subvencionó a entidades independentistas

Puigdemont usó dinero de ayuda al tercer mundo para apuntalar el 'procés'

La Generalitat utilizó las ayudas de cooperación al desarrollo para fortalecer los tentáculos del independentismo en su propio territorio y aumentar la proyección internacional del movimiento

Foto: Carles Puigdemont. (EFE)
Carles Puigdemont. (EFE)

La Generalitat de Cataluña ha estado utilizando las ayudas de cooperación al desarrollo para fortalecer los tentáculos del independentismo en su propio territorio y aumentar la proyección internacional del movimiento en pleno desafío al Estado. Miles de euros públicos que tendrían que haber servido para mejorar las condiciones de vida de habitantes del tercer mundo terminaron en las arcas de entidades implicadas en el 'procés', según constata el Tribunal de Cuentas en uno de sus últimos informes, centrado en la fiscalización de los servicios de acción exterior de la Generalitat. En el año del referéndum, el Ejecutivo de Carles Puigdemont elevó esta partida presupuestaria un 222%.

El Tribunal de Cuentas ha descubierto una larga de lista de irregularidades en las tripas de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), el organismo de la Generalitat encargado de repartir sus subvenciones de ayuda oficial al desarrollo (AOD). La OCDE considera que solo es AOD el dinero que se invierte en los países con necesidades, pero la legislación autonómica incluye en ese concepto las acciones o programas destinados supuestamente a aumentar la “sensibilización, educación, formación y valores” de los catalanes hacia la cooperación con esos pueblos.

El expresidente catalán Artur Mas. (EFE)
El expresidente catalán Artur Mas. (EFE)

Los ejecutivos de Artur Mas y Puigdemont habrían utilizado ese coladero para introducir, dentro de la bolsa de ayudas al desarrollo, subvenciones a programas tan poco relacionados con ese objetivo como 'Cataluña para la abolición de las armas nucleares'; 'Herramientas de fortalecimiento del tejido asociativo catalán hacia la soberanía económica y energética'; 'Promoción del turismo rural comunitario entre los actores del sistema turístico catalán'; 'Dame cine, ciberactivismo feminista por los derechos de las mujeres como defensoras de los derechos', y 'Derechos sexuales y reproductivos: fortalecer capacidades de incidencia en la agenda global 2030 y en la agenda catalana'.

Casualmente, la mayoría de estos programas fueron organizados por asociaciones y colectivos vinculados al 'procés'. El primero de ellos, 'Cataluña para la abolición de las armas nucleares', que recibió 12.000 euros, fue promovido por FundiPau, una de las fundaciones de la galaxia secesionista que promueven la desobediencia civil contra el Estado. Esta misma semana, por ejemplo, organiza en Barcelona unas jornadas sobre esas estrategias de insumisión bajo el paraguas de la nueva campaña de acciones lanzada por Òmnium, con el lema 'Ho tornarem a fer' ('Lo volveremos a hacer').

En esas mismas jornadas participan también Observatori DESC y Novact, dos de las organizaciones que más fondos han recibido también para supuesta ayuda al desarrollo y también activamente implicadas en la promoción del postulado del independentismo. Novact fue una de las entidades que acusaron al Estado de vulnerar “derechos civiles y políticos” de los catalanes con su actuación en el 1-O, y ha formado parte de un supuesto grupo de supervisión internacional, formado en realidad por entidades catalanas, para vigilar el desarrollo del juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'. Solo en 2017 recibió de la Generalitat tres subvenciones de ayuda al desarrollo que suman más de 300.000 euros (la más cuantiosa, para proyectos en Oriente Medio). Fundipau se llevó otros 55.000 euros y Observatori DESC, 27.000 por un programa titulado 'Instituir derechos económicos, sociales y culturales de forma efectiva; balance y perspectivas de la constitucionalización de derechos económicos, sociales y culturales'.

Página principal del Novact.
Página principal del Novact.

El Tribunal de Cuentas denuncia que no hay ninguna evidencia de que los programas financiados encajen en los objetivos que fija supuestamente el Plan Director de Cooperación al Desarrollo vigente y que, en cualquier caso, el destino de los fondos apenas es fiscalizado por la Generalitat. La normativa permite a la ACCD conceder anticipos del 100% de la ayuda y su control posterior del dinero es muy deficitario. Asimismo, el órgano de vigilancia contable denuncia que la normativa catalana restringe el acceso a estas subvenciones de los colectivos que tienen su sede en la comunidad y que, además, tienen en su territorio órganos directivos con una capacidad de decisión real, una discriminación diseñada por el Govern para asegurarse su capacidad de influencia en estas asociaciones.

La ACCD tramitó en 2014 subvenciones por un importe total de 3,9 millones de euros. En 2015, la cantidad de las ayudas subió a 5,4 millones, y un año después bajó ligeramente a 4,1. La mayor variación se produce en 2017, en pleno órdago del Ejecutivo independentista de Puigdemont al Estado. El Govern de Junts pel Sí acordó elevar esa partida hasta los 13,3 millones de euros, un 222% más que en el ejercicio anterior.

Parte del dinero del año del 1-O ni siquiera terminó en las arcas de entidades relacionadas con la cooperación. Como ejemplo, la ACCD concedió en 2017, en virtud de un convenio de colaboración, la cantidad de 20.000 euros a Diplocat, el ente público de la Generalitat encargado de canalizar la acción exterior del Govern y gestionar su vasta red de embajadas, la mayoría situadas en los barrios más exclusivos de las principales capitales del mundo. Una vez en Diplocat, los 20.000 euros fueron incluidos a su vez en otra subvención de 165.000 euros concedida por ese ente diplomático a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas, más conocida por sus siglas, Focir, y que también ha jugado un papel clave en la difusión en el extranjero del mensaje independentista.

Mónica Sabata, presidenta de Focir.
Mónica Sabata, presidenta de Focir.

La propia Generalitat admitió que ese convenio, al igual que el incremento de la partida de cooperación en un 222%, tenía como objetivo impulsar las ayudas para la proyección internacional de Cataluña en 2017. Como su nombre indica, la Focir agrupa a cualquier entidad catalana que haya conseguido poner un pie en el organismo internacional que represente a ese sector, desde la Federación de Radioaficionados de Cataluña a la Federación de Entidades Excursionistas, pasando por la Federación Catalana de Baile Deportivo y la Federación de Pitch & Putt, una modalidad de golf. Todo suma para el 'procés'. Tras la intervención de Diplocat con el 155, la Focir asumió su papel. No solo recibe dinero del órgano exterior del Govern. La Generalitat, la Diputación de Barcelona y el ayuntamiento de la Ciudad Condal le conceden anualmente ayudas y también ha logrado acceder a una línea de subvenciones del Fondo Social Europeo de la Unión Europea.

Tampoco es casualidad que la Focir esté presidida por Mónica Sabata, una histórica del independentismo que fue una de las principales promotoras de la Plataforma por el Derecho a Decidir, una entidad surgida en 2005 al socaire de la defensa del Estatuto de Cataluña que contribuyó a extender el concepto de autodeterminación y se puede considerar precursora de la Asamblea Nacional Catalana, fundada en 2012. Al menos 20.000 euros destinados originalmente a la cooperación con países al desarrollo terminaron en 2017 en las manos de Sabata.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona mantiene abierta una investigación sobre una presunta trama de malversación en subvenciones al tercer mundo ideada por cargos de Convergència para desviar fondos al 'procés'. Las pesquisas se saldaron en mayo del pasado año con la llamada operación Estela, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que se centró en las ayudas concedidas por la Diputación de Barcelona, con su propia partida presupuestaria para cooperación. Más de una treintena de dirigentes públicos y directivos de asociaciones están imputados.

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