Registros prohíbe a Metrovacesa ejecutar a la Iglesia y pone en jaque sus cuentas de 2020

Jarro de agua fría para Metrovacesa. La promotora se enfrenta a su puesta de largo anual, la presentación de resultados del ejercicio 2020, con una de las operaciones más importantes del año en el aire: la venta de un solar en Valdebebas a Fusara. Esta es la consecuencia directa de la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de los Registros y el Notariado), que ha inclinado la balanza en favor del Arzobispado de Madrid en la disputa que desde hace meses enfrenta a las dos partes por la venta de este terreno a la fundación ligada a la Iglesia católica.

Como ha venido informando este diario, el verano pasado, el cardenal Carlos Osoro ordenó abrir una investigación interna para aclarar una serie de transacciones inmobiliarias protagonizadas por fundaciones tuteladas por el Arzobispado. Una de esas operaciones fue la venta de 14 edificios residenciales que tenía Fusara en el centro de Madrid para, con ese dinero, comprar el terreno en Valdebebas y levantar un edificio de oficinas.

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Entre los múltiples aspectos que han despertado sospechas en esta compraventa, que también está siendo investigada en los tribunales, destaca que Fusara vendiera un 20% por debajo del valor de tasación y, en cambio, comprara a Metrovacesa muy por encima de los precios pagados en operaciones comparables; las millonarias comisiones desembolsada por partida doble, y triple, al mismo intermediario, el bufete Chávarri y su entorno, y las desequilibradas cláusulas resolutorias que se acordaron si alguna de las partes incumplía su parte.

Este último aspecto es el que ahora afecta a Metrovacesa. La inmobiliaria incluyó una cláusula leonina que le permitía recuperar el terreno vendido y los 15,37 millones del primer pago, efectuado el pasado 4 de marzo, si Fusara incumplía con el segundo desembolso, de 32,3 millones, en la fecha prevista, el 5 de agosto de 2020. Entonces, acababa de desembarcar en Madrid el equipo responsable de la investigación interna ordenada por Osoro, que prácticamente se estrenó en el puesto con el intento de ejecución de Metrovacesa, ofensiva que volvió a intentar sacar adelante en septiembre, pero, de nuevo, sin éxito.

Ante la negativa del registrador a inscribir la parcela a nombre de Metrovacesa, la promotora recurrió a la dirección general, que, en una decisión salomónica, ha estimado solo parcialmente el recurso. En esencia, lo que ha dictado esta instancia es que Metrovacesa no puede ejecutar unilateralmente esta cláusula y que deberán ser los tribunales los que decidan, ya que el nuevo equipo responsable de Fusara se opuso a las pretensiones de la filial de Banco Santander. Como consuelo, a la promotora le queda que la dirección general considera que no está obligada a devolver ahora el primer pago que ya ingresó.

Tras este fallo, el problema al que se enfrenta la promotora es tener que explicar a la comunidad inversora ya no solo toda esta disputa (trama que ha llevado al mismísimo papa Francisco a respaldar que se investigue hasta el final el expolio a las fundaciones), sino que también tiene un significativo impacto en sus cuentas.

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La venta de este terreno fue una de las operaciones estrella de Metrovacesa el año pasado y, desde el primer trimestre, la compañía se ha apuntado como ingreso los 47,7 millones a los que ascendió la totalidad del acuerdo. El problema es que, 10 meses después, con el ejercicio ya concluido, solo han entrado en caja 15 millones. De cara al cierre de cuentas, lo plausible es pensar que la promotora deberá hacer un ajuste a la baja de los 32,3 millones que no ha percibido, cifra que representa casi una tercera parte de los 111,8 millones de euros de cifra de negocio que tuvo la compañía al cierre del tercer trimestre, agujero que también debería tener su reflejo en el ebitda (beneficio bruto operativo), ya que tampoco ha podido recuperar el solar, y en el resultado neto.

Desde la promotora, han declinado hacer comentarios sobre el impacto que tendrá en sus cuentas y se han limitado a señalar que todavía faltan más de 20 días para la presentación de resultados. En paralelo a los constantes intentos de ejecución, la promotora se ha sentado a negociar con el Arzobispado una solución pactada, pero las diferentes condiciones económicas puestas por cada parte encima de la mesa, y la judicialización del caso, parecen estar dificultando llegar a un acuerdo.

Equipo imputado

Todos los responsables de Fusara cuando se hicieron estas operaciones han sido imputados por su participación en estos hechos (y algunos también en la venta de la parroquia de San Jorge a la Universidad de Nebrija). Se trata de David López-Royo, presidente de Fusara cuando se vendieron las viviendas, Antonio Naranjo, sustituto del anterior y presidente cuando se selló la compra a Metrovacesa, Manuel Fernández-Clemente, secretario del patronato de la fundación, Antonio Chávarri, presidente del bufete intermediario, Jesús Merino, socio del mismo despacho, e Ignacio Olmos, gerente de la fundación.

Antes de que el nuevo equipo encargado de la investigación interna tomara el control de las operaciones, el pasado junio, los entonces todavía responsables acordaron con Tapiamar, sociedad que compró las viviendas, y con Metrovacesa, conceder a la primera una prórroga de 24 meses para hacer frente a su segundo pago, previsto para julio, a cambio de desembolsar en ese momento cinco millones de euros, que iban destinados a pagar a la compañía. Esta, por su parte, aceptaba conceder una prórroga, pero solo hasta diciembre.

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Aceptar ese pacto, que desmontó el nuevo equipo cuando desembarcó en Madrid, según afirman fuentes conocedoras, solo habría beneficiado a Tapiamar, que todavía no ha hecho frente al segundo desembolso de 37 millones al que estaba obligada si no quería perder las viviendas, mientras que Fusara habría quedado doblemente atrapada y comprometida de cara a la causa judicial abierta, en la que ha terminado personándose como acusación particular.

Ahora, en cambio, al haberse opuesto y haber obligado así a que sean los tribunales los que decidan si la operación con Metrovacesa fue justa o no, a Fusara se le abren nuevos horizontes, que van desde la posibilidad de pedir la prejudicialidad (cuando se discute algo en lo civil, pero también en lo penal, lo normal es que primero se resuelva lo penal y luego se continúe en lo civil) hasta pedir medidas cautelares y que todo este caso deba esperar a que se resuelva la causa penal.