Corrupción en Barcelona: así se amasó una fortuna con dinero para el tercer mundo

Las actuaciones del ex responsable de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi Castells, apuntan a una extensa red de corrupción dentro de la Administración provincial de Barcelona que ha estado operando durante años. Castells acumuló un elevado patrimonio desde que tomó las riendas del área internacional de la Diputación. El reciente informe de la Guardia Civil desvelado por El Confidencial pone de nuevo el punto de mira en una trama que estaría vinculada a militantes de Convergència y de ERC y que podría haber detraído millones de euros de las cuentas públicas. Una parte de ese dinero acabó en las cuentas corrientes que Castells controlaba en 23 entidades bancarias. El secreto para engordar los números negros era mantener buenas relaciones con los directivos de determinadas entidades y presionar a los funcionarios para que no pusiesen reparos a la concesión de subvenciones aunque sus expedientes fuesen una chapuza plagada de ilegalidades.

Un informe de la UDEF con fecha 21 de marzo de 2018 explica que Jordi Castells intervino, como director del área de relaciones internacionales de la Diputación, "en todas las subvenciones y contratos otorgados desde su dirección”. Allí estuvo entre 2011 y 2015, fecha en que fue cesado, cuando comenzaron a hacerse oír denuncias sobre presuntas irregularidades. En ese momento, fue promovido a subdirector general de Cooperación Local del Govern y sustituido en la corporación provincial por Josep Lluís Alay, el actual jefe de la Oficina de Carles Puigdemont. El informe de la UDEF mencionado describe varios de los contratos en los que participó y algunas de las irregularidades encontradas, entre ellas, la falta de justificaciones.

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En uno de los expedientes, por ejemplo, Castells ordena efectuar el pago de la factura sin que se haya hecho el trabajo, según el citado informe. En cinco de los expedientes encontrados, las irregularidades son abrumadoras. “Todos presentan un gran desorden e incoherencias, resultando incluso ofensiva la dejadez en la presentación de documentación por parte de los beneficiarios. Se beneficia a un entramado de entidades y personas y empresas que indiciariamente podrían tener vinculación con la Administración otorgante”. Cita, a modo de ejemplo, las entidades Igman, Catmon y Discatimat, relacionadas con el ex responsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, y el actual diputado de JxCAT Francesc Dalmases.

Quejas de los funcionarios

Respecto a este último, detalla que “un técnico hace una objeción respecto de las posibles incompatibilidades de Francesc Dalmases. Posteriormente, el técnico revierte su decisión tras una conversación con Jordi”. En otro expediente, “la técnica de la Diputación que lleva el control desaprueba en diversas ocasiones la documentación presentada. Tras volver de una baja, se la aparta del asunto porque Jordi ha hablado con el beneficiario y lo arreglarán todo. En una hoja cuyo autor es anónimo (pero constan las iniciales de la citada técnica) incluida en el expediente se dice que el 3 de mayo llega en mano un sobre con una segunda reformulación sin pasar por el registro y fuera de plazo”.

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Las quejas del personal sobre el proceder de Castells fueron múltiples. Los documentos policiales, tanto de la UDEF como de la Guardia Civil, destacan que los técnicos municipales evidenciaban muchas deficiencias en gran cantidad de expedientes, pero sus beneficiarios recibían el dinero tras hablar con Castells. Los informes realizados desde 2018 apuntan a que “existen indicios de que los técnicos de la Diputación pudieran haber sido presionados por Castells para que emitieran informes favorables al otorgamiento de ciertas subvenciones, a pesar de su dictamen inicial en contra. Así consta en un informe de la Agencia Catalana de Salud incorporado a las actuaciones a raíz de una denuncia sindical sobre presiones a los técnicos de la Diputación de Barcelona que trabajaban en la oficina de Cooperación al Desarrollo”.

Las declaraciones de los funcionarios en sede policial hablan de castigos del alto cargo de la Diputación a quien no se plegase a sus designios

Las declaraciones prestadas en sede policial por los funcionarios hablan también de castigos del alto cargo de la Diputación a quien no se plegase a sus designios. Y relatan el caso de L.R.P., una técnica a la que se aisló en un despacho. Además, explicaron que “trató de anular a los técnicos y empoderar a sus secretarias, a las que llegó incluso a mandar a una reunión institucional, algo que corresponde en exclusiva a los técnicos. Además, utilizaba a estas dos secretarias para llevar a cabo sus políticas de acoso a trabajadores de la Diputación, puesto que ellas le informaban de todo lo que veían (por ejemplo, de quién entraba a visitar a L.R.P.)”. Dos jefes de oficina que defendieron a los trabajadores sufrieron en sus carnes la venganza del jefe. Uno llegó a pedir el traslado y otro fue apartado de la oficina “por no plegarse a los designios del director”. Otra técnica, A.R., aseguró que sufrió 'mobbing' y amenazas de bajarle el sueldo y sufrió ataques de ansiedad, mientras otras dos compañeras suyas optaron por irse del departamento. Pero Castells siempre se salía con la suya y se daba luz verde a los expedientes que le interesaban. Algunas de las entidades beneficiadas, ha descubierto ahora la Guardia Civil, fueron las que le iban mandando pequeñas remesas de varios miles de euros a sus cuentas durante años.

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En realidad, los técnicos estaban bajo un yugo burocrático que les impelía a hacer la vista gorda. Según los relatos del personal de la Diputación y los documentos hallados en los registros, se encontraron imprecisiones en los expedientes, subvenciones otorgadas en base a diagnósticos y propuestas “copiados de internet y maquillados a conveniencia”. En uno de ellos, una técnica detecta que los beneficiarios justificaban los gastos con facturas de uno de los directivos de la compañía, que además había viajado a Panamá junto a su pareja, una concejala del Ayuntamiento de Manresa, hasta en cinco ocasiones. Señala el informe que en ese expediente se aportaron “documentos hallados en internet; [la técnica] pide explicaciones por algunas facturas por la obviedad de los incumplimientos pero no aborda las cuestiones más importantes (la ausencia de ejecución de las actividades y numerosos defectos en las justificaciones) ni plantea el reintegro de la subvención”.

Trabajos cobrados y no realizados

Especialmente interesante es la subvención otorgada a la Municipalidad de San José, en Costa Rica, como “cooperación en la gestión integral de residuos sólidos urbanos” en 2014, un ejemplo de lo que se cocía dentro del negociado de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona en los años en que Castells estaba al frente del área. Fueron 20.000 euros en transferencia y otros 20.000 “en especie”, además de 18.000 euros (más el IVA) para el Grupo IGFA como consultora. En diciembre de 2014, Joan Guasch, de la dirección de servicios de la Secretaría de la Diputación, envía un 'mail' a Castells y otros técnicos de relaciones internacionales y cooperación, en el que les dice que los argumentos para haber otorgado la subvención “no inciden en las características técnicas intrínsecas de las respectivas ofertas, sino en elementos que, o bien son genéricos, o bien son accesorios y de solvencia técnica, y por tanto irrelevantes para fundamentar la adjudicación”. La comunicación cayó en saco roto.

Lupe Moreno, jefa de la oficina de Cooperación al Desarrollo, realizó el 21 de junio de 2017 un contundente informe sobre la subvención. La funcionaria envía a Castells el detalle de todas las irregularidades detectadas y concluye que “es preciso resolver el convenio de colaboración con San José de Costa Rica y es preciso rescindir el contrato de servicios con la empresa IGFA y que esta devuelva el pago recibido en concepto de adelanto”. La alerta tampoco fue tenida en cuenta por Castells. En un informe de la UDEF de 19 de septiembre de 2017, se destaca que “en el expediente no consta ningún tipo de factura o justificación de cualquier actuación por parte de la Municipalidad de San José de Costa Rica (…). Sin embargo, se contrata a la consultora IGFA. Parece, por tanto, que este convenio queda reducido al estudio efectuado por la consultora IGFA, cuyos servicios fueron contratados por la Diputación mediante contrato menor en el marco de este convenio”. La empresa cobró 21.719 euros, aunque el informe policial destaca que se incumplieron las obligaciones estipuladas en el contrato. Del grupo IGFA, según el reciente informe de la Guardia Civil, así como de personas vinculadas a él, Castells recibió varios pagos de miles de euros en sus cuentas corrientes.

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Esa misma mancomunidad tuvo otra subvención gestionada por Castells de 100.000 euros (luego ampliada en otros 60.000 euros), pero sin que consten los informes pertinentes. Es más: los informes policiales hablan de que “se factura y se paga un trabajo que no estaba efectuado”. De los expedientes de Costa Rica, un informe de 2019 que había realizado la UDEF señala que en uno de ellos el trabajo se reduce “a la presentación de un trabajo o documento presentado fuera de plazo y facturado y pagado antes de su presentación, no ejecutándose las actividades principales”. Otro expediente presentó problemas, por lo que el técnico requirió que se solventasen las deficiencias, pero “desde esa entidad se contesta que las solventará en la reunión con Jordi Castells que se iba a celebrar en unos días”.

Pese a todos los indicios y pruebas, sorprendentemente, el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado pidió el archivo de todas las piezas. Es más: durante el primer trimestre de 2022, aprovechando que el titular del juzgado de instrucción número 1, Joaquín Aguirre, estaba de baja, presentó, junto al abogado de la Diputación, instancias para acabar de cerrar todas las investigaciones, sin esperar a que la Guardia Civil entregase los informes que estaba ultimando. El demoledor dosier sobre Castells que ahora comienza a salir a la luz deja tanto al fiscal anticorrupción como al abogado de la Diputación en mal lugar. Y la precipitación de la magistrada sustituta temporal en archivar varias piezas de la causa sin esperar a todos los informes tampoco deja de ser sospechosa.