Empresas ficticias, informes falsos: así se desvió al 'procés' el dinero del Tercer Mundo

Informes inventados, constitución de empresas instrumentales, partidas asignadas sin control, presiones a los técnicos para que el dinero siguiera circulando… La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la llamada operación Estela, contra un presunto fraude masivo en las subvenciones para cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona, han acreditado que dirigentes de la esfera del PDeCAT desplegaron durante años una larga lista de irregularidades para apropiarse de fondos públicos para disfrute privado y financiar campañas del 'procés' secesionista.

El foco se sitúa sobre 28 ayudas otorgadas por el organismo provincial que debían haber servido para sufragar proyectos de ayuda al desarrollo en Costa Rica, Brasil, Panamá, Honduras, Colombia, Marruecos y Bosnia, entre otros países. Desde programas de cohesión social hasta la construcción de pequeñas infraestructuras, pasando por planes educativos y generación de alianzas económicas. Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación, la mayoría de esos programas nunca llegó a ejecutarse. En otros casos, se invirtió solo un pequeño porcentaje de los fondos recibidos. La diferencia salía del circuito mediante pagos a mercantiles. Las alarmas nunca saltaban porque los beneficiarios de las ayudas disfrutaban de la colaboración activa de los funcionarios y dirigentes políticos que tenían que tutelarlas. Los tentáculos de la red llegaban hasta despachos de la Generalitat que también fueron registrados por la UDEF este jueves.

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Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas, la operativa fue utilizada para desviar fondos de la Diputación de Barcelona a actividades de apoyo al 'procés', como la edición de revistas independentistas, acciones de promoción del referéndum del 1-O en el exterior y compra de materiales de difusión. Por lo pronto, las diligencias, que parten de una operación que ya hubo en 2015 en Cataluña sobre ayudas al desarrollo, habrían permitido demostrar una malversación de dos millones de euros. Con todo, aún quedan muchos expedientes por analizar y se espera que la cifra definitiva sea muy superior. En estos momentos, la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona se centra en el periodo 2012-2015, en el que la Diputación de Barcelona estaba controlada por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), actual PDeCAT, la formación con la que estarían vinculados gran parte de los 30 detenidos en el operativo de este jueves.

Destacan Francesc de Dalmases (diputado de JxCAT y presidente de la ONG Igman Acció Solidària); Víctor Terradellas (fundador de la fundación CATmón, vinculada a la fundación de CDC CatDem, implicada en el caso del 3% de financiación ilegal de los convergentes); Jordi Castells (subdirector de Cooperación Local de la Generalitat y antiguo director de Relaciones Internacionales de la diputación); Joan Carles García Cañizares (alcalde de Tordera por el CDC y responsable de Hacienda del organismo provincial); Jonathan Jorba (jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat), y Salvador Esteve (el dirigente de CDC que presidió la Diputación de Barcelona durante la época investigada y alcalde de Martorell durante 24 años).

Por un lado, los investigadores de la UDEF descubrieron que se crearon empresas poco antes de que fueran agraciadas con subvenciones. Es el caso de Voltia Solutions SL, constituida en diciembre de 2013. En junio de 2014 recibió un contrato menor de servicios para la "elaboración de una guía de orientación para los entes locales del Magreb para el diseño de planes de detección de prioridades de inversión en la eficiencia energética" por importe de 21.175 euros. Y en diciembre de 2014, Voltia Solutions SL volvió a recibir otro contrato menor de 17.545 euros para la "elaboración de una guía para los gobiernos locales y otros agentes, de orientación y selección del modelo a aplicar en el tratamiento de captación y depuración de agua en Marruecos". Los investigadores denuncian la concesión de estas ayudas a pesar de que la adjudicataria no tenía ninguna experiencia en ese campo.

Pero había más lagunas en los expedientes bajo sospecha. Según los informes policiales, “se utilizan actas sin formas para justificar reuniones en el extranjero” o “se realizan pagos de subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto por la diputación”. Asimismo, los agentes han encontrado pruebas de que “se presenta y se paga la factura antes de la entrega del trabajo” y “se justifica la participación de algunas personas que viajan con billetes de avión cuyos horarios no les permiten estar en el lugar de la actividad, según el programa que consta en la justificación del proyecto”.

