Torra, Buch, Borràs, Dalmases, Terradellas... La Generalitat, cercada por los tribunales

Nuevas caras pero viejas formas. La cara oculta de la pos-Convergència vuelve a primer plano. Los últimos escándalos económicos de Cataluña vuelven a tener como protagonistas a los herederos de Jordi Pujol y de Artur Mas, ahora encuadrados en las filas de Junts per Catalunya (JxCat). Las conductas sospechosas sobre los componentes del Govern (que solo lleva año y medio en el poder) se multiplican.

Para empezar, el consejero de Interior, Miquel Buch, fue denunciado por la Fiscalía por haber contratado al agente de los Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà, que ayudó a escapar a Carles Puigdemont y que luego se convirtió en una especie de jefe de seguridad suyo: mientras cobraba como asesor de Buch, en realidad se encontraba de viaje acompañando a su amigo Puigdemont y guardándole las espaldas. Por esta razón, el Ministerio Público acusa a Buch de malversación y prevaricación. La conocida como 'Sala de la Guerra' ('War Room' rezaba el letrero que sus ocupantes colgaron en su puerta) es otro foco de presunta corrupción: en ella anidaban Quim Torra, Laura Borràs y Francesc de Dalmases. Torra ha tenido recientemente un juicio por desobediencia a los tribunales, acusación que él mismo reconoció, pero argumentando que consideraba que la orden que se le daba era ilegal.

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Laura Borràs, por su parte, también está en el epicentro de otro escándalo económico: al menos 18 contratos presuntamente fraudulentos (259.863 euros más el IVA correspondiente, lo que totaliza 314.434 euros) otorgó a su amigo Isaías Herrero durante los dos años en que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), cargo del que fue cesada tras la aplicación el 155. En los correos intervenidos por orden judicial, queda claro que Borràs daba instrucciones a su amigo para fraccionar los contratos con el fin de que cada uno no superase los 18.000 euros, ya que de lo contrario habría que convocar concurso público. El informe de la jueza Silvia López Mejía (que envió el expediente al Supremo, ya que en la actualidad Borràs es diputada y, por tanto, está aforada) recoge que la política "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago". Ya lo decía el beneficiario: "Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto. De puta madre".

Compañeros de despacho

En los correos incautados queda demostrado, según el sumario, el "fraccionamiento ilegal de los contratos mediante la falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquel (Isaías Herrero) y causando con ello un claro perjuicio al erario público". En un momento determinado, le llegó a decir que no se preocupase de nada, porque ella ya tenía reservado su dinero. De esta manera, según el informe del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, entre 2013 y 2017, Borràs, "abusando de su condición de directora de la ILC, participó material y directamente" en la adjudicación "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática" otorgados a Isaías Herrero. Por ello, se le acusa de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Según la instrucción, Borràs participó "material y directamente" en la adjudicación "arbitraria de todos los contratos" otorgados a Isaías Herrero

La Sala Penal del Supremo ya ha remitido el expediente a la Fiscalía para que sea esta quien informe sobre si existen indicios de delito y si se debe de abrir causa contra la líder de JxCAT en el Congreso.

Francesc de Dalmases, el otro compañero de despacho de la 'War Room', está también en el punto de mira de la justicia: como socio de Víctor Terradellas, se llevó millones de euros en subvenciones (tanto del Govern como de la Diputación, cuando esta estaba en manos de Convergència) a través de la Fundación CatMon. Durante años, se embolsó casi 4.000 euros como salario —proveniente de esas subvenciones— además de facturar luego por otros trabajos a la Fundación que él mismo controlaba. Un buen puñado de miles de euros anuales acababan también en sus bolsillos porque las facturas las hacía a través de una empresa de la que él es propietario o de otra cuya administradora es su pareja. Una indecente retahíla de facturas que 'blanqueaban' dinero público proveniente de la Administración y que acababa en bolsillos privados. Un negocio redondo que también están investigando los tribunales.

Para más inri, el último fleco de este episodio también salpica al Gobierno de Quim Torra: hace pocas semanas, fue detenido Gerard Figueras, secretario general de Deportes de la Generalitat por una presunta malversación, ya que su área había destinado importantísimas cantidades de dinero público a la Fundación CatMon.

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Esta circunstancia provocó un grave incidente el miércoles 27 de noviembre en la sesión de control del Parlament. Cuando el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, preguntó a Torra sobre si destituirá a Figueras, el 'president' se negó a contestar y arremetió contra el líder del partido naranja afeándole que "quieren esconder la derrota electoral con dos minutos y medio de difamaciones e infamias lamentables". La corrupción catalana vuelve a cobijarse bajo la bandera, aunque en esta ocasión sea la estelada.

Y es que Carrizosa acusó al Govern de que "más que ser una bancada de gobierno parece una rueda de reconocimiento". Porque, le recordó al 'president', dos de sus consejeros, Damià Calvet (Territorio) y Jordi Puigneró (Políticas Digitales), pasaron por el Ayuntamiento de Sant Cugat (fueron concejales hasta el año pasado), "epicentro del 3%” (la etapa del gobierno posconvergente de los últimos años está siendo investigada judicialmente). Y le recordó que la portavoz del ejecutivo y consejera de Presidencia, Meritxell Budó, "pagó viajes a Waterloo con dinero público", aunque luego lo tuvo que devolver, ante el escándalo levantado por ese hecho. En definitiva, en Cataluña se vislumbra un inquietante panorama en el que se acrecientan las sospechas de que el círculo del poder de JxCAT comienza a caer en los mismos errores que sus antecesores de Convergència.