El juez acorrala al diputado de JxCAT de las facturas triplicadas y los sobrecostes del 200%

Facturas triplicadas, certificaciones falseadas, gastos desmesurados y supuestos favoritismos por parte de la Administración son algunas de las irregularidades que el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, atribuye al diputado autonómico de Junts per Catalunya (JxCAT) Franscesc Dalmases en la presunta trama corrupta de las fundaciones independentistas Igman y Catmon. Ambas entidades captaron solo en el periodo entre 2014 y 2016 un total de 1.288.081 euros en subvenciones públicas provenientes de la Diputación de Barcelona, el Departamento de Presidencia de la Generalitat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y del Ayuntamiento de Barcelona.

[Consulte aquí una de las facturas duplicadas entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat]

El juez Aguirre ha condensado los hechos en la exposición razonada que envió este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se pronuncie sobre las posibles responsabilidades penales del aforado. Se trata de uno de los más firmes apoyos de la presidenta del Parlamento, Laura Borrás, también bajo investigación. Los ocupaban, junto a Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, la que se conocía como 'war room’ o 'habitación de la guerra' del Parlament, el despacho de donde salían las iniciativas más radicales de los posconvergentes en la cámara.

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Dalmases es desde hace más de una década presidente de Igman y secretario de Catmon, además de director de las revistas 'Catalan International Wiew' ('CIV') y 'ONGC'. El magistrado señala que, “del análisis de los expedientes de subvención [que recibieron esas entidades], se observa que se utilizaron para remunerar a los cargos de Catmon e Igman (…)". "Parece que el verdadero objetivo de las subvenciones era nutrir de dinero público a Catmon e Igman, y por extensión a los miembros de su dirección, entre ellos Francesc Dalmases, pudiendo haber vulnerado en múltiples ocasiones el artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones y los artículos 332.09 y 332.10 del Código Civil de Cataluña”, relata la exposición razonada.

"Los mecanismos de concesión directa de subvenciones se convirtieron en regla cuando debieran haber sido la excepción"

El escrito detalla que el diputado de Junts percibió “remuneraciones con cargo a subvenciones que presentan irregularidades por importe de 224.081,95 euros entre 2014 y 2017”. A esa cantidad habría que sumar las percepciones de los restantes miembros de las fundaciones bajo sospecha: Ariadna Canela (secretaria de Igman) percibió en ese periodo 107.235 euros; Judit Aixalà (vocal de Catmon y presidenta de Igman), 60.970,80 euros, y el exresponsable de Relaciones Internacionales de Convergencia Víctor Terradellas (fundador de Catmon y editor de 'CIV' y 'ONGC'), 27.934,32 euros. “Los justificantes de gasto sugieren que existe una remuneración mensual de los integrantes de Catmon e Igman por trabajos que debían ser puntuales y teniendo en cuenta la prohibición de facturar a la propia entidad beneficiaria que establece la Ley General de Subvenciones, salvo autorización expresa de la Administración pública concedente”.

La exposición subraya que “se utilizaron pagos efectuados a Francesc Dalmases por importe de 55.347,95 euros para justificar gastos en distintos expedientes de distintas instituciones por importe de 124.143,72 euros”. El magistrado advierte de que “los mecanismos de concesión directa de subvenciones se convirtieron en regla cuando debieran haber sido la excepción”, conforme relataba en uno de sus informes el interventor Jordi Serra.

Gastos escandalosos

Según las diligencias, Dalmases “es directamente responsable de sobreimputar una cuantía de 284.951,61 euros en los gastos presentados por Catmon e Igman a las distintas Administraciones, constituyendo esta cantidad aproximadamente un 200% adicional sobre el coste real de las actividades realizadas”. La historia no tiene desperdicio: “La duplicidad, triplicidad y cuadriplicidad de los justificantes de gasto presentados en las distintas subvenciones es indicativo de la voluntad de los imputados de realizar semejantes acciones de justificación irregular”, señala el informe del magistrado.

Lo más llamativo es que, de un total de 1.039.648 euros de subvenciones analizados, 707.074 euros “fueron justificados con facturas emitidas en concepto de supuestos trabajos realizados por personas del entorno de ambas entidades”. Es decir, que el dinero público que supuestamente debía servir para subvencionar proyectos de cooperación y culturales terminó en los bolsillos de Dalmases y el resto de directivos de las fundaciones. El exceso de gasto se vuelve especialmente evidente en un expediente otorgado por Presidencia de la Generalitat para la publicación de la revista 'CIV': todo el gasto justificado correspondía a facturas emitidas por Francesc Dalmases y otras dos personas de su entorno.

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El escrito desvela el 'modus operandi' de los responsables de las dos fundaciones. Tanto Dalmases como Terradellas “emitieron un certificado de Catmon negando haber recibido otras subvenciones para la financiación en 2015 de la revista 'CIV'. A la vista de la investigación, ese certificado no responde a la realidad”. Pone como ejemplo el hecho de que en los años 2014 y 2015 Catmon “presentó las mismas facturas tanto a la Diputación de Barcelona como a la Generalitat de Cataluña, duplicadas, por importe de 55.728,30 euros y 49.837,81 euros respectivamente. De esas cantidades, un total de 34.956 euros correspondieron a Francesc Dalmases”. La labor social de las fundaciones, a la vista de los resultados, estaba en las cuentas corrientes del diputado.

Además, se ha detectado que tanto Catmon como Igman justificaron subvenciones utilizando gastos no acreditados, como un supuesto viaje a Sarajevo del que no se disponían las facturas necesarias, y se colaron también gastos por compras no subvencionables, como la adquisición de un ordenador Apple por importe de 2.200 euros que debería haber quedado fuera de las ayudas públicas al tratarse de un bien amortizable. Las entidades de Dalmases colaron como incluso como parte de sus proyectos sus pagos a la Seguridad Social por contratos laborales.

El escrito desvela el escandaloso 'modus operandi' de los responsables de las dos fundaciones

Trato preferencial

De las investigaciones se desprende también que Dalmases recibía un trato preferencial por parte de Jordi Castells, jefe de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Tras interceptarse varios correos electrónicos, la Guardia Civil se encontró con que “Castells estaba colaborando en subsanar los errores que presentaba la documentación que tanto Catmon como Igman habían presentado para justificar subvenciones, pero que esa subsanación, una vez realizada, sería firmada por Francesc Dalmases”.

Una trabajadora de la Diputación se percató de que la documentación para obtener subvenciones en 2015 ya había sido presentada en 2014 y advirtió a sus superiores, entre ellos Castells, pero este “le preparó la documentación a Dalmases y le dio indicaciones de cómo debía presentarla. Esta práctica, que muestra una situación desventajosa para las otras asociaciones y ONG que trabajan con la Diputación de Barcelona, parece ser habitual en los expedientes investigados, como así lo han manifestado los técnicos que trabajan en la Diputación”. Cita, para remarcar esta circunstancia, los testimonios de dos trabajadoras. Además, casi todos los expedientes contaron siempre con los informes negativos de los técnicos de la Diputación, pero, cuando el asunto llegaba al jefe, este daba luz verde. Los trabajadores llegaron a advertir oficialmente que Dalmases percibía honorarios por su trabajo y que justificaba gastos de la subvención con facturas propias, lo que era irregular. Lo que se ganaron los técnicos fueron varias broncas de su jefe por poner pegas al diputado.

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El informe al TSJC relata también que las fundaciones editan la revista 'ONGC', también dirigida por el diputado de Junts y, como 'CIV', financiada con fondos públicos. Respecto a esta publicación, sin embargo, señala la exposición del juez, “se comprobó que diversos artículos fueron copiados de Internet”. En una de las ocasiones, los fondos debían provenir de la empresa Equacat, la entidad pública que gestiona el Canal Olímpico de Castelldefels. En esa ocasión, el importe de la subvención era de 10.264,49 euros, pero el director de Equacat, Arseni da Palma, se negó a firmar dos facturas porque “consideró que eran contrataciones por importes fuera de mercado y sin que se formalizase contrato alguno”.

Las dos revistas también percibieron fondos públicos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) por importe de 23.190 euros. A través de conversaciones telefónicas interceptadas, se supo también que el director general de Deporta, Gerard Figueras, podría haber pagado “la publicación de una serie de artículos en las revistas 'CIV' y 'ONGC', pero cuyo pago se hizo a través de empresas de eventos”. Figueras “hizo todo lo posible para conceder una subvención a Catmon para desarrollar un proyecto en Bosnia aún a pesar de contar con el informe desfavorable del técnico Mariano Bordas”, dice el informe. La estrategia era que la Administración pagaba a agencias de viajes y estas daban luego el dinero a Catmon o Igman.

Figueras "hizo todo lo posible para conceder la subvención a pesar de un informe desfavorable"

Las investigaciones permitieron conocer que “la facturación de personas directamente vinculadas con Catmon e Igman es utilizada como justificante de gastos imputados a los proyectos subvencionados, como es el caso de las facturas mensuales del aforado Dalmases”. Destaca también que 15 de las subvenciones recibidas fueron otorgadas de forma directa, “que es una vía de carácter excepcional” y, además, este tipo de subvenciones se repetían año tras año, “por lo que se evitó la concurrencia pública de forma recurrente”.

El fiscal Fernando Maldonado se opuso al envío del expediente al TSJC porque considera que debería tomarse declaración "tanto a investigados como a posibles testigos. Por tanto, entendemos que la delimitación de la conducta del aforado señor Dalmases necesita de la práctica de dichas diligencias". El magistrado Aguirre, sin embargo, considera que con las pruebas que hay y las declaraciones de técnicos y trabajadores de las administraciones que han pasado por el juzgado ya hay suficientes elementos como para poder acusar al diputado.

Es el segundo expediente relacionado con un aforado que llega al alto tribunal en la recién estrenada legislatura de Cataluña. El primero fue el de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, investigada desde hace tres años por prevaricación, malversación de fondos y falsedad. Su expediente fue enviado por el Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hace poco.