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En ocasiones, se justifica la participación en actividades en el extranjero con el programa de una actividad de un día, pero se presentan facturas de hoteles y de agencias de viajes de más de 10 días. O sea, que alguien iba a hacer turismo y luego cargaba los gastos como justificaciones del trabajo bien hecho. Asimismo, para justificar trabajos, copiaban los mismos de internet y los presentaban como suyos. “Algunas páginas de documentos presentados como anexos en las memorias son copia literal de artículos realizados por otras entidades y que pueden ser hallados en internet y, en algún caso, han sido facturados por un técnico independiente colaborador no asalariado de Pimec”, la patronal de la pequeña y mediana empresa, uno de los puntales de Convergència en el mundo de la empresa y una de las entidades que recibieron fondos de la diputación.

Paralelamente, también en el caso de Pimec, se presentaron “informes técnicos realizados, en su mayoría son copia-pega de gráficos, tablas y párrafos enteros de otros documentos que se pueden consultar igualmente por internet”. En 2014, la patronal que preside Josep González solicitó una subvención de 38.009,60 euros para el proyecto ‘Promoción del desarrollo socio-económico de la región de Gran Casablanca’, en Marruecos. Aunque tuvo múltiples informes denegatorios, el dinero se acabó dando. Lo curioso es que la principal facturación externa en esta subvención pertenece a la empresa marroquí Harvard Consulting y a Patricia Rodríguez Rafel, “vinculada a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, para la que trabajó”. También es la esposa de un cargo municipal de Cardedeu, municipio cercano a Barcelona. Curiosamente, el presidente de Pimec, Josep González, trasladó sus empresas a Marruecos en una estudiada operación de deslocalización de su emporio económico.

Pimec recibió también en 2014 otra subvención de 20.000 euros por un “proyecto de alianzas estratégicas internacionales en Marruecos con participación de gobiernos locales”. Como justificación, en el dosier de la Diputación de Barcelona figura que, “dado que el proyecto prevé una fuerte implicación del Departamento Internacional de Pimec para el desarrollo de este proyecto, no se recomienda la convocatoria pública mediante concurrencia competitiva y se propone la concesión directa de la subvención a Pimec”. No solo se adjudicó a dedo. Según los documentos judiciales, la subvención se habría dedicado en realidad a pagar parte de la nómina de Miriam Sabaté, directora del departamento Internacional de la patronal.

Otro proyecto de Pimec del mismo año, por un importe de 45.000 euros pero radicado en Panamá, también es sospechoso. En este participaron el municipio panameño de Cañazas, el Ayuntamiento catalán de Callús y la empresa Disseny i Sostenibilitat, propiedad de Lluís Basiana. Este empresario ya estuvo imputado en otro sonado caso de corrupción y es el marido de María Olga Sánchez, concejala de Manresa hasta mayo del año pasado.

Los investigadores de la UDEF, explican los autos judiciales, descubrieron que los resultados de la actividad en Marruecos “son poco tangibles y faltan pruebas de verificación que acrediten la realización de las actividades, tales como actas de reunión, o programa formativo, o información sobre las empresas iniciadas en Marruecos”. Además, “las actividades recogidas en la memoria final no coinciden con las planificadas inicialmente, lo cual dificulta la comprobación de la efectiva ejecución de lo subvencionado”.

Pimec recibió también en 2014 otra subvención por un “proyecto de alianzas estratégicas en Marruecos con participación de gobiernos locales”

Da la casualidad de que una de las empresas participantes en proyectos es Sestrategic i Konsektor SL, una sociedad hipersubvencionada por la Generalitat y controlada por Joaquim Ferrer Serra, que también fue director del departamento Internacional de Pimec hasta 2014 y que trabajó para el grupo parlamentario de CiU, y su esposa, Martina Valls. Esta empresa elaboró en 2012 el 'Plan director de internacionalización de Igualada' (ayuntamiento convergente) con una subvención de 21.659 euros que le concedió la Diputación de Barcelona. Otro proyecto en el que participó esta compañía fue un plan de acción regional en el Magreb por el que se embolsó 21.538 euros en 2013. Ese mismo año, Ferrer, a título personal, obtuvo 19.493 euros en un contrato menor para asesorar a la diputación en un proyecto.

Según el juez, del examen de los expedientes administrativos “se desprende un incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo”. Detalla que se presenta la factura antes de la entrega del trabajo, no se aportan memorias técnicas ni propuestas económicas y ni siquiera se aporta el trabajo encargado en el plazo establecido. “Debido a su experiencia en el ámbito político, empresarial y en la Administración pública, Ferrer tenía que conocer (basándonos en la más elemental lógica empresarial) que las peticiones de subvención carecían de fundamento y que su concesión solo podía deberse a la intervención última de Jordi Castells, quien dentro de la Diputación de Barcelona imponía su criterio frente a los inconvenientes procedimentales que presentaban los técnicos de la Administración”, explica el magistrado.

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De ese modo, en los documentos judiciales, se especifica que “existe un entramado personal entre la Diputación de Barcelona y Joaquim Ferrer; de ese entramado forman parte las fundaciones integradas en Fundación Plataforma Educativa. Todo ello relaciona a funcionarios de la Diputación de Barcelona con ciertos alcaldes y determinadas fundaciones y empresas a las que se subvenciona de manera irregular”.

Otro de los personajes clave, Joan Carles García Cañizares, con gran ascendencia en el organismo provincial, ya se vio implicado en 2002 en otro caso de corrupción conocido como caso Tordera, y fue detenido en varias ocasiones (en 2007 y dos veces en 2009) por prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. Pese a ello, fue nombrado responsable de Hacienda de la diputación.

Según la UDEF, a través del Ayuntamiento de Tordera, García Cañizares participaba en diversas entidades que, a la postre, se beneficiaron de las ayudas que la propia diputación en la que él mantenía cargos directivos otorgaba: una de ellas era la citada Fundación Plataforma Educativa. Y las actuaciones del alto cargo convergente no dejan de ser paradigmáticas: en el año 2014, Joan Carles García otorga una subvención de 47.120 euros a la Fundación Privada Utopía, donde constan como miembros del patronato el Ayuntamiento de Igualada, representado por Marc Castells (que a su vez era presidente del área de Desarrollo Económico Local de la diputación y vicepresidente segundo de la Junta de Gobierno), la provincia marroquí de Médiouna y la empresa Sestrategic i Konsektor, del mencionado Joaquim Ferrer. Todo quedaba, pues, en ‘familia’. Los técnicos elaboraron informes negativos de la subvención, pero esta se acabó dando.

La fundación privada Plataforma Educativa también presentó el ‘Proyecto Incuba Uruguay’ por importe de 35.689,92 euros. En este proyecto participaba el Ayuntamiento de Tordera, representado legalmente por, de nuevo, Joan Carles García. En esta ocasión, hubo varios informes denegatorios, pero el gerente de la diputación, Xavier Boltaina, acabó otorgando la justificación y la orden de pago.

Esta misma entidad ya había presentado en 2012 el proyecto ‘Incuba Marruecos’ por un monto de 67.391 euros. Existe un acta de reunión del 29 de octubre de 2012 de la comisión encargada de valorar las propuestas recibidas. La comisión, paradójicamente, está presidida por García, que a su vez era socio del patronato del proyecto de Plataforma Educativa, que no encontró problemas para recibir el dinero.

Según el juez, del examen de los expedientes administrativos “se desprende un incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo”

También la Fundación Privada Empresa y Clima entró en el carrusel de subvenciones, con un proyecto de gestión de residuos en Brasil en 2013 para el que pidió 67.237,20 euros. En este proyecto participaron, entre otros, el Ayuntamiento de Vacarisses y la empresa Hera Tratesa, representada por Jorge Gallego Rubio. Se da la circunstancia de que la esposa de este es Àngels Cuadrada, subdirectora general de Relaciones Laborales y Calidad de la Generalitat de Cataluña. La subvención tuvo diferentes informes negativos, pero se acabó concediendo.

En 2014, esta misma fundación solicitó 44.959,5 euros para un proyecto en la Isla de Pascua, en el que también entraban el Ayuntamiento de Sant Cugat y la empresa Nero Vital Tec, representada por Jordi Lluís Huguet Faura. Aunque el proyecto no cumplía los requisitos (no tenía la carta de compromiso original de la municipalidad de la Isla de Pascua), se acabó concediendo el 90% del importe, tras varios informes negativos.

Vinculada a esta última entidad, la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) presentó ese año otro proyecto agroalimentario en Perú por un importe de 62.869,81 euros, que contó con un informe negativo pero que se acabó concediendo. En 2013, había presentado otro proyecto en Colombia por 49.840,35 euros, en el que incluía como socia a la empresa Hera Holding, que también hacía negocios con la Fundación Empresa y Clima. En este caso, no obstante, todos los informes habían sido positivos.