Dirigentes de JxCAT desviaron 41 ayudas para el tercer mundo a 'amigos' del partido

La Guardia Civil ha acreditado que la Diputación Provincial de Barcelona desvió entre 2012 y 2015, bajo el mandato de CiU, actual JxCAT, miles de fondos públicos destinados a la ayuda al tercer mundo a entidades implicadas en el proceso independentista. Los agentes encargados del caso han detectado “elementos indiciarios suficientes que ponen de manifiesto graves irregularidades” en 41 expedientes de subvenciones concedidas por el organismo a 27 entidades distintas, conectadas en su mayoría con la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según recoge un oficio al que ha tenido acceso este diario.

El requerimiento acaba de motivar que el instructor del caso, el juez Joaquín Aguirre, cite a declarar como investigados a 49 dirigentes, funcionarios y empresarios que habrían participado en esta trama. Entre ellos, destaca Salvador Esteve, exdirigente de CiU y máximo responsable de la Diputación entre 2011 y 2015. También hay otros cargos del partido involucrados.

Sobre el papel, los fondos bajo sospecha tendrían que haber servido para apoyar programas de cohesión social, construcción de pequeñas infraestructuras, impulsar planes educativos y forjar alianzas económicas, entre otros objetivos, en zonas en desarrollo como Costa Rica, Panamá, Marruecos, Honduras, Bosnia, Brasil y Colombia. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje del dinero habría llegado a su destino. En otras ocasiones, no llegó ni un solo euro. Pese a ello, la Diputación no habría tomado medidas para solicitar el reingreso de los fondos.

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Una de las empresas mencionadas en el oficio es Voltia Solutions SL. Fue constituida en diciembre de 2013 y, apenas seis meses después, recibió una partida para la “elaboración de entes locales del Magreb para el diseño de planes de detección de prioridades de inversión de eficiencia energética” por un importe de 21.175 euros. En diciembre de 2014, se llevó otros 17.545 euros por la “elaboración para los gobiernos locales y otros agentes de orientación y selección del modelo a aplicar en el tratamiento de captación y depuración de agua en Marruecos para potenciar el desarrollo económico regional”. No hay ni un solo dato que acredite la más mínima relación de Voltia ni de su responsable con el objeto de las ayudas que le otorgó la Diputación de Barcelona. De hecho, su administradora única simultaneó esa mercantil con otras dedicadas a la inversión empresarial y gestión de patrimonios. Voltia fue disuelta en mayo de 2019.

Los investigadores también señalan al empresario Joaquim Ferrer Serra, que estuvo a sueldo durante años del grupo parlamentario de CiU. Una mercantil controlada por Ferrer, Sestrategic i Konsektor SL, recibió en 2012 una subvención para la “elaboración de un plan director de internacionalización del Ayuntamiento de Igualada” de 21.569 euros. Al año siguiente, logró otra para acometer un “plan sobre partenariados de cooperación descentralizadas públicas en el marco de la formación 'online” de 2.420 euros y una segunda para la “elaboración y ejecución de un plan de acción regional en el Magreb para reforzar las relaciones institucionales, socioeconómica y la cooperación” de 21.538 euros.

El propio Ferrer obtuvo a título personal una cuarta subvención irregular en 2013, de 19.493 euros, para asesorar en la dirección de relaciones internacionales del Ayuntamiento de Granollers. Según las pesquisas, Ferrer entregó en la Diputación las facturas antes de los trabajos supuestamente realizados. Tampoco aportó memorias técnicas ni económicas. El empresario habría contado con la colaboración de Jordi Castells, responsable de las ayudas en aquella época y, en la actualidad, subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat de Cataluña.

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Un 'holding' de entidades supuestamente sin ánimo de lucro relacionadas igualmente con el actual JxCAT habría utilizado dos fundaciones (Fundación Empresa y Clima y Fundación Universitaria Iberoamericana) para cazar otras siete ayudas irregulares para costear proyectos formativos en Brasil, Chile, Perú y Colombia. Solo uno de estos expedientes alcanzó los 67.237 euros. Los agentes habrían averiguado que esos proyectos intervinieron empresas como Hera Tratesa, del marido de la actual subdirectora general de Relaciones Laborales y Calidad de la Generalitat, Àngels Cuadrada. Pese a tener informes negativos de los técnicos, Castells forzó la concesión de los fondos.

Otro de los expedientes tuvo cómo beneficiario al Grupo Igfa, dedicado a la recogida de basuras. Ganó una ayuda para un supuesto proyecto de “cooperación en la gestión integral de residuos sólidos urbanos”. Se da la circunstancia de que esta compañía está investigada junto a Urbaser en la trama de financiación ilegal de Convergència del 3% por la adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de Olot para la recogida y selección de basuras.

En la lista también figuran las entidades Asociación Acción Solidaria Igman y Fundación Catmon, controladas por un diputado de JxCAT en el Parlament, Francesc de Dalmases, y por Víctor Terradellas, ex responsable de Relaciones Internacionales de CDC y conectado con dirigentes tan relevantes como Artur Mas y Carles Puigdemont.

La Guardia Civil pone el foco en siete expedientes de Igman y Catmon que supuestamente estaban dirigidos a financiar la publicación de dos revistas, 'ONGC' y 'Catalana International View'. Pero las diligencias realizadas en el marco de este caso, que fueron iniciadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, han permitido acreditar que Terradellas y Dalmases usaron gran parte del dinero para pagar viajes internacionales en busca de adhesiones al referéndum del 1-O, sufragar conferencias del propio Puigdemont y abonar otros gastos ordinarios de los cabecillas de estas entidades, que habrían jugado un papel clave en la proyección exterior de la consulta ilegal.