La Fiscalía pide a la Iglesia que aclare su acuerdo con Nebrija para abrir juicio al expolio de las fundaciones

La fiscal del bautizado como caso Fundaciones, investigación judicial sobre la venta de patrimonio de varias entidades benéficas ligadas al Arzobispado de Madrid, ha pedido una batería de actuaciones para poder redactar su escrito de acusaciones antes de ir a juicio. Como adelantó El Confidencial, el pasado 30 de mayo, el magistrado encargado de la instrucción, el juez Jaime Serret, del Juzgado Número 28 de Madrid, emplazó a las partes a presentar sus escritos de acusación formal en un plazo de 10 días, periodo que ha extendido hasta después del verano ante la necesidad de cerrar numerosos flecos pendientes.

En esta fase de la instrucción, hay dos figuras especialmente relevantes. Las fundaciones (Fusara, FSVSC y Molina-Padilla), al ser las presuntamente perjudicadas, y la Fiscalía, por ser el principal apoyo de los jueces en los casos penales. Esta última, en unas diligencias fechadas el pasado julio, pide abrir varias piezas separadas, que se forme pieza de responsabilidad civil de todos los imputados y que se aclaren varios puntos que afectan, sobre todo, a compradores del patrimonio de las fundaciones.

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En esencia, este caso investiga una presunta trama formada por personas que habrían operado de manera organizada para vender el patrimonio de las fundaciones a bajo precio y, con el dinero conseguido, comprar otros bienes por encima del valor de mercado. Todo ello aderezado con una lluvia de comisiones y pagos cruzados en beneficio de los investigados y en detrimento de estas entidades ligadas a la Iglesia católica. Para poder hacerlo, los acusados primero tomaron el control de los patronatos de estas fundaciones y, desde ahí, encargaron al bufete Chávarri todas las ventas.

El magistrado, en su escrito de mayo, apreció que 10 de los 14 investigados podrían haber cometido un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares: los hermanos Antonio y Raúl Chávarri (intermediarios de todas las operaciones), David López Royo (exdelegado de fundaciones del Arzobispado de Madrid), Manuel Fernández-Clemente (exsecretario de las fundaciones), Antonio Naranjo (exgerente de una de las fundaciones), Julio Lage (exinterventor del Arzobispado), Jesús Merino (abogado de Chávarri), José Prado (abogado y socio de Raúl Chávarri), Ricardo de Guindos (Ribidor Asesores) y Daniel Hidalgo Pita (del bufete Chávarri).

El magistrado dejó fuera a los compradores porque no vio "indicios que permitan concluir que estos compradores están concertados desde el principio, sabiendo que las ventas de los inmuebles pueden ser fruto de un engaño a los patronos de las fundaciones y que, además, suponen dejar a dichas fundaciones sin la posibilidad de cumplir sus fines asistenciales". Ahora, la fiscal pone el foco en esta otra cara de la moneda y, antes de redactar su escrito de acusación, busca aclarar su posición.

Por una parte, pide que la FSVSC, que vendió la parroquia de San Jorge a Residencias Nebrija, remita "certificación del estado en el que se encuentra el acuerdo de resolución del contrato de compraventa" además de requerir que "manifiesten expresamente y justifiquen (a través de acuerdo tomado por el patronato debidamente constituido al efecto) si mantienen o desisten del ejercicio de las acciones civiles y/o penales contra dicha entidad a través del acuerdo firmado".

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Este punto es de especial relevancia porque, en su auto del 30 de mayo, el juez destacó que Manuel Antonio Villa-Cellino, dueño de Residencias Nebrija y presidente de la universidad del mismo nombre, había llegado a un acuerdo para revertir la compra San Jorge y acordó el archivo provisional tras su imputación. El problema es que hace casi tres años que se anunció por primera vez un acuerdo de reversión, sin que termine nunca de sustanciarse ni de hacerse públicas las condiciones. Además, desde Nebrija se sigue intentando llegar a un acuerdo para instalarse en San Jorge, como denunciaron algunos vecinos hace apenas dos meses, hechos que explican el interés de la fiscal por saber realmente qué pasa con la reversión.

En esta misma línea, al ser la presunta perjudicada, es clave para la Fiscalía saber si la FSVSC prevé tomar acciones civiles o penales contra Nebrija, y si el acuerdo de reversión incluye algún punto en este sentido, ya que el propio juez advirtió que los compradores podrían incurrir en un delito de enriquecimiento ilícito "en el caso de que se estime que efectivamente estas compraventas fueron delictivas". En tal caso, "estos deberían resarcir a las fundaciones por la vía de la responsabilidad civil, como partícipes a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal".

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Por el momento, la fundación no ha remitido el contrato y ha dejado para después de vacaciones la celebración del patronato que a tal efecto le requiere constituir la fiscal. Además, asegura seguir trabajando todavía en el texto de la escritura, a pesar de que hace más de un año que aseguró tener el acuerdo definitivo de reversión con Nebrija, el tercero que comunica en tres años. Desde Nebrija aseguran que a finales de julio enviaron a la FSVSC un borrador definitivo y que están a la espera de recibir una respuesta por su parte para completar la reversión.

La fiscal también pide requerir a Metrovacesa un "justificante documental de cualquier pago que haya realizado en concepto de comisión/pago de honorarios a cualquiera de las entidades colaboradoras de Chávarri Abogados (grupo Chávarri Abogados), incluido el despacho de arquitectos AQT Arquitectura, con ocasión de la compra de la parcela sita en Valdebebas".

Se refiere al solar que la promotora controlada por Banco Santander vendió a Fusara por un precio muy superior al de las operaciones de la zona, operación que incluyó el pago de una comisión al estudio de Raúl Chávarri. Aunque las acusaciones pidieron la imputación del consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, el juez siempre lo ha rechazado.

En esta misma línea, la fiscal también pide a la Fundación Molina Padilla "justificante documental de los pagos efectuados a cualquiera de las entidades integradas en el grupo Chávarri Abogados" y a los imputados Fernández Clemente y Naranjo. A la Fundación Chávarri por el Bien Común, que se creó en paralelo a la venta de la Parroquia de San Jorge, le emplaza a justificar la razón de un viaje que David López Royo, exdelegado de fundaciones, y Antonio Chávarri realizaron a Doha (Qatar).

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Respecto a Fusara, pide que la Policía Judicial informe del estado de los 14 edificios que la fundación tenía en el centro de Madrid y que vendió a Tapiamar, sociedad por aquel entonces ligada al alto directivo de Barclays Álvaro Portanet y a su socio Roberto de Juan. En concreto, pide aclarar si los edificios de la calle Imperial 6, junto al famoso restaurante Lucio, y paseo de las Delicias 5, al lado de la estación de Atocha, están siendo explotados para uso turístico en pleno uso y elaborar una pieza separada donde se detalle quiénes son los inquilinos, desde cuándo y sus circunstancias en todos los edificios de vivienda.

Fusara vendió estos edificios por la mitad del precio al que los propios compradores valoraron la cartera, operación que se cerró con un préstamo del fondo Castlelake que terminó quedándose otro fondo, Ares. Con ese dinero, compró a Metrovacesa el solar de Valdebebas cuando la causa ya estaba en los tribunales. La llegada de un nuevo equipo al Arzobispado de Madrid, que empezó a desmarañar toda la trama, conllevó que Fusara nunca completara el pago y que la promotora intentara ejecutar a la Iglesia. Esta disputa enfrenta a las dos partes en otra causa judicial, pleito que la fiscal pide a Metrovacesa aclarar en qué punto se encuentra.