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Un alto cargo de Aragonès amasó una fortuna con dinero de ayudas para el tercer mundo
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Un alto cargo de Aragonès amasó una fortuna con dinero de ayudas para el tercer mundo

Jordi Castells, exjefe de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y actual alto cargo del Govern, duplicó el saldo de sus cuentas y se compró dos casas en apenas siete años

Foto: Jordi Castells, en una imagen del Ayuntamiento de Igualada.
Jordi Castells, en una imagen del Ayuntamiento de Igualada.
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Jordi Castells, exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, un cargo adscrito al Departamento de Presidencia, acumuló un patrimonio en solo unos años de cientos de miles de euros, además de comprarse dos viviendas y manejar cuentas en 23 bancos. El dinero habría salido del presunto cobro de comisiones por la concesión irregular de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo, según un nuevo informe al que ha tenido acceso El Confidencial y que ha sido incorporado a la investigación primigenia de la que luego emanó, entre otras, la del caso Voloh.

La fortuna de Castells acaba de ser descubierta por la Guardia Civil. Se trata de uno de los principales investigados por el presunto desvío de fondos públicos, a través de la Diputación de Barcelona, hacia fundaciones próximas a Convergència. Las dos más relevantes hasta ahora eran Catmon e Igman, controladas por el exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC Víctor Terradellas y el actual diputado de JxCAT, Francesc Dalmases. Pero, en el transcurso de la investigación, el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, ha aflorado decenas de expedientes de la Diputación que afectan a otras entidades supuestamente sin ánimo de lucro.

Foto: Facturas duplicadas del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

Castells fue cesado en 2015 como responsable de Relaciones Internacionales de la Diputación, tras aparecer las primeras noticias que cuestionaban la gestión de los fondos de cooperación, pero fue fichado inmediatamente como alto cargo del Govern. Le sustituyó en la corporación provincial la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, que estuvo en el cargo hasta julio de 2018, cuando fue nombrado jefe de la Oficina del 'expresident'. Alay está en el ojo del huracán por sus contactos con agentes de inteligencia, políticos y periodistas de la órbita del Kremlin.

Según la investigación del Instituto Armado, entre finales de 2011 y finales del 2015, el saldo bancario de Castells pasó de 342.110 euros a 216.634 euros, pero ese descenso se produjo porque compró una vivienda y un 'parking' en Barcelona que le costaron 295.000 euros. Según un informe, en ese mismo periodo recibió un préstamo de su madre de 100.000 euros. Su bonanza económica siguió mejorando. “Entre finales de 2015 y de 2017, los saldos bancarios de Jordi Castells pasaron de 216.634 euros a 502.333 euros, reduciéndose drásticamente en 2018”. Es decir, en solo dos años acumuló casi 300.000 euros en efectivo.

Foto: Francesc Dalmases de Jxcat. (EFE)

El descenso de efectivo en 2018 se debió a que ese año compró otra vivienda cerca de la Sagrada Familia por 220.000 euros, sin préstamo hipotecario alguno. La Guardia Civil ha comprobado que, entre 2013 y 2016, también ingresó unos 44.000 euros en efectivo en una de sus cuentas “sin que se haya podido determinar el origen concreto de esos fondos”.

Vinculaciones con ERC

El estudio detallado de sus movimientos bancarios arrojó datos sorprendentes. Algunas de las entidades a las que concedía subvenciones públicas desde el cargo que ocupaba en la Diputación de Barcelona le realizaban ingresos periódicos de dinero. Una de las operaciones más extrañas fue el ingreso de dos pequeñas cantidades, de 1.580 y 2.000 euros, procedentes de la empresa Planning Strategies for Development, con el concepto “devolución pago erróneo Batchelli Aulinas”. Las investigaciones del Instituto Armado permitieron descubrir que Jordi Batchelli Aulinas trabajaba “para el Grupo IGFA, vinculado al partido Esquerra Republicana de Catalunya, habiendo sido miembro del pleno del Ayuntamiento de Camprodón”.

Además, Batchelli había participado en la tramitación de un contrato menor de 21.719,50 euros otorgado por la Diputación a IGFA. Esta sociedad, además, participó en otros dos expedientes en los que también intervino la Diputación para inversiones en San José de Costa Rica. “Dadas las vinculaciones de IGFA (…) no parece justificarse que Jordi Castells hubiese percibido esas dos transferencias en una cuenta de su titularidad y, menos aún, que se hiciese constar un error en el pago a una de las personas responsables, precisamente, de IGFA”.

Foto: Los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont (i) y Artur Mas. (EFE)

Los expedientes firmados con IGFA implicaban directamente al expresidente de la Diputación Salvador Esteve, también investigado en el caso Voloh desde 2018. La jueza María Carmen Suárez, que sustituyó durante el primer trimestre de 2022 al magistrado Joaquín Aguirre en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, archivó precisamente la pieza que hacía referencia a IGFA el pasado 31 de enero, a pesar de que faltaba por aportar el informe presentado ahora por la Guardia Civil. El descubrimiento de pagos en las cuentas de Castells podría obligar a reabrir las piezas sobreseídas.

Un examen más a fondo de los movimientos bancarios de Castells revela nuevas presuntas irregularidades del alto cargo del Govern de Pere Aragonès. En uno de los bancos con los que operaba recibió dos ingresos de 2.000 y 2.036 euros provenientes de un tal Javier Antonio A., cuya filiación se corresponde con el administrador de Planning Strategies for Development, otra entidad perceptora de fondos de la Diputación.

Foto: Salvador Esteve. (EFE)

La empresa Pirinalia Local Development, controlada por Jordi Castells y por su hermano Josep Maria, también recibió un ingreso en 2013 de Planning, de 2.601,50 euros. Tres días después, la empresa remitió 2.500 euros a una cuenta privada de Jordi Castells. En las observaciones de esa transferencia, se hizo constar que eran un “cobro facturas Agora Marroc, por lo que no se descarta que esos pagos tuviesen relación con algún proyecto de la Diputación de Barcelona”.

Una fundación de Honduras

Asimismo, se registraron ingresos con origen en la Fundación Bellota y Alcitrón, de nacionalidad hondureña, otra de las entidades beneficiadas con subvenciones de la Diputación. Se trataba, en concreto, de un proyecto para “el intercambio de experiencias en relación con la gestión de la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos en los municipios hondureños de Guanaja, Tela y Trujillo”.

En paralelo a la concesión de la ayuda, Bellota y Alcitrón firmó un contrato de gestión con Grupo IGFA. Los investigadores tuvieron acceso a un correo electrónico dirigido a Castells en el que un funcionario le advierte de que, “revisada la documentación, se observaban múltiples deficiencias, entre las que se encontraba que la suma del coste de las actividades era de 41.775 euros, pero que la solicitud [de subvención] lo había sido por 84.000 euros”.

En ese expediente, según la Guardia Civil, “puede existir fraude de ley en relación al porcentaje destinado a la contratación de servicios externos, que es muy elevado y porque dichos servicios externos se realizarían por empresas extranjeras sin especificar el modo de contratación”. En concreto, pensaban destinar el 70% de la subvención a contratar “servicios externos”.

"Puede existir fraude de ley en relación al porcentaje destinado a contratación de servicios externos, que es muy elevado"

Los investigadores cazaron un pago de la Fundación Bellota y Alcitrón a Castells de 1.904,44 euros. La cantidad llegó a sus cuentas después de tramitar la subvención, “sin que parezca justificado que una entidad beneficiaria hubiese realizado un pago directo a una de las personas responsables de la adjudicación de la subvención”, señala el informe, al que ha tenido acceso este diario.

A través de Pirinalia, Castells cobró también dos remesas de 5.000 euros y 3.228 euros procedentes de la entidad Cubic Estudi Tècnic, dinero que pasó luego a las cuentas particulares del ex alto cargo de la Diputación. Cubic era otra de las entidades que recibía subvenciones de la corporación provincial y, según el escrito de la Guardia Civil, "no parece estar justificado que hubiese mantenido relaciones mercantiles a través de Pirinalia Local Development con una sociedad respecto a la cual él [Jordi Castells] pudo haber intervenido en la adjudicación de contratos públicos".

Por todo ello, la Guardia Civil solicita al juzgado que se expida mandamiento a la Diputación para que aporte los contratos, subvenciones, apuntes contables o pagos que la Diputación haya realizado entre 2012 y 2016 con Planning Strategies for Development y Cubic Estudi Técnic, así como los expedientes de subvención concedidos por la Diputación.

Jordi Castells, exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, un cargo adscrito al Departamento de Presidencia, acumuló un patrimonio en solo unos años de cientos de miles de euros, además de comprarse dos viviendas y manejar cuentas en 23 bancos. El dinero habría salido del presunto cobro de comisiones por la concesión irregular de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo, según un nuevo informe al que ha tenido acceso El Confidencial y que ha sido incorporado a la investigación primigenia de la que luego emanó, entre otras, la del caso Voloh.

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