpuestas; en este caso, la declaración del Sr. De Guindos considera este Juzgado que debería ser en calidad de investigado", reflexiona el magistrado en el auto al que ha tenido acceso este medio.

En el mismo, vuelve a citar como imputado a Julio Lage, exinterventor de la archidiócesis de Madrid y antigua mano derecha del arzobispo Carlos Osoro, junto a Julio Pulido, directivo de Tarsso Abogados, firma heredera de Chávarri Abogados.

Como testigos, llama a dos responsables de la consultora inmobiliaria Gloval, firma que en diciembre de 2018 fue contratada por Chávarri para valorar 14 edificios de Fusara, otra de las fundaciones presuntamente expoliadas, cuyos inmuebles se vendieron a precio de liquidación en 74 millones en la primavera de 2019.

El juez cita de testigos a dos directivos de Gloval, firma a la que Chávarri pidió una valoración de Fusara cinco meses antes de tener el mandato

Este informe de Gloval fue descubierto en una investigación de la Policía Judicial, de la que ya informó este diario, y cifraría en 125 millones de euros el valor de la cartera, según afirman fuentes conocedoras, extremo que deberán verificar las nuevas diligencias.

Este importe está en línea con la horquilla de entre 110 y 141,5 millones de otra valoración que hizo Savills para Idonae, empresa en la que, por aquel entonces, participaban el máximo responsable de Barclays en España, Álvaro Portanet, y su amigo Roberto de Juan.

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El primero, cuñado del Alejandro Agag, se ha ido desvinculando de todas las entidades investigadas, y De Juan quedó como única cara pública detrás del entramado societario que se creó para comprar estos edificios, cuya cabecera es la sociedad Tapiamar. De hecho, es uno de los imputados en la causa.

En las nuevas diligencias, el juez pide aportar un documento que, según las fuentes consultadas, es un contrato del 31 julio de 2019, día justo posterior a que Fusara firmara la venta de sus edificios a Tapiamar por 74 millones.

En dicha documentación, la sociedad de De Juan encargaría a María Constanza, patrimonial de Antonio Chávarri, vender los mismos inmuebles que acababa de comprar por un precio de partida 100 millones y a cambio de llevarse un porcentaje sobre la venta que consiguiera, comisión que se iba incrementando en función del mayor importe que lograra. Este medio ha tratado de confirmar con De Juan y con el representante legal de Chávarri la existencia, o no, de este contrato sin haber recibido respuesta alguna.

El juez pide justificar 131.000 € pagados por la Universidad de Nebrija a la Fundación Chávarri

Otra documental que solicita el magistrado es justificar los cobros por importe de 131.223 euros que recibió la Fundación Chávarri de la Universidad de Nebrija, comprador de una enorme bolsa de terreno al lado del Santiago Bernabéu, sobre la que se levanta la Parroquia de San Jorge y una residencia de ancianos. Estos bienes son propiedad de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), la tercera entidad que habría sido víctima de la presunta trama.

Dentro de las diligencias que está llevando a cabo el juez, ha citado como testigos a varios tasadores y a los actuales presidentes de las tres fundaciones para esclarecer por qué se vendió por 74 millones una cartera que los propios intermediarios y compradores trataron de revender inmediatamente después por hasta casi el doble o por qué se entregó a Nebrija por 37 millones el solar de San Jorge, cuando el propio despacho de Chávarri lo había valorado un año antes en 41 millones y otra tasadora en 98 millones.

También requiere al Consejo General del Notariado todos los protocolos notariales de cualquier naturaleza que afecten a los imputados

Además, el juez pide que se solicite al "Consejo General del Notariado que facilite cuanta información disponga en sus bases de datos respecto a los protocolos notariales de cualquier naturaleza en los que pudieran haber intervenido" De Juan, Chávarri, Pulido, Lage, José Prado (otro imputado, socio del hermano de Chávarri, que compró y revendió los edificios de Molina Padilla) y una veintena de sociedades, todas ellas ligadas con la compraventa de los bienes de las fundaciones.

Con esta documentación, el magistrado busca "examinar si existen operaciones cruzadas entre los distintos investigados que revelen un concierto de voluntades en las operaciones denunciadas", según recoge el auto. La UDEF ha sido habilitada por el juez para analizar toda la información que resulte de esta diligencia y para pedir ampliaciones de la misma "sin necesidad de expedición de un nuevo mandamiento".

Desde hace un año, la Unidad de Delincuencia Económica y Social (UDEF) investiga si existen operaciones cruzadas entre los imputados "que revelen un concierto de voluntades en las operaciones denunciadas contrario a los intereses que debían proteger en relación con las fundaciones" así como la existencia de "operaciones de cualquier naturaleza, recogidas en escritura pública, que pongan de manifiesto una distinta valoración efectuada en relación con los inmuebles a los que se contraen las presentes actuaciones